El pasado viernes 7 de
junio el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, se manifestaba en
contra de la renta básica universal en sentido estricto. Ese mismo día me
encontraba impartiendo una ponencia sobre la Renta Básica Universal en Ceuta,
ciudad del norte de África con un tránsito transfronterizo importante tanto de
personas como de mercancías entre Europa y África. En la actualidad plantearse
la implantación de una renta básica universal parece una idea descabellada,
pero si atendemos a varios condicionantes como, por ejemplo, la movilidad
internacional de las personas, los índices de pobreza incluso en un número
creciente de trabajadores en activo, o el auge de la Industria 4.0 y de la
robótica, el planteamiento puede ser distinto de cara a un inminente futuro
incierto en el mundo del trabajo.
En el seno de la Unión
Europea se encuentra recogido uno de los principios que componen el Pilar
Europeo de los derechos sociales, por el que se reconoce a toda persona que
carezca de recursos suficientes el derecho a unas prestaciones de renta mínima
adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la
vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. En este sentido,
podemos decir que la renta mínima está implantada en países de la Unión
Europea, y en España en el ámbito de las comunidades autónomas. Al respecto, el
10 de junio pasado la Mesa de la Cámara del Parlamento ha calificado para su
debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que hace más de dos años
presentaron los sindicatos UGT y CCOO sobre el restablecimiento de una renta
básica 1 de 430 euros para las personas que carecen de los recursos mínimos que
les permitan vivir con dignidad.
No obstante, para su
aplicación debemos esperar el orden de prioridades legislativas que el nuevo
ejecutivo decida. Lo importante de esta iniciativa es que hace hincapié en la
necesidad de los poderes públicos hagan algo para corregir los desequilibrios
que se están produciendo en el mundo laboral con la entrada de la Industria 4.0
y de la nueva economía de las plataformas, entre otros motivos.
Pero ante el incremento
del fenómeno de los “trabajadores pobres” nos preguntamos ¿es suficiente el
establecimiento de una renta mínima para personas que carecen de los recursos
mínimos para paliar los efectos de la globalización y el impacto de las nuevas
tecnologías en el mercado de trabajo? ¿Cuál es la realidad de la actual
sociedad digital?
El VIII informe sobre Exclusión y desarrollo social en España 2019
realizado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada) indica que 4’1 millones de personas viven en exclusión social severa,
es decir, no reúnen recursos suficientes para poder acceder a una vivienda
segura, y además sufren un desempleo persistente. En España hay más de 8’5
millones de personas excluidas (lo que supone el 18’4% del total de la
población), un porcentaje 1’2% superior al de antes de la crisis económica y
financiera de 2008.
En materia de empleo,
España tiene el doble de empleos precarios que el resto de Europa, por lo que
la precariedad laboral es una realidad en alza. El informe afirma que la
precariedad laboral se ha convertido en una forma de vida estructural en
nuestra sociedad. El 14% de las personas que trabajan están en exclusión
social, uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días, el
15’1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (hogares en los que la
persona principal ha pasado por 5 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha
estado 3 o más meses en desempleo durante el último año). Igualmente, el
informe sostiene que 1 de cada 4 personas activas del conjunto de la población
se encuentra en situación de exclusión del empleo, y el 20% de las personas en
hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación
ocupacional en el último año. En definitiva, “una característica que nos
diferencia de otros países de nuestro entorno y de un tamaño y desarrollo
similar es que en la exclusión social en España van de la mano la mezcla de
baja calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37% de los
excluidos del empleo lo están también de la vivienda” (VIII Informe FOESSA).
En España se han
gastado cerca de 6.500 millones de euros en políticas de empleo, que
fundamentalmente se destinan a incentivos a la contratación (40%), formación
(25%), otros como creación de empleo público o apoyo al emprendimiento (20%), y
el 15% restante a orientación, según un informe de la Evaluación del Gasto
Público sobre el Programa de Políticas Activas de Empleo (PAE) publicado el 12
de junio de este año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIRF). Este elevado gasto en PAE no es eficaz, máxime cuando las ayudas para
parados de larga duración no mejoran la probabilidad de encontrar empleo. Así,
por ejemplo, el programa PREPARA (que incluyó a más de 850.000 personas entre
2012 y 2017 con un coste de cerca de 1.500 millones) no mejora la probabilidad
de incorporarse al mercado laboral sino que, por el contrario, generalmente
funciona como desincentivo en los seis meses que dura la prestación.
Por otro lado, el
trabajo autónomo crece cada vez más, como también el número de falsos
autónomos, entre 90.000 y 100.000 calcula la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA). La Industria 4.0 y la incorporación de la robótica y la
inteligencia artificial están originando la desaparición de trabajos aunque
también está generando otros nuevos. Así, unos de los sectores que está
experimentando estos cambios con mayor visibilidad es el de la banca, debido
principalmente a la entrada de la banca digital y de las big techs. Actualmente se están negociando importantes expedientes
de regulación de empleo en dos grandes bancos: Santander (unos 4.000 empleados
con el 80% del sueldo) y Caixabank (2.203 con el 57% de su sueldo). Desde el
inicio de la crisis en el año 2008 los ajustes de plantilla llevados a cabo por
estos dos grandes de la banca superan los 90.000 empleados (Fuente: La
Información, 15 de mayo de 2019).
Por otra parte, las
ganancias de las empresas multinacionales se multiplican y muchas de ellas
llegan a alcanzar la “categoría” de empresas titanes, es decir, aquellas que
consiguen un valor superior a 42.000 millones de euros, como por ejemplo Spotify, Zalando, Yandex, Delivery Hero o
Just Eat.
Sin duda alguna, ésta
es la realidad que nos lleva a plantearnos el debate sobre la necesidad de la
implantación de una renta básica universal. Quizás pueda parecer algo
precipitado plantear su implantación, puesto que en la mayoría de las
comunidades autónomas se están implantando rentas mínimas para las personas que
carecen de recursos suficientes, pero ¿basta esto para reducir los índices de
pobreza y desigualdad? En este sentido, son varios los países que, de alguna
manera y con mayor o menor acierto, han regulado su aplicación como Alaska,
Brasil, Canadá, Finlandia, Otjivero (Namibia), teniendo en cuenta que la noción
de la renta básica universal debe partir de que estamos ante un Derecho del
ciudadano puesto que “no se trata de una concesión del Estado Social” sino de
que “la fuente del derecho es la ciudadanía, con lo que este derecho alcanza
una mayor protección jurídica que si se tratara de un simple derecho social”
(Soriano). Es decir, es un derecho que no tiene ningún condicionante como la
edad, el sexo y/o la riqueza o nivel de vida. No obstante, se plantea que su
implantación debe ser gradual y progresiva, dadas las distintas posturas
enfrentadas (Carrizosa).
Es un dato constatado
que su implantación no constituiría una causa para el incremento de la población
inmigrada, porque el argumento de que las prestaciones sociales constituyen uno
de los principales incentivos de la inmigración no parece suficiente
(Boso/Vancea). En cuanto a su financiación, existen diversas posturas según
estemos ante economistas que se muestran a favor o en contra (Véase, por
ejemplo, la Red Renta Básica o las posturas en contra por parte de Rallo).
Por otro lado, podemos
mantener que “el movimiento de derechos humanos debe hacer frente y dar
respuesta a los cambios fundamentales que se están produciendo en las
estructuras económicas y sociales en los planos nacional y mundial. En este
contexto, una de las propuestas más dinámicas consiste en sustituir o
complementar los sistemas de protección social con una renta básica universal”
(Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos,
ONU 2017).
Lo cierto es que esta
solución a la realidad existente nos puede parecer utópica, pero debemos tener
presente que “las soluciones utópicas son la única solución en este momento, ya
que retocar los bordes del sistema actual ha demostrado no funcionar” (Philip
Alston).
En definitiva, si
retomamos la pregunta de este breve comentario entiendo que la renta básica
universal es una necesidad que debemos atender para iniciar el debate sobre la
posibilidad de su implantación en un futuro convulso. Pero esto es algo que hay
que desarrollar con más detalle, lo que pretendemos hacer en una publicación
que esperamos vea la luz antes de finales de 2019.
*Publicado en Noticias Cielo núm. 6/2019
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2019/04/sierra_noticias_cielo_n4_2019.pdf