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lunes, 3 de mayo de 2021

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en materias (...) desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores

«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2021, páginas 49749 a 49924 (176 págs.)

(Extracto de la norma)


VII
"

"El Título VI, que comprende los artículos indécimo a decimocuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposicion de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifiva la Directiab 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020.

La nueva Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, responde a la necesidad de garantizar que la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, más de 20 años después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y garantizar condiciones de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de las personas trabajadoras desplazadas, por otro.

Tal y como se comunicó a la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre de 2020, esta directiva se encuentra transpuesta parcialmente a la legislación española a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Dicha ley ya cumple con las disposiciones de la directiva relativas a la aplicación a los trabajadores desplazados de todos los elementos constitutivos de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de trabajo previstas en los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida (en este caso, España) en todos los sectores, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración y otras condiciones esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los trabajadores de las usuarias españolas.

No obstante, con el fin de completar la transposición de la Directiva, este real decreto-ley debe adaptar en lo que resulte necesario la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, así como otras normas de rango legal como la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, se hace necesario revisar la legislación española para incluir, entre otras, las siguientes medidas obligadas por la directiva:

La aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).

La regulación de las consecuencias del desplazamiento llamado informalmente «en cadena» de personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal a empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro de la Unión Europea («UE») o del Espacio Económico Europeo («EEE») para realizar un trabajo temporal en España.

La ampliación de las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para las personas trabajadoras que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su estancia en España.

La exigencia de transparencia en cuanto a la naturaleza salarial o extrasalarial del complemento que se abone por el desplazamiento, de manera que, a falta de esta, se presume que tiene naturaleza extrasalarial, impidiendo que sea descontado de la remuneración prevista en la legislación española.

La mejora de la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos.

La tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales.

Respecto del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, concurre la situación de urgencia por las razones que se indican a continuación.

En primer lugar, porque el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, expiró el 30 de julio de 2020, lo que provocó la apertura por la Comisión Europea, en octubre de 2020, de un procedimiento de infracción. Tras la comunicación a la Comisión Europea de la transposición parcial de la directiva, la falta de incorporación al Derecho español de las cuestiones pendientes, previsiblemente, va a dar lugar a la continuación del procedimiento de infracción, lo que puede derivar en la imposición de sanciones económicas.

Pero además, existen razones materiales derivadas de la necesidad de evitar la competencia desleal y el dumping social respecto a empresas y trabajadores españoles, así como de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores desplazados a España, en particular, en sectores especialmente afectados por la transmisión del COVID-19 como el agroalimentario, lo que requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Tal y como ha puesto de manifiesto tanto el Parlamento Europeo (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis del COVID-19) como la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia del COVID-19» (2020/C 235 I/01), publicadas el 17 de julio de 2020), dada la naturaleza temporal y las particulares circunstancias en las que trabajan los trabajadores transfronterizos y temporeros -en los que se incluyen los trabajadores desplazados cuando son desplazados de un Estado miembro del EEE a otro, pueden ser más vulnerables a sufrir condiciones de trabajo y de vida precarias. La pandemia del COVID-19 ha hecho más visibles esas condiciones, y, en algunos casos, las ha agravado. Además, ha demostrado que en ocasiones esos problemas pueden dan lugar a una mayor propagación de las enfermedades infecciosas y aumentar el riesgo de grupos de brotes de COVID-19. Por ello, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que garanticen un alojamiento de calidad para los trabajadores fronterizos y temporeros, desvinculado de su remuneración y que transpongan la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores de manera correcta, oportuna y ambiciosa".

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6872

lunes, 15 de marzo de 2021

UE. Tiempo de Trabajo.

 Tiempo de trabajo y formación (STJUE 28 de octubre de 2021, asunto C-909/19 BX y Unitatea Administrativ Teritorială D.)

El periodo durante el cual un trabajador realiza una formación profesional impuesta por su empresa y desarrollada fuera de su lugar habitual de trabajo, constituye “tiempo de trabajo”.

El litigio principal versa sobre la retribución a la que un trabajador afirma tener derecho por los periodos de formación profesional (fuera del horario laboral) que ha tuvo que completar siguiendo las expresas instrucciones de su empresario (en los locales de la empresa de formación).

Tribunal: el art. 2.1 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el período durante el cual un trabajador cursa una formación profesional que le impone su empresario y que se desarrolla fuera de su lugar habitual de trabajo, en los locales del proveedor de los servicios de formación, y durante el cual no ejerce sus funciones habituales constituye «tiempo de trabajo».

Fuente: Economist Jurist, 22 nov. 2022

-Sentencias en los asuntos C-344/19 D.J./Radiotelevizija Slovenija y C-580/19 RJ/Stadt Offenbach am Main (9 de marzo 2021)

Un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial solo constituye, en su totalidad, tiempo de trabajo cuando las limitaciones impuestas al trabajador afectan de manera considerable a su capacidad para administrar su tiempo libre durante ese período SSTJUE 9 de marzo de 2021, asunto C-580/19 y de la misma fecha, asunto C-344/19

TJUE-COMUNICADO DE PRENSA n° 35/21 Luxemburgo, 9 de marzo de 2021

Las dificultades organizativas que un período de guardia pueda causar al trabajador y que son consecuencia de elementos naturales o de la libre elección de este carecen de pertinencia.

Dos importantes sentencias del TJUE en materia de tiempo de trabajo que se suman a las SSTJCE 3 de octubre de 2000, asunt SIMAP, 9 de septiembre 2003, asunto Jaeger, 5 de octubre de 2004, asunto Pfeiffer,  1 de diciembre de 2005, asunto Dellas: los servicios de guardia que realizael trabajador en régmen de presencia física en el centro de trabajo deben considerarse tiempo de trabajo en su totalidad en el sentido de la Directiva 2003.

En la STJUE de 21 de febrero de 2018, asunto Matzak: La obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve (8 minutos) limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades. El tiempo de guardia domiciliaria de un trabajador que debe responder a las llamadas del empresario en un plazo de tiempo breve debe considerarse «tiempo de trabajo»


miércoles, 8 de julio de 2020

Las prioridades de la presidencia alemana al parlamento


Angela Merkel presenta las prioridades de la presidencia alemana al Parlamento Europeo


https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200706IPR82712/angela-merkel-presenta-las-prioridades-de-la-presidencia-alemana-al-parlamento

Ayer la canciller alemana presentó las prioridades de la presidencia alemana al parlamento. En estos meses vamos a ver cómo dos mujeres, Merkel y la presidenta de la Comisión conducen Europa hacia la recuperación sin las viejas prácticas poco solidarias de la anterior crisis. Creo que se inicia un periodo histórico y clave para la reconstrucción social y económico de la UE. 
Mis mejores esperanzas para un mundo mejor dirigido por dos mujeres alemanas. Ya era hora 

martes, 31 de mayo de 2016

SOBRE LA PROPUESTA DEL PILAR DE DERECHOS SOCIALES: EL EMPLEO JOVEN Y EL EMPLEO DIGITAL*

La Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo para superar la crisis y crear las condiciones propicias para una economía más competitiva que genere empleo. La Estrategia Europea 2020 recoge entre sus objetivos alcanzar empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años. En España, la situación de crisis alcanza con más virulencia al colectivo de los jóvenes. Según datos del Consejo de la Juventud de España (CJE, julio 2015) el desempleo juvenil se sitúa en el 51’8% (año 2015) y más de 200.000 personas jóvenes han emigrado desde el comienzo de la crisis. Este colectivo reclama la necesidad de incrementar la inversión en educación y en políticas familiares y de vivienda que contribuyan a la reducción del desempleo juvenil. La iniciativa europea de Garantía Juvenil pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, así como que éstos puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. No obstante, el sistema nacional de Garantía Juvenil debe aún demostrar su eficacia en el fomento del empleo juvenil (véase el documento de trabajo: Comisión Europea [COM(2015)85 final]) y, en otro orden, las modificaciones normativas que han flexibilizado la contratación han contribuido al aumento de la precariedad en este colectivo.
Por otro lado, tampoco las formas de inserción de los jóvenes en el mercado laboral ajenas a la contratación laboral (emprendimiento y las prácticas no laborales) han contribuido a reducir significativamente la tasa de desempleo juvenil. Entendemos que el problema de la falta de empleo está, como reconoció la propia Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, en “la falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena”. En realidad, el trabajo asalariado es escaso y muchas necesidades de prestaciones de servicios se están canalizando mediante nuevas formas de empleo (empleos compartidos, trabajos compartidos, gestión provisional, trabajo ocasional, trabajo móvil basado en las TIC, programas de vales a cambio de trabajo, trabajo para diversas carteras, trabajo repartido entre numerosas personas, empleo colaborativo según la clasificación realizada por Eufound, 2015).
Estas nuevas formas conducen a una situación de anomia laboral y, por lo tanto, a la gran transformación del trabajo como consecuencia de la revolución digital del Siglo XXI que necesitan ser considerados desde el punto de vista jurídico-laboral. Se trata de una nueva era que, a efectos laborales, conduce a estudiar el tránsito de la dependencia industrial a la dependencia digital, y que socialmente supone uno de los retos a incluir dentro del pilar europeo de derechos sociales para lograr la protección de estos trabajadores en la UE. Igualmente, las cambiantes realidades sociales europeas no sólo obligan a plantear nuevas políticas de conciliación laboral y familiar (por ejemplo, el “flexiworking” implantado en el grupo Santander) sino también a reforzar el papel de los interlocutores sociales en el proceso de construcción del nuevo pilar europeo de derechos sociales. En cuanto a la relevancia económica y social, como se ha señalado, el mercado único digital puede contribuir con unos 415.000 millones de euros al PIB de la UE-28. Los beneficios se dirigen a señalar el ahorro de los costes de las organizaciones (la computación en nube, por ejemplo, permitiría que el 80% de las organizaciones redujeran sus costes entre el 10% y el 20%); la mejora del teletrabajo (33%) y de los mercados (32%). Las personas vulnerables (de más edad, con movilidad reducida, aisladas en zonas rurales, con bajo poder adquisitivo) pueden obtener beneficios especiales del mercado digital. La UE estará así mejor situada para abordar los retos demográficos de hoy en día.
Según la Comisión Europea (Comprender las políticas de la Unión Europea: Agenda Digital para Europa, 2014), por cada dos puestos de trabajo perdidos “en el mundo real”, la economía de internet crea cinco. En la UE la economía digital crece un 12% al año, y hay más abonos de telefonía móvil que personas. El sector europeo de las tecnologías de la información y las comunicaciones emplea a 7 millones de personas. Se calcula que la mitad del aumento de la productividad se debe a la inversión en tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Constatamos que esta “apuesta digital” lleva aparejados unos ajustes en el mercado de trabajo significativos como, por ejemplo, los realizados en el sector de la banca mediante expedientes de regulación de empleo (despidos) para, a cambio, intensificar su inversión en “nuevas capacidades digitales” que ofrecer a sus clientes mediante los dispositivos digitales (móviles, cajeros, Internet o la atención telefónica), caso del Grupo Santander. Los cambios normativos llevados a cabo en España (reforma laboral de 2012) están propiciando estos ajustes en un proceso de cambio y/o tránsito hacia la economía digital que conducen a crear nuevas formas de trabajo tanto dentro de la economía formal como de la informal.
No nos cabe la menor duda de que estas situaciones de “anomia” laboral que surgen con la aparición de las nuevas formas de empleo y/o trabajo informal están afectando a un colectivo vulnerable: jóvenes y mayores de 50 años que, en muchos casos, pueden carecer de los derechos sociales característicos del empleo tradicional. Estos cambios e innovaciones sociales son uno de los grandes retos que la Unión Europea debe afrontar como consecuencia de la revolución digital, y deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el incipiente pilar de derechos sociales.

*Publicado en contribuciones Noticias Cielo, número 5, mayo, 2016.





sábado, 8 de febrero de 2014

UNIÓN EUROPEA: NUEVO ESCENARIO DE LA ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA (RD 81/2014)

Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación (BOE 8-02-2014).

En el BOE de hoy se ha publicado la transposición de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Esta norma tiene como objetivos garantizar la movilidad de los pacientes, establecer unas reglas para facilitar su acceso a una asistencia sanitaria segura y de alta calidad en la Unión Europea, y promover la cooperación en materia de asistencia sanitaria entre los Estados miembros, respetando plenamente las responsabilidades de éstos en la organización y prestación de dicha asistencia. 

El nuevo marco de la directiva significa, en síntesis, un incremento de las garantías de calidad y seguridad para los pacientes-usuarios, pero también la introducción de la liberalización en el sector, lo que conlleva una oportunidad para la sanidad privada y un reto para el sector sanitario público, que en cualquier caso deben respetar los valores esenciales de universalidad, acceso a una atención sanitaria de elevada calidad, equidad y solidaridad, para los pacientes y ciudadanos con independencia de su Estado miembro de afiliación. Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas deberán hacer frente, por un lado, al posible incremento de pacientes provenientes de otros Estados miembros y, por otro, habrán de rembolsar los gastos de los afiliados que decidan ser atendidos en otro Estado de la Unión.

La Directiva que se transpone tiene como objeto aclarar las relaciones de asistencia sanitaria transfronteriza que regula, con el marco existente de coordinación de los sistemas de Seguridad Social contemplados en los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009.  No obstante se presentan importantes diferencias en la aplicación de las referidas normas. Así en el caso de la aplicación de la Directiva, son los pacientes los que tienen que anticipar el pago de la asistencia sanitaria recibida que reeembolsarán posteriormente, según los casos. La Directiva es aplicable a todos los proveedores de asistencia sanitaria, públicos y privados, mientras que los Reglamentos solo coordinan sistemas de Seguridad Social. En materia de asunción de gastos derivados de la asistencia por los Estados obligados a ello, tiene como límite la cuantía que habría asumido dichos Estados si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la asistencia prestada. El reeembolso de gstos se limita a la asistencia sanitaria establecida en el Servicio Nacional de Salud y, en su caso, el de la CCAA correspondiente. Y, por último, se limita la opción del libre derecho a la asistencia tranfronteriza, en algunas prestaciones, que se someten a autorización previa.

Buena lectura: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1331

viernes, 7 de febrero de 2014

Parlamento Europeo: Condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo estacional (5.2.14-Estrasburgo)

El miércoles el Parlamento Europeo aprobó una directiva que garantiza mejores condiciones laborales a los trabajadores temporeros procedentes de terceros países que lleguen a la Unión Europea (98 votos a favor, 56 en contra y 68 abstenciones). Se trata de la primera legislación europea que regula la entrada y las condiciones de trabajo de los trabajadores temporeros.  Cada país determinará la duración máxima de la estancia, que podrá oscilar entre los 5 y los 9 meses, dentro de un período de 12 meses. Los temporeros podrán prolongar sus contratos o cambiar de empresa dentro de estos límites. El plazo para transponer esta directiva es de 2 años y medio.
La norma contempla que cualquier persona que quiera entrar a trabajar en un país de la UE como temporero, tendrá que presentar un contrato de trabajo o una oferta de empleo en firme. En ambos casos, el documento deberá especificar aspectos esenciales de la relación laboral, como el salario o las horas de trabajo. Cuando el alojamiento corra a cargo del empresario, el importe del alquiler no será excesivo, ni se podrá deducir automáticamente del salario del trabajador. Se garantiza una vivienda digna (el empresario tendrá que probar que el trabajador dispondrá de un alojamiento adecuado).
Se establece el principio de igualdad de trato con respecto a los nacionales del país de acogida en cuanto a la edad mínima para trabajar, la remuneración por despido, horas de trabajo, vacaciones, libertad de asociación y afiliación, regímenes de seguridad social, derechos de pensión ligados al salario y seguridad en el lugar de trabajo. Los temporeros también tendrán garantizado el acceso a bienes y servicios públicos del país de acogida, excepto la vivienda pública. 
Las nuevas normas facilitarán la tramitación de los permisos y darán prioridad a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos como temporeros en un Estado miembro en los cinco años previos a la solicitud. Se contempla la imposición de sanciones a los empresarios y a las empresas subcontratatas que no cumplan lo estipulado en la directiva, por ejemplo, el pago de compensaciones a los temporeros o la imposibilidad de contratar de nuevo a este tipo de trabajadores.
Lo más probable es que esta nueva directiva europea tenga más incidencia en Andalucía y la costa del Levante, que son las zonas donde se realiza una producción intensiva de trabajos agrícolas y, por lo tanto, con un número considerable de trabajadores extracomunitarios que se dedican a este tipo de trabajos de temporada (entre 15.000 y 20.000 al año). Otro sector que puede estar afectado es el turístico. Bienvenida sea esta norma que, como ha afirmado el eurodiputado Alejandro Cercas, es importante porque no sólo contempla la posibilidad de que los trabajadores de temporada tengan los mismos derechos legales y de convenios colectivos que los trabajadores nacionales, sino también porque la directiva blinda estos derechos frente a posibles cambios a la baja de las normas nacionales.

lunes, 27 de enero de 2014

Aplicación de los Reglamentos Comunitarios de Seguridad Social en Mayotte

Con fechas de efectos 01.01.2014, la iska de Mayotte (territorio francés de ultramar) ha pasado a ser una región ultraperiférica a la que se aplica el Derecho Comunitario. El Consejo Europeo acordó modificar el estatuto de la esta isla respecto de la Unión Europea mediante Decisión 2012/419/UE, de 11 de julio de 2012 (DO L104 de 31.07.2012). Esto significa que, por ejemplo, a partir del 1 de enero, los Reglamentos Comunitarios de Seguridad Social (883/2004 y 987/2009 y Reglamentos modificativos de los anteriores) y las Decisiones de la Comisión Administrativa, interpretativas de  los mismos, son de aplicación en la isla de Mayotte (Fuente. Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)

  I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...