Estos principios y derechos deben acompañar a las personas de la UE en su vida cotidiana: conectividad digital asequible y de alta velocidad en todas partes y para todos, aulas bien equipadas y profesores con competencias digitales, acceso ininterrumpido a los servicios públicos, un entorno digital seguro para los niños, desconexión después del horario laboral, obtención de información de fácil comprensión sobre el impacto medioambiental de nuestros productos digitales, control sobre la manera en que se utilizan sus datos personales y con quién se comparten.
El Blog del Derecho del trabajo, del teletrabajo y del trabajo remoto. Y de todos los que queremos aprender...
jueves, 27 de enero de 2022
Declaración de principios y derechos digitales para todos en la UE
lunes, 13 de diciembre de 2021
Propuestas de la Comisión para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas digitales (9 dic 2021)
La Comisión Europea propone hoy un conjunto de medidas para mejorar las condiciones laborales en las plataformas digitales y contribuir al crecimiento sostenible de dichas plataformas en la Unión.
Las nuevas normas garantizarán que las personas que trabajan a través de plataformas digitales puedan disfrutar de los derechos laborales y las prestaciones sociales a los que tienen derecho. Estas personas también se beneficiarán de protección adicional con respecto al uso de la gestión algorítmica (es decir, sistemas automatizados que ayudan o sustituyen a las funciones de gestión en el trabajo). Un conjunto común de normas de la Unión proporcionará mayor seguridad jurídica, permitiendo así que las plataformas digitales se beneficien plenamente del potencial económico del mercado único y de unas condiciones de competencia equitativas.
En el marco del paquete de medidas propuesto hoy, la Comisión presenta:
Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en las plataformas digitales
La Directiva propuesta pretende garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca la situación laboral que corresponde a su modalidad de trabajo real. Proporciona una lista de criterios de control para determinar si la plataforma es un «empleador». Si la plataforma cumple al menos dos de esos criterios, se presume, desde un punto de vista jurídico, que es un empleador. Por tanto, las personas que trabajan a través de la plataforma en cuestión disfrutarían de los derechos laborales y sociales que conlleva la condición de «trabajador». Para quienes son reclasificados como trabajadores, esto significa que tienen derecho a percibir un salario mínimo (cuando exista), a la negociación colectiva, a la regulación de la jornada laboral y a la protección de la salud, así como derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas o de un mejor acceso a la protección en caso de accidente de trabajo, a las prestaciones por desempleo y enfermedad y a las pensiones contributivas de jubilación. Las plataformas tendrán derecho a impugnar o «refutar» esta clasificación, pero deberán demostrar que no existe una relación laboral. Los claros criterios que propone la Comisión aportarán más seguridad jurídica a las plataformas, reducirán las costas procesales y facilitarán la planificación empresarial.
La Directiva aumenta la transparencia en el uso de algoritmos por parte de las plataformas digitales, garantiza un seguimiento humano del respeto de las condiciones laborales y da derecho a impugnar las decisiones automatizadas. Estos nuevos derechos se concederán tanto a los trabajadores como a los verdaderos autónomos.
Las autoridades nacionales a menudo tienen dificultades para acceder a los datos sobre las plataformas y a las personas que trabajan a través de ellas. Esto resulta aún más difícil cuando las plataformas operan en varios Estados miembros, de manera que no queda claro dónde se realiza el trabajo ni quién lo realiza.
La propuesta de la Comisión aumentará la transparencia en torno a las plataformas, al aclarar las obligaciones vigentes de declarar el trabajo a las autoridades nacionales y pedir a las plataformas que pongan a disposición de estas información clave sobre sus actividades y sobre las personas que trabajan a través de ellas.
La Comisión, en su Comunicación titulada «Mejores condiciones de trabajo para una Europa social más fuerte: aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro del trabajo», hace un llamamiento a los Estados miembros, a los interlocutores sociales y a todas las partes interesadas pertinentes para que presenten medidas concretas con el fin de mejorar las condiciones laborales en las plataformas digitales. El objetivo es aprovechar las ventajas de la transformación digital y proteger la economía social de mercado europea. La Unión también quiere predicar con el ejemplo y contribuir a las futuras normas mundiales para el trabajo en plataformas digitales de calidad. Las plataformas operan de forma transfronteriza, lo que justifica un enfoque normativo transfronterizo.
Proyecto de Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión
La Comisión también pone en marcha hoy una consulta pública acerca del proyecto de Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión a los convenios colectivos de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados, es decir, las personas que trabajan totalmente solas y no emplean a nadie. Este proyecto de Directrices pretende aportar seguridad jurídica y garantizar que el Derecho de la competencia de la Unión no obstaculice los esfuerzos que realizan determinadas personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados por mejorar de manera colectiva sus condiciones de trabajo, incluida la remuneración, cuando se encuentran en situación de relativa debilidad; por ejemplo, cuando su poder de negociación está muy descompensado. El proyecto de Directrices abarca tanto las situaciones en línea como fuera de línea.
(...)
Próximas etapas
La propuesta de Directiva presentada por la Comisión, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, será ahora objeto de debate entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Una vez que dicha Directiva haya sido adoptada, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico nacional.
El proyecto de Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión se someterá a una consulta pública de ocho semanas de duración para recabar las opiniones de las partes interesadas, tras lo cual dichas Directrices serán adoptadas por la Comisión. Estas Directrices serán vinculantes para la Comisión en su posterior interpretación y ejecución de las normas en materia de competencia de la Unión.
Contexto
La economía de plataformas está creciendo rápidamente. Hoy en día, más de 28 millones de personas en la Unión trabajan a través de plataformas digitales. En 2025, se espera que esta cifra alcance los 43 millones. La gran mayoría de estas personas son verdaderos autónomos. Sin embargo, se calcula que 5,5 millones de personas están clasificadas incorrectamente como autónomos. Entre 2016 y 2020, los ingresos en la economía de plataformas se multiplicaron prácticamente por 5, pasando de unos 3 000 millones de euros a unos 14 000.
Las plataformas digitales crean oportunidades tanto para las empresas como para los trabajadores y las personas que trabajan por cuenta propia, y mejoran el acceso a los servicios para los consumidores. Sin embargo, las nuevas formas de trabajo también plantean nuevos retos. Cada vez resulta más difícil clasificar correctamente a las personas con respecto a su situación laboral, lo que en algunos casos da lugar a unos derechos laborales y una protección social inadecuados. Además, el uso de algoritmos en las plataformas digitales puede suscitar dudas en materia de responsabilidad y transparencia.
En sus orientaciones políticas, la presidenta Von der Leyen hizo hincapié en que «la transformación digital introduce cambios rápidos que afectan a nuestros mercados laborales», y se comprometió a estudiar «la forma de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas». En el programa de trabajo de la Comisión para 2021 se anunció una iniciativa legislativa para mejorar las condiciones laborales en las plataformas digitales para finales de 2021, tras una consulta en dos fases dirigida a los interlocutores sociales. La propuesta en cuestión es una de las iniciativas clave del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
De conformidad con el artículo 154, apartado 2, del TFUE, la Comisión llevó a cabo una consulta en dos fases dirigida a los interlocutores sociales europeos. La primera fase de consulta tuvo lugar entre el 24 de febrero y el 7 de abril de 2021. La segunda fase de consulta se inició el 15 de junio y finalizó el 15 de septiembre de 2021. Además, la Comisión mantuvo intercambios con muchas partes interesadas para fundamentar esta iniciativa, lo que incluyó reuniones específicas con empresas de plataformas, asociaciones de trabajadores de plataformas, sindicatos, representantes de los Estados miembros, expertos del mundo académico y de organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. Los resultados del proceso de consulta figuran en el anexo de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Directiva.
lunes, 22 de noviembre de 2021
Teletrabajo e inteligencia artificial en latinoamérica y en la unión europea
En el siguiente enlace pueden visualizar la entrada en el Blog Transforma e-WORK de la Universidad de Jaén.
En esta ocasión realizo una valoración sobre "Inteligencia artificial y teletrabajo en Latinoamérica y en la Union Europea". Un tema que es tratado por los investigadores y profesionales de ambos lados del Atlántico. Sin duda alguna el mundo atraviesa una transformación hacía la Economia 4.0 imparable y, en la actualidad, conviven dos formas de prestación de servicios. el trabajo de la era industrial (garantista y "en crisis") y el trabajo digital (flexible y con garantías muy debiles que contribuyan al sostenimiento del sistema del bienestar).
Pinchando aquí tienen unos mínutos para la reflexión y el estudio de algo que nos afecta y que viene acompaña de muchas carencias en el plano subjetivo: ética personal.
EMSB
sábado, 5 de junio de 2021
#TJUE El principio de igualdad de retribución (3 de junio 2021) /discriminación directa (STJUE 13/10/2022)
#TJUE Empleo público. Temporalidad. Últimos pronunciamientos (3 de junio 2021) Actualizado a 30 de junio de 2021 (STS 28 de junio de 2021)
En esta entrada reproducimos las últimas novedades del TJUE publicadas en el Diario del Derecho (Iustel) y este video explicando con claridad este pronunciamiento por parte de Fabian Valero (Zeres Abogados). Más abajo incluimos la publicación en Confilegal de la entrevista al abogado D. Javier Arauz. (incluye el Auto del Tribunal de Justicia de 2 de junio 2021).
El TJUE ve ilegal que España permita ligar temporalidades en el sector público a la espera de convocatorias sin plazo.
El TJUE falla que el acuerdo de duración determinada no se aplica cuando se deniega la excedencia a un funcionario
ESPAÑA:
La duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica
domingo, 9 de mayo de 2021
#UE. Declaración de Oporto, 8 de mayo 2021
- una conferencia de alto nivel con los interlocutores sociales,
- una reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE.
El objetivo general es establecer el programa europeo de política social para la próxima década y garantizar que nos enfrentemos a los retos presentes y futuros sin dejar a nadie atrás. En la conferencia de alto nivel, los Estados miembros, las instituciones europeas, los interlocutores sociales y la sociedad civil se reúnen para reforzar su compromiso con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
(https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/05/07/social-summit/)
7- Se acoge con satisfacción, como un éxito más del diálogo social europeo, que los interlocutores sociales europeos hayan hecho una propuesta conjunta relativa a una serie alternativa de indicadores con los que medir los avances económicos, sociales y medioambientales, que complemente el PIB como medida de bienestar para un crecimiento inclusivo y sostenible.
En este sentido, hay que tener en cuenta el contexto en que se desarrolla la Cumbre Social de Oporto:
La UE proclamó el pilar europeo de derechos sociales en 2017. El pilar establece veinte principios clave para guiarnos hacia una Europa social fuerte que sea justa, integradora y plena de oportunidades en el siglo XXI.
En marzo de 2021, la Comisión Europea presentó un plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. El plan de acción propone una serie de iniciativas y fija tres objetivos principales que deben alcanzarse en toda Europa de aquí a 2030:
- una tasa de empleo de al menos el 78 % en la Unión Europea;
- que cada año al menos el 60 % de los adultos asistan a cursos de formación;
- reducir el número de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza en al menos quince millones de personas, entre ellas cinco millones de niños.
La Declaración detallada la pueden visualizar pinchando aqui:
Estaremos pendientes de los progresos de esta Declaración y, en especial, del plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales
viernes, 7 de mayo de 2021
#UE Transformación digital en la UE Beneficios para las personas, la economía y el medioambiente
Interesante enlace sobre la transformación digital en la UE .Beneficios para las personas, la economía y el medioambiente.
Una realidad con la que tenemos que convivir ¿Estamos preparados?
lunes, 3 de mayo de 2021
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en materias (...) desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores
«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2021, páginas 49749 a 49924 (176 págs.)
(Extracto de la norma)
"El Título VI, que comprende los artículos indécimo a decimocuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposicion de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifiva la Directiab 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020.
La nueva Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, responde a la necesidad de garantizar que la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, más de 20 años después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y garantizar condiciones de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de las personas trabajadoras desplazadas, por otro.
Tal y como se comunicó a la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre de 2020, esta directiva se encuentra transpuesta parcialmente a la legislación española a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Dicha ley ya cumple con las disposiciones de la directiva relativas a la aplicación a los trabajadores desplazados de todos los elementos constitutivos de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de trabajo previstas en los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida (en este caso, España) en todos los sectores, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración y otras condiciones esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los trabajadores de las usuarias españolas.
No obstante, con el fin de completar la transposición de la Directiva, este real decreto-ley debe adaptar en lo que resulte necesario la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, así como otras normas de rango legal como la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por tanto, se hace necesario revisar la legislación española para incluir, entre otras, las siguientes medidas obligadas por la directiva:
La aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).
La regulación de las consecuencias del desplazamiento llamado informalmente «en cadena» de personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal a empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro de la Unión Europea («UE») o del Espacio Económico Europeo («EEE») para realizar un trabajo temporal en España.
La ampliación de las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para las personas trabajadoras que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su estancia en España.
La exigencia de transparencia en cuanto a la naturaleza salarial o extrasalarial del complemento que se abone por el desplazamiento, de manera que, a falta de esta, se presume que tiene naturaleza extrasalarial, impidiendo que sea descontado de la remuneración prevista en la legislación española.
La mejora de la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos.
La tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales.
Respecto del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, concurre la situación de urgencia por las razones que se indican a continuación.
En primer lugar, porque el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, expiró el 30 de julio de 2020, lo que provocó la apertura por la Comisión Europea, en octubre de 2020, de un procedimiento de infracción. Tras la comunicación a la Comisión Europea de la transposición parcial de la directiva, la falta de incorporación al Derecho español de las cuestiones pendientes, previsiblemente, va a dar lugar a la continuación del procedimiento de infracción, lo que puede derivar en la imposición de sanciones económicas.
Pero además, existen razones materiales derivadas de la necesidad de evitar la competencia desleal y el dumping social respecto a empresas y trabajadores españoles, así como de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores desplazados a España, en particular, en sectores especialmente afectados por la transmisión del COVID-19 como el agroalimentario, lo que requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
Tal y como ha puesto de manifiesto tanto el Parlamento Europeo (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis del COVID-19) como la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia del COVID-19» (2020/C 235 I/01), publicadas el 17 de julio de 2020), dada la naturaleza temporal y las particulares circunstancias en las que trabajan los trabajadores transfronterizos y temporeros -en los que se incluyen los trabajadores desplazados cuando son desplazados de un Estado miembro del EEE a otro, pueden ser más vulnerables a sufrir condiciones de trabajo y de vida precarias. La pandemia del COVID-19 ha hecho más visibles esas condiciones, y, en algunos casos, las ha agravado. Además, ha demostrado que en ocasiones esos problemas pueden dan lugar a una mayor propagación de las enfermedades infecciosas y aumentar el riesgo de grupos de brotes de COVID-19. Por ello, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que garanticen un alojamiento de calidad para los trabajadores fronterizos y temporeros, desvinculado de su remuneración y que transpongan la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores de manera correcta, oportuna y ambiciosa".
lunes, 15 de marzo de 2021
UE. Tiempo de Trabajo.
Tiempo de trabajo y formación (STJUE 28 de octubre de 2021, asunto C-909/19 BX y Unitatea Administrativ Teritorială D.)
El periodo durante el cual un trabajador realiza una formación profesional impuesta por su empresa y desarrollada fuera de su lugar habitual de trabajo, constituye “tiempo de trabajo”.
El litigio principal versa sobre la retribución a la que un trabajador afirma tener derecho por los periodos de formación profesional (fuera del horario laboral) que ha tuvo que completar siguiendo las expresas instrucciones de su empresario (en los locales de la empresa de formación).
Tribunal: el art. 2.1 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el período durante el cual un trabajador cursa una formación profesional que le impone su empresario y que se desarrolla fuera de su lugar habitual de trabajo, en los locales del proveedor de los servicios de formación, y durante el cual no ejerce sus funciones habituales constituye «tiempo de trabajo».
Fuente: Economist Jurist, 22 nov. 2022
-Sentencias en los asuntos C-344/19 D.J./Radiotelevizija Slovenija y C-580/19 RJ/Stadt Offenbach am Main (9 de marzo 2021)
Un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial solo constituye, en su totalidad, tiempo de trabajo cuando las limitaciones impuestas al trabajador afectan de manera considerable a su capacidad para administrar su tiempo libre durante ese período SSTJUE 9 de marzo de 2021, asunto C-580/19 y de la misma fecha, asunto C-344/19
TJUE-COMUNICADO DE PRENSA n° 35/21 Luxemburgo, 9 de marzo de 2021
Las dificultades organizativas que un período de guardia pueda causar al trabajador y que son consecuencia de elementos naturales o de la libre elección de este carecen de pertinencia.
Dos importantes sentencias del TJUE en materia de tiempo de trabajo que se suman a las SSTJCE 3 de octubre de 2000, asunt SIMAP, 9 de septiembre 2003, asunto Jaeger, 5 de octubre de 2004, asunto Pfeiffer, 1 de diciembre de 2005, asunto Dellas: los servicios de guardia que realizael trabajador en régmen de presencia física en el centro de trabajo deben considerarse tiempo de trabajo en su totalidad en el sentido de la Directiva 2003.
En la STJUE de 21 de febrero de 2018, asunto Matzak: La obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve (8 minutos) limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades. El tiempo de guardia domiciliaria de un trabajador que debe responder a las llamadas del empresario en un plazo de tiempo breve debe considerarse «tiempo de trabajo»
lunes, 1 de marzo de 2021
JORNADA: "“La protección social y coordinación de sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea e Iberoamérica: Los desafíos del Brexit y el Pilar Europeo de Derechos Sociales”, Cádiz 28 Junio de 2021
GRABACIÓN DEL EVENTO. PINCHAR AQUÍ
lunes, 31 de agosto de 2020
WEBINAR "LA IMPLANTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN ESPAÑA. INCIDENCIA EN EL BREXIT Y EN LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL (UE/IBEROAMÉRICA)".
17 de septiembre 2020 a las 18 horas
Seminario On-line (Plataforma Blackboard Collaborate)
Tiempo máximo: 90 minutos
Presentan y moderan: Cristina Sánchez-Rodas Navarro, Esperanza Macarena Sierra Benítez (Universidad de Sevilla)
Participantes:
Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado (Universidad de Barcelona)
Francisco Javier Fernández Orrico (Universidad Miguel Hernández)
Fernando Moreno de Vega y Lomo (Universidad de Salamanca)
Guillermo Rodríguez Iniesta (Universidad de Murcia)
Thais Guerrero Padrón (Universidad de Cádiz) Cristina Sánchez-Rodas Navarro (Universidad de Sevilla)
PANELES
Se abordarán los aspectos más significativos de los siguientes contenidos:
PONENTE 1 (FERNANDO MORENO DE VEGA Y LOMO) -Nacimiento, duración, suspensión y extinción de la prestación (arts. 11, 12.1, 14 y 15 RD)
PONENTE 2 (GUILLERMO RODRÍGUEZ INIESTA) -Capítulos IV, V, VI: Procedimiento (arts. 21-26), Cooperación entre las administraciones públicas (27- 31), Régimen de financiación (art. 32)
PONENTE 3 (PEPA BURRIEL) -Capítulos VII, VIII y IX: Régimen de obligaciones (art. 33), Infracciones y sanciones (arts 34- 36), Régimen de control financiero de la prestación (arts. 37)
PONENTE 4 (FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ORRICO) -Disposición adicional primera. Colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad. Disposición adicional segunda. Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Disposición adicional tercera. Crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el ejercicio 2020. Disposición adicional cuarta. Fórmulas de gestión. Disposición adicional quinta. Aplicación en los territorios forales.
PONENTE 5 (THAIS GUERRERO PADRÓN) El ingreso mínimo vital y el Brexit
PONENTE 6 (CRISTINA SÁNCHEZ RODAS NAVARRO) La (in)aplicación del Reglamento 883/2004 y del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social al IMV.
Organiza: Proyecto Plan Estatal 2017-2020 Redes de Investigación “La protección social y la coordinación de sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea e Iberoamérica: los desafíos del Brexit y el pilar Europeo de Derechos Sociales”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Universidad de Sevilla
Colaboran: Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO) y AMLA
El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)
I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...
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A finales del siglo XX, la sociedad experimenta a nivel mundial una profunda crisis económica y de revolución de las telecomunicaciones...
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DECRETO 44/2025, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA EL TELETRABAJO COMO MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SE PREVÉ LA INTRODUCCIÓN DE ...
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El juzgado Mercantil 2 de Barcelona desestima la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo por competencia desleal: La sentencia consid...