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martes, 29 de diciembre de 2020

¿Se mantiene el carácter preferente del trabajo a distancia en su nueva regulación?

 Sierra Benítez, E. M. (2020). ¿SE MANTIENE EL CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A DISTANCIA EN SU NUEVA REGULACIÓN?. E-Revista Internacional De La Protección Social, 5(2), 8–10. https://doi.org/10.12795/e-RIPS.2020.i02.01

En la asamblea anual de la Asociación de Mujeres Laboralistas de Andalucía, de la que me honro en ser Secretaria General, se debatió sobre el carácter preferente del trabajo a distancia en su reciente regulación. En esta tribuna voy a compartir los puntos más relevantes de mi intervención en dicho acto.

El RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (convalidado por Resolución de 15 de octubre de 2020) entra en vigor ─con la salvedad indicada en la disposición final 14─ el 13 de octubre, y  prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la vigencia del art. 6 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo (Plan MECUIDA) por RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, con efectos desde el 23 de septiembre de 2020. El Plan MECUIDA reconoce el derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con la COVID-19, contemplando el cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo el trabajo a distancia. Por lo tanto, reconoce la posibilidad de realizar la prestación de trabajo a distancia por deberes de cuidado hasta el 31 de enero de 2021, aunque lo más probable es que se prorrogue, al menos, hasta la finalización del estado de alarma o mientras sean necesarios los deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con la COVID-19.

Se trata de una medida provisional y excepcional, diferente al derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de la que son también titulares las personas trabajadoras y, en concreto, respecto a los cuidados de hijos o hijas hasta el cumplimiento de los doce años (art 34.8 ET). En el caso del Plan MECUIDA, la prestación a distancia es posible si se puede implantar “de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas”, y se limita al periodo excepcional de duración de la COVID-19. En el otro supuesto, el del art. 34.8 ET, en el caso de que la negociación colectiva no acuerde en qué términos se puede ejercitar el derecho a solicitar la adaptación de jornada y, en concreto, a realizar la prestación del trabajo a distancia, cabe la negativa por parte del empresario si existen “razones objetivas en las que se sustenta la decisión”. Es decir, prevalece el carácter voluntario del trabajo a distancia en los términos contemplados en la actual regulación y, por lo tanto, en ambos casos el trabajo a distancia no se puede imponer ni la persona trabajadora puede exigir su implantación, porque en ambos casos caben las razonables excepciones: a) en el caso del Plan MECUIDA si el cambio de condiciones “pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado”; y b) art. 34.8 ET, si existen razones objetivas en la que se sustenta la negativa del empresario cuando no haya acuerdo o negociación colectiva que regule el ejercicio del derecho en cuestión. Por otro lado, tengo serias dudas sobre si el carácter preferente del trabajo a distancia contemplado en el art. 5 del RD-ley 8/2020 sigue manteniéndose con la entrada en vigor de la nueva regulación.

En primer lugar, porque expresamente no se ha declarado su vigencia hasta el 31 de enero de 2021, como la Disposición adicional tercera del RD-ley 28/2020 establece con el Plan MECUIDA (art. 6); y, en segundo lugar, porque la disposición transitoria tercera remite a la aplicación de la normativa laboral ordinaria: el “trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del art. 5 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estás se mantengan”. En este caso el legislador obvia el término “preferente”, es decir, el trabajo a distancia deja de ser preferente porque no puede perpetuarse en el tiempo el denominado “teletrabajo de la emergencia”, o sea, el trabajo a distancia sin garantías implantado durante los duros meses del primer estado de alarma. En el caso de que en una empresa siguiera existente el “teletrabajo de la emergencia”, el legislador contempla la obligación de un pacto, al menos en cuanto a la dotación “de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario”. Como consecuencia de ello, es obvio que el trabajo a distancia deja de ser preferente, y se sustituye por uno pactado y negociado, en el caso de que inicialmente no fuese así.

No obstante, ésta no es la única excepción que impide que se aplique el trabajo a distancia en los términos del RD-ley 28/2020, puesto que siguen vigentes otras situaciones de trabajo a distancia existentes con anterioridad a la entrada en vigor del RD-ley (Disposición transitoria primera). Pero éste es un problema que queda para otro momento en que seguiremos debatiendo sobre la incompleta regulación del trabajo a distancia en España.

En estos momentos se están negociación acuerdos de trabajo a distancia en muchas empresas, y prueba de ello es la reciente publicación del convenio colectivo de las Cajas y entidades financieras de ahorro. Pero esta regulación del trabajo a distancia no es consecuencia de la actual pandemia sino de la disrupción que hace unos años se inició en el sector financiero ante la aparición de las big techs. En el resto de los sectores productivos estos cambios tienen una intensidad variable, y por ahora no sabemos con certeza si son consecuencia de la revolución digital y de la introducción de la inteligencia artificial en el trabajo, o de las medidas excepcionales de aislamiento debidas a la pandemia COVID-19. En cualquier caso, lo importante de esta nueva normalidad es que se ha producido una gran transformación en el trabajo, y que el trabajo a distancia de una u otra manera se está implementando rápidamente en la sociedad. No sabemos con qué intensidad ni qué variedad de trabajo a distancia se impondrá, aunque puede ser que esa variante no tenga carácter voluntario, sino que esté plenamente consolidado como un instrumento de la sociedad digital en donde el centro de atención no será la prestación de servicios, sino los datos.

Lamentablemente, como en tantas ocasiones anteriores hemos perdido la oportunidad de regular un marco general del trabajo a distancia que facilite de forma efectiva el tránsito normativo de la dependencia industrial a la dependencia digital. Como anunciaban en las antiguas series de TV, el debate “continuará”...

 

jueves, 1 de octubre de 2020

Breve referencia a la negociación colectiva en la regulación del trabajo a distancia en el RD-ley 28/2020

Publicado el 30 de septiembre de 2020 con motivo de la nueva regulación del trabajo a distancia

Noticias Cielo 8/2020. Breve referencia a la negociación colectiva en la regulación del teletrabajo en el RD-ley 28/2020 

por Esperanza Macarena Sierra Benítez 

El 23 de septiembre de 2020 el BOE publica el RD-ley 28/2020, de trabajo a distancia (en adelante RDL) con fecha de entrada en vigor el 13 de octubre. Una regulación necesaria y esperada, sobre todo por el auge mundial que ha experimentado esta forma de prestación de servicios como consecuencia de las medidas de contención de la COVID-19. 

Esta regulación modifica algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Igualmente, prorroga la vigencia del art. 6 RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 hasta el 31 de enero de 2021, es decir, el derecho de adaptación del horario y la reducción de jornada para las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado (de cónyuge o pareja de hecho y familiares hasta el segundo grado de la persona trabajadora) cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria de la COVID 19. Este aspecto es importante porque, por un lado, este derecho puede consistir, entre otros, en el cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en el RDL 8/2020 que se limita al período excepcional de duración de la COVID-19. Y, por otro lado, porque el propio decreto declaró el carácter preferente del trabajo a distancia como medida prioritaria frente al cese temporal o reducción de la actividad. 

Esta declaración del trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la COVID-19, originó el auge del trabajo a distancia precarizado y sin garantía, lo que se ha denominado como el teletrabajo de la emergencia. Por este motivo, la disposición transitoria tercera del RDL afirma que, mientras las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19 se mantengan, seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Y, en todo caso, “las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario”. Esta es una cuestión significativa que corresponde a la negociación colectiva, que es la gran protagonista de esta nueva regulación del trabajo a distancia, dado que son constantes y significativas las llamadas al acuerdo colectivo entre las partes para que, por ejemplo, en esta ocasión se establezca la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora, “si existieran y no hubieran sido compensados”. 

Esto puede ser conflictivo dada la variedad de formas de trabajo a distancia existentes, algunas de las cuales no requieren una dotación adicional que deba ser sufragada por el empleador (por ejemplo, la conexión a Internet, espacio de trabajo, etc.). Las circunstancias pueden ser muy variadas, y en unos casos requerirán que los gastos consumibles en un hogar o en un lugar móvil sean compartidos, y en otros sufragados por el propio trabajador o bien en exclusiva por el empleador. 

El capítulo IV hace referencia específicamente a las facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protección de datos y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad. Entiendo que la negociación colectiva irá marcando las pautas en función del grado de intensidad del poder de dirección empresarial, incluida la debilitación progresiva de la subordinación laboral propiamente dicha. Así, por ejemplo, el convenio colectivo de la empresa BP Oil España, SAU, para sus centros de trabajo en Madrid y Las Palmas (BOE 6 febrero de 2018) regula un “complemento casa-oficina” (para empleados que pasen a prestar sus servicios con centro de operaciones en su propio domicilio, por un importe anual de 2.933,40 euros brutos; la dotación de los útiles y herramientas, propiedad de la empresa, mínimos indispensables para el desarrollo de sus funciones; una cantidad de una sola vez de 800 euros para gastos de acondicionamiento de la vivienda cuando ello fuera necesario) y de un “complemento de teletrabajo” para los que realizan la totalidad de su jornada laboral pactada en y desde su propio domicilio (complemento salarial de 6.407,52 euros brutos anuales para compensar los gastos ordinarios de calefacción, luz, limpieza, así como cualquier otro de similar naturaleza; asimismo, una cantidad máxima de 1.900 euros para obras de acondicionamiento en su vivienda que se estimen necesarias). Por el contrario, en otros caso, por ejemplo el II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España. SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (BOE 13 noviembre 2019) contempla expresamente que “no generarán compensación económica distinta de la que correspondiera a la persona trabajadora por razón de su puesto de trabajo en forma presencial” el teletrabajo fuera del horario habitual (siempre que se produzca a instancia de la persona trabajadora constando por escrito, anexado al acuerdo inicial de teletrabajo, con respecto a la legislación y normativa sobre jornada, descanso, duración máxima, pausas de descanso y descanso semanal). 

Por otro lado, en relación con las situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada en vigor del RDL seguirán aplicándose hasta la duración que tuvieran prevista los convenios o acuerdos colectivos que contemplaran las condiciones de prestación de servicios a distancia. En caso de que los convenios o acuerdos no prevean un plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes firmantes acuerden expresamente un plazo superior que, como máximo, podrá ser de tres años. En otro orden la aplicación de este RDL no podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus servicios a distancia, que se reflejarán en el acuerdo de trabajo a distancia. 

La nueva norma es fruto de la concertación social entre los agentes sociales y el gobierno y, por este motivo, se entiende la llamada a la negociación colectiva para “llenar el vacío normativo que existe, igualando el tratamiento jurídico en los aspectos más importantes de esta forma de organización del trabajo”, puesto “que se considera instrumento imprescindible para completar la normativa aplicable en cada uno de los sectores específicos, estableciendo criterios propios”. El papel de la negociación colectiva en el trabajo a distancia es primordial para que en los próximos meses sean regulados aspectos destacables como la definición de las tareas y actividades susceptibles de trabajo a distancia, los criterios de preferencia en el acceso a esta modalidad, el ejercicio de la reversibilidad, los distintos derechos de contenido económico asociados a esta forma de prestación y organización, el contenido del acuerdo e incluso los porcentajes de trabajo a distancia a los efectos de definir en sectores profesionales específicos lo que se considera trabajo a distancia regular. 

En el capítulo II se recoge la regulación del acuerdo de trabajo a distancia y de las obligaciones formales vinculadas al mismo, así como el carácter voluntario del trabajo a distancia para ambas partes, y otros aspectos fundamentales ya contemplados en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo (2002). En esta ocasión, considerando que el teletrabajo puede ser un mecanismo para la conciliación de trabajo y vida familiar, que por lo general recae mayoritariamente sobre las mujeres con el consiguiente perjuicio para su desempeño laboral, el RDL hace referencia al procedimiento y criterios que deben seguirse para evitar la perpetuación de roles de género y fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres1 . Este es un tema complejo, que necesita además de una concienciación social y generacional en el ámbito familiar, y que nos compete a todos como ciudadanos. 

Por otro lado, el capítulo I recoge las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial, limitaciones, y los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia, desarrollados y estructurados en el capítulo II. 

En definitiva, el RDL contempla unas remisiones a la negociación colectiva para aportar los ingredientes necesarios de flexibilidad para el desarrollo del trabajo a distancia: El acuerdo entre los agentes sociales es plenamente necesario para perseguir los retos que en las próximas décadas vamos a tener que enfrentar en relación con los cambios originados por la incipiente cultura digital. No obstante, debemos seguir insistiendo que el marco de actuación de la negociación colectiva necesita una ley del trabajo a distancia que abarque todos los ámbitos de aplicación posibles, y en especial, el ámbito subjetivo a todas las personas en los términos de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, junio de 2019. 

Entendemos que la ley general del trabajo a distancia que se elabore en el Parlamento debe perfilar algunos aspectos no tratados en el marco del acuerdo social adoptado sobre el trabajo a distancia que ha permitido la publicación de este RDL como, por ejemplo, una referencia al teletrabajo transnacional. Dada la globalización de la economía y de las relaciones de trabajo consideramos que este es un aspecto fundamental para la regulación de las prestaciones de servicios a distancia en la nueva era digital.

Sevilla a 30 de septiembre de 2020

lunes, 16 de marzo de 2020

SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN LA INDUSTRIA 4.0. DESAFÍO PARA LA UE-2030

Publicado en la revista de la UC3 Madrid,  SIERRA BENÍTEZ, E.M. "Cuadernos de Derecho Transnacional", vol. 12, núm 1 (2020),  el artículo " Sostenibilidal social en la industria 4.0. Desafío para la UE-2030"

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5195/3665

Resumen: Para 2030, el año en que la Industria 4.0 se establecerá plenamente en la sociedad europea, Europa debe superar grandes desafíos si no quiere perder esa combinación de democracia, derechos sociales y un estado avanzado de bienestar que de alguna manera se ha convertido en su marca registrada. La UE cuenta con dos ámbitos de actuación para afrontar dichos retos: el internacional (acuerdos comerciales, Alianza UE-África, Agenda 2030), y el propio ámbito de la UE (pilar europeo de derechos sociales). Entendemos que es fundamental que los acuerdos comerciales no sólo incluyan cláusulas que aseguren el cumplimiento de unos estándares determinados en materia de medio ambiente y ámbito laboral, sino que así mismo garanticen su efectividad (por ejemplo, mediante la supervisión de la OIT). Igualmente, para asegurar la efectiva aplicación del pilar europeo de derechos sociales, es necesario dotarlo de instrumentos normativos suficientes que garanticen su cumplimiento.
Palabras clave: protección social, acuerdos internacionales, pilar europeo de derechos sociales, sostenibilidad social, industria 4.0.
Abstract: By 2030, the year in which Industry 4.0 will be fully established in European society, Europe must overcome great challenges if it does not want to lose that combination of democracy, social rights and an advanced state of well-being that somehow has become its trademark. In order to meet these challenges, the EU can count on two lines of action: the international area (trade agreements, EUAfrica Alliance, 2030 Agenda), and the EU itself (European pillar of social rights). We understand that it is essential that trade agreements not only include clauses that ensure compliance with certain standards regarding the environment and work environment, but that also guarantee their effectiveness (for example, through ILO supervision). Likewise, to ensure the effective application of the European pillar of social rights, it is necessary to provide sufficient normative instruments to guarantee its compliance.
Keywords: social protection, international agreements, European Pillar of social rights, social sustainability, Industry 4.0.

miércoles, 28 de febrero de 2018

TRABAJO Y TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA BANCA EN LA ECONOMÍA 4.0: MIFID II*


En el año 2015 empecé a investigar el tema del trabajo en las plataformas digitales a propósito del Congreso de la Escuela de Doctorado en Formación de la persona y mercado de trabajo de la Universidad de Bérgamo “La gran transformación del trabajo”, donde hubo una importante representación española. El título del Congreso es lo suficiente explícito para darnos cuenta de la importancia no sólo del tema, sino del evento en un tiempo en que se hablaba más de economía colaborativa que de la economía de las plataformas. El tema de Uber empezó a interesarnos a algunos laboralistas y, aunque se trataba de un problema vinculado directamente con la libre competencia, nos hizo pensar que estábamos ante una nueva situación de “anomia” laboral provocada por la gran transformación del trabajo. En la actualidad podemos comprobar cómo ha evolucionado el tratamiento del trabajo mediante las plataformas digitales y cómo proliferan los estudios publicados sobre esta temática en relación, por ejemplo, con la prestación de servicios realizada por los riders de Deliveroo ó Glove en prácticamente todos los países de la economía capitalista.
No obstante, hay un sector que ha experimentado una gran transformación como consecuencia de la digitalización del trabajo al que entiendo no le hemos prestado la debida atención: el personal del sector de la banca. Creo que este sector es uno de los principales protagonistas de la implantación de la Industria 4.0 o, mejor dicho, de la economía 4.0 dado que se trata de una prestación que se integra en el sector servicios. En este sector se está aplicando un nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros, basado en la Directiva MiFID II (D. 2014/65/EU relativa a los mercados de instrumentos financieros) y el Reglamento MiFIR (Reglamento 600/2014). En los objetivos de esta reforma se encuentra “la adaptación a los desarrollos tecnológicos y de los mercados, regulando prácticas como la negociación algorítmica automatizada”. Este tipo de prácticas ha sido una de las causas de las fuertes caídas que ha sufrido recientemente la Bolsa de Nueva York (13 y 15 de febrero), provocadas por las órdenes robotizadas que decidieron vender al alcanzar el denominado “índice del pánico”, y que nos plantea serios problemas sobre la delegación de las tareas humanas en la inteligencia artificial. Además de esta novedad, hay otras más que inciden en la realización de las tareas del personal cualificado del sector de la banca como, por ejemplo, la necesidad de realizar asesoramiento respecto a todo tipo de productos y no sólo los que interesan a las entidades; prohíbe el cobro de incentivos de las entidades, aunque no evita el cobro de las comisiones; una mayor intervención de los supervisores, etc. El interés de este comentario no es hablar propiamente de las novedades de MiFID II, sino de los problemas que están planteando estas novedades normativas al personal de la banca, en cuanto que demandan procedimientos de formación y evaluación continuada del personal que garanticen su actuación de forma honesta, imparcial y profesional en el mejor interés de los clientes.  En este sentido, la Guía Técnica 4/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 4/2017 reconoce que “si bien disponer de conocimientos adecuados por parte de quien informa o asesora no es garantía de una adecuada prestación de servicio, sí constituye un requisito imprescindible para ello”. No nos cabe la menor duda de que la MiFi-II crea una gran incertidumbre respecto a los trabajadores, en un colectivo que está sufriendo un reajuste considerable de plantillas y despidos (en 9 años se han reducido 1/3 de las plantillas en España), a lo que hay que sumar el proceso de externalización de las plataformas tecnológicas de empresas financieras –FINTECH– como fruto de la deslocalización de los costes impulsado en algunos modelos de negocio. En suma, como ha dicho la Presidenta del Grupo Santander “debemos repensar el papel del Estado en esta economía digital y conectada. La era digital necesita políticas sociales”. Este nuevo modelo ha originado además la proliferación del trabajo remoto con los consiguientes problemas: alargamiento de la jornada de trabajo, invasión de la vida privada, personal y familiar del trabajador, y la exigibilidad de nuevas competencias y, por lo tanto, de una formación adecuada y eficaz. Estas cuestiones deben ser abordadas desde el plano transnacional e institucional en un ámbito que favorezca el diálogo social para alcanzar un nivel de consenso pacífico y garantista de los derechos de los trabajadores. Un proceso que requiere replantear el modelo de representación y de participación de los trabajadores para la defensa de los prestadores de servicios de la banca, una vez que el proceso de reestructuración del sector haya concluido.

*Publicado en Noticias Cielo 2/2018
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2018/02/sierra_noticias_cielo_n2_2018.pdf

viernes, 8 de enero de 2016

LA IN-EVOLUCIÓN DE LA REFORMA DEL ART. 13 ET EN LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL TRABAJO

De entre las reformas puestas en marcha en el año 2012 mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante Ley 3/2012), la del art. 13 ET es de las que menos atención ha recibido tanto por parte del legislador como por los estudiosos del Derecho del Trabajo. La razón es bien sencilla, dado que la reforma afectó a una modalidad de trabajo, formalizada como contrato de trabajo, cuya realización es difícil de detectar al incluirse entre las prestaciones de servicios ocultas o integrantes de la economía informal y/o trabajo negro: el trabajo a domicilio.
La reforma del art. 13 ET de 2012 fue más programática que real, y se ha quedado en una declaración de intenciones dentro del Preámbulo de una de las leyes quizás más “reformistas” del Derecho del Trabajo español. No obstante, la doctrina judicial y jurisprudencial ha sido la que con sus pronunciamientos ha logrado la aplicación de un “denostado” art. 13 ET cuando los particulares lo han requerido al reclamar la necesaria protección de la relación laboral a distancia. Aún así, no es que nos hallemos ante un “levantamiento del velo del trabajo a domicilio o trabajo a distancia” por parte de esta instancia, algo que sería deseable y posible si el legislador hubiera hecho realidad las pretensiones y buenas intenciones reflejadas en el preámbulo de la citada Ley 3/2012, de cara a lograr la ansiada modernidad de las normas acorde con los nuevos tiempos tecnológicos. En este sentido, las sentencias del año 2015 no son un dato significativo, dado que el estudio del art. 13 ET supone atender a un tipo de trabajo que, si bien hoy no es el más común, será el más generalizado en un futuro próximo si tenemos en cuenta los avances de las nuevas tecnologías digitales que están creando nuevas formas de trabajo digitalizado.
En el informe de Eurofound 2015 se identifican “formas de empleo que son nuevas o que han adquirido una importancia creciente desde el año 2000. Aunque son distintas entre sí, en todas aumenta la flexibilidad para las empresas, para los empleados, o para ambas partes”. Como es obvio, estas nuevas formas de empleo necesitan mecanismos legales de seguridad para los trabajadores desde el ámbito jurídico-laboral (véase el estudio de Eurofound, Nuevas formas de empleo, 2015, EMCC, 2015). El término in-evolución no se encuentra definido por la Real Academia Española (RAE), pero proviene de la combinación de las palabras evolución (los cambios) e involución (detención y retroceso de una evolución social del trabajo). La denominación del trabajo a domicilio ha desaparecido para incluirse en el denominado trabajo a distancia, concepto que actúa como “cajón de sastre” (¿o deberíamos decir “cajón desastre”?) mediante una inadecuada interpretación del Convenio 177 OIT sobre el trabajo a domicilio. Según esta norma internacional “la expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza: en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador; a cambio de una remuneración, con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales y otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario como trabajador independiente  en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales (art. 1, C. OIT 177). La reforma laboral 2012 abogó por la desaparición, en vez de por la adaptación, del conocido contrato de trabajo a domicilio. Puede que in-evolución sea una palabra inexistente, pero está dentro de la realidad del trabajo a distancia realizado manualmente o artesanalmente en el domicilio o en otro lugar o a distancia mediante las nuevas tecnologías digitales o mediante el trabajo robotizado. Los nuevos trabajos existen en la realidad, pero son inexistentes o permanecen ocultos para el legislador o regulador de las prestaciones dependientes y por cuenta ajena. Así, por ejemplo, según un estudio de la Comisión Europea sobre la Agenda Digital para Europa, si  ésta no actúa a nivel europeo y nacional de aquí a 2020 faltarán 900.000 profesionales informáticos. Y mientras esta realidad no sea tenida en cuenta por la disciplina laboral atendiendo a la gran transformación del trabajo, hablaremos de crisis o desaparición del Derecho del Trabajo. No nos cabe la menor duda de que el Derecho del Trabajo no va a desaparecer sino que, más bien al contrario y como de costumbre evolucionará aunque desaparezcan viejos postulados, siempre que se respeten las “líneas rojas” del Derecho del Trabajo, como los principios informadores del Derecho del Trabajo y el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.

martes, 19 de mayo de 2015

SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006, DE LA OIT, EN BUQUES ESPAÑOLES (RD 357/2015, DE 8 DE MAYO)

El 20 de agosto de 2013 entró en vigor el Convenio de la Organización del Trabajo sobre el trabajo marítimo 2006 (conocido por sus siglas anglosajonas como MLC, 2006). Se trata de una norma internacional cuya importancia radica en que compila en un único instrumento jurídico todas las normas actualizadas aplicables al trabajo marítimo internacional. De hecho, este convenio, que revisa 37 Convenios de la OIT relativos al trabajo marítimo, se ha considerado como “el cuarto pilar de la regulación internacional del sector marítimo”, ya que supone el complemento de los otros tres convenios básicos de la Organización Marítima Internacional: Convenio SOLAS, Convenio MARPOL y el Convenio STCW sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la gente del Mar (véase el Informe de la Comisión Europea de Empleo y Asuntos Sociales aprobado el 24 de enero de 2007). Entre otras garantías, la protección otorgada por el MLC 2006 afectaría aproximadamente a un millón y medio de trabajadores del mar de todo el mundo, con la finalidad de garantizar un trabajo decente para este colectivo. Al mismo tiempo, pretende proporcionar “reglas de juego equitativas para los armadores de calidad que operan bajo el pabellón de los países que han ratificado el Convenio al promover la competitividad a través de un transporte fiable y seguro”. El objetivo es garantizar que las condiciones de trabajo decente vayan de la mano de una competencia justa (declaraciones del director de la oficina de la OIT para España, Europa Press 20/08/2013) y, en general, acabar con el denominado “dumping social”. Lo relevante es que esta normativa permite que cualquier barco, pertenezca o no a los países que suscriben el Convenio, pueda ser inspeccionado a la llegada a los puertos de los países firmantes del mismo. En España hay cinco ciudades marítimas con puertos situados entre los 125 más importantes del mundo (Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Bilbao), lo que sitúa a nuestro país en una posición estratégica en el mercado del transporte marítimo. El 4 de febrero de 2010, el Reino de España ratificó el MLC con entrada en vigor el 20 de agosto de 2013, y desde entonces le corresponde la responsabilidad de cumplir y controlar, mediante un sistema eficaz de inspección y certificación, la aplicación del Convenio. Por ello el pasado sábado 9 de mayo se publicó en el BOE el RD 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo en buques españoles (BOE 9 de mayo de 2015, núm. 111). Este texto incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013, sobre determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006. Esta directiva tiene por objeto establecer normas para asegurar que los 2 Estados Miembros cumplan sus obligaciones como Estado del Pabellón del barco, por lo que respecta a la aplicación de las partes pertinentes del MLC 2006 y, concretamente, aborda aspectos tales como mecanismos de control y supervisión de su aplicación, personal encargado de efectuar las inspecciones, procedimientos de quejas y medidas correctivas. Se trata de una norma que ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación y que permite la realización de inspecciones en puertos extranjeros a aquellos buques que no retornen a puerto español en el período de tiempo establecido en dicha regla para su realización, tanto en el caso de las inspecciones intermedias como en el caso del personal integrante del equipo inspector. Para ello se estipula que la empresa naviera correrá con los gastos que se originasen como consecuencia del desplazamiento a otros países del personal integrante del equipo inspector (DA 2ª). En nuestro país las materias del MLC 2006 objeto de inspección y control competen a distintos organismos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y al Ministerio de Fomento (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y la Dirección General de la Marina Mercante). Así, por ejemplo, esta última está capacitada para expedir y renovar el certificado de trabajo marítimo y la declaración de conformidad laboral marítima parte I a los que se refiere el MLC 2006. Este certificado de trabajo marítimo, complementado por la citada declaración, tendrá valor de presunción, salvo prueba en contrario, de que el buque ha sido debidamente inspeccionado por las autoridades españolas competentes y de que cumple los requisitos relativos a las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar previstas en el MLC 2006. Este RD recoge igualmente los preceptos del convenio internacional contenido en el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), incorporado en la Directiva 2009/13/CE por la que se aplica dicho Acuerdo. En definitiva, nos encontramos con un texto procedimental, en cuanto que delimita la distribución de funciones entre la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, el Instituto de la Marina – dependientes del Ministerio de empleo y Seguridad Social– y la Dirección General de la Marina Mercante –dependiente del Ministerio de Fomento–, y que incorpora en sus dos anexos la “solicitud de actividad inspectora” y el “formulario de quejas para tripulantes en buques de pabellón Español”. Mientras tanto y en el plano normativo internacional, y en el seno de la OIT, se siguen realizando esfuerzos para la ampliación de las garantías del MLC 2006, concretamente en lo que respecta a la protección de los marinos abandonados, así como la provisión de una garantía financiera para la muerte o discapacidad de larga duración de la gente de mar, mediante la aprobación de estas enmiendas y su incorporación a la legislación internacional vinculante sobre materias fundamentales para la industria del transporte marítimo (véase la primera reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del MLC, 2006, el 11 de abril de 2014 adoptadas por unanimidad).

Publicado en @boletin_ADAPT

viernes, 15 de mayo de 2015

ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 (Consejo de Ministros de 14 mayo 2015)

El pasado 14 de mayo de 2015 el Consejo de Ministros aprobó un Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017, que intenta ser el instrumento adecuado para la mejora de la protección de las familias en todas las políticas y de forma transversal. Es un Plan dirigido a los denominados "colectivos prioritarios" incluidos en el proyecto (familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad) donde se inserta una línea estratégica de apoyo a la maternidad con medidas sociales, sanitarias, económicas o educativas como, por ejemplo, la adaptación del período de escolarización para menores y jóvenes.  

La razón de este Plan se justifica en la necesidad de paliar los efectos devastadores que sufren las familias debido a la crisis económica, como demuestra el análisis de la situación socio-económica elaborado por la cátedra de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid. En este diagnóstico se aportaron datos muy interesantes, como son el descenso continuado en el número de nacimientos y en el número medio de hijos por mujer, 1'3 en 2014 frente a 2'1 que sería la tasa de reposición generacional (que no se alcanza desde finales de la década de los 70 del siglo XX). Este es un dato importante dado que el índice de natalidad en España se posiciona entre los más bajos del mundo, algo verdaderamente preocupante, entre otros motivos, por lo que respecta al sostenimiento futuro del sistema de Seguridad Social. Entre los datos gubernamentales se nos informa que las mujeres son las que, mayoritariamente, dejan de forma temporal su trabajo para atender a los hijos. El 95% de las excedencias por cuidado de hijos corresponden a mujeres, y también son ellas las que más reducen su jornada laboral por este mismo motivo. Para colmo, el 73'2% de los contratos a tiempo parcial corresponden a mujeres trabajadoras. Además, se comprueba que las mujeres cobran una pensión 37% inferior a la de los hombres, dado que la mayor dedicación a la familia recae sobre este colectivo.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia está formado por 227 medidas, y entre ellas destacan las dedicadas al apoyo a la maternidad y al reconocimiento del papel de las mujeres que decidan tener hijos. Esta es la gran novedad de este instrumento elaborado con las aportaciones de todos los Ministerios y del movimiento asociativo familiar dado que, como afirmó en la rueda de prensa el Ministro de Sanidad, el 97% de dichas medidas han sido ya puestas en marcha. Por lo tanto, la novedad se encuentra en el establecimiento de un complemento a la pensión contributiva  para las mujeres que hayan tenido dos o más hijos. Se trata de un complemento a la jubilación (o a la pensión de viudedad o de incapacidad) para las nuevas pensiones. El complemento consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la pensión inicialmente calculada un porcentaje determinado: 5% por haber tenido dos hijos, 10% por tres hijos y un 15% por haber tenido cuatro o más hijos. Esta medida será presentada al Pacto de Toledo para su aprobación, y se aplicará a partir del 1 de enero de 2016.

Igualmente, el Gobierno aporta datos significativos en relación al número de familias consideradas como colectivos prioritarios. Por ejemplo, de las 562.500 familias numerosas existentes en España el 70% son familias de 3 hijos y sólo el 10% son de categoría especial: 5 o más hijos; de los 1'75 millones de hogares monoparentales, el 83% cuenta con una mujer como persona de referencia;  y en cuanto a familias con personas con discapacidad, 2'5 millones de personas tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En este diagnóstico socio-económico de la familia juegan un papel significativo los cambios en la población y en los comportamientos sociales de los colectivos familiares necesitados de atención prioritaria. En este sentido, se advierte la necesidad de hacer frente a la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y de otorgar una especial protección a ciertos grupos de familias. Por ello se desarrollan siete líneas estratégicas en las que se  recogen las distintas medidas contempladas en el Plan como, por ejemplo, en materia de conciliación y corresponsabilidad con iniciativas para el fomento de una mayor flexibilidad de la jornada laboral (bolsas de horas recuperables por necesidades puntuales de conciliación en la Administración), la ampliación para el cuidado de niños enfermos de cáncer o con cualquier otra patología grave, el avance en la racionalización de horarios y de impulso de políticas empresariales familiarmente responsables, la mejora de los derechos de conciliación de los autónomos y, por último, el análisis sobre la necesidad de regular el teletrabajo. Con respecto a esta última medida consideramos que debemos obviar ese análisis y empezar a promocionar iniciativas legislativas sobre el teletrabajo, por las que se modifique el deficitario e insuficiente art. 13 del ET, reformado por la Ley 3/2012 de reforma laboral. Para ello sería necesario impulsar una ley consensuada en las cámaras legislativas en la que se recojan las peculiaridades del teletrabajo, atendiendo a la diversidad del régimen jurídico de cada prestación de servicios, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia y tanto en el ámbito público como privado, y que, por lo tanto, incorpore el contenido del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo (AMET) firmado por los agentes sociales europeos en el año 2002. No obstante, en general, esperamos que estas medidas denominadas de «conciliación y corresponsabilidad» no repercutan negativamente sobre uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica y financiera: las mujeres. Dado que pueden ser las mujeres, o en general otros colectivos menos cualificados, quienes teletrabajen en el domicilio o en otro lugar en condiciones de trabajo que les sean perjudiciales.

En materia de apoyo a la maternidad y entorno favorable a la vida familiar se contemplan medidas dirigidas especialmente a mujeres jóvenes, como por ejemplo el impulso a programas de educación para la salud afectivo-sexual adaptados en los distintos niveles educativos, al igual que acciones para prevenir embarazos no deseados y facilitar la formación de menores embarazadas para que continúen sus estudios, evitando así que la maternidad suponga un obstáculo para que puedan proseguirlos.

Otras líneas estratégicas, como la denominada "parentalidad positiva", incluyen el apoyo a la realización de programas sociales de educación familiar y crianza saludable y positiva de los hijos; así como la necesidad de impulsar la coordinación entre los centros educativos y los servicios sociales para prevenir el absentismo escolar. Esto último nos hace pensar que se está reconociendo la inexistencia de esta necesaria coordinación que, entre otros motivos, entendemos que se debe a los fuertes recortes sufridos tanto en educación como en servicios sociales. Igualmente, entre estas líneas se incluyen el apoyo a familias con necesidades especiales; la coordinación, cooperación y transversalidad; y, por último, la evaluación de los resultados. En definitiva, son siete líneas estratégicas para la consecución de diez objetivos generales que cuentan con un presupuesto de 5.400 millones de euros en el primer ejercicio para acometer las más de 225 medidas del Plan. Sin embargo, desconocemos cuál es el presupuesto con que se cuenta para el resto de los ejercicios, una vez concluido el año electoral y los guiños a los buenos datos macroeconómicos que se publicitan con otros no tan buenos, como son el déficit público cercano al 100% y una población de desempleados alrededor del 24%.

domingo, 11 de enero de 2015

SIGLO XXI ¿Derecho del trabajo versus derecho del empleo?

Siglo XXI: ¿Derecho del Trabajo versus Derecho del Empleo? 

Cada vez parecen marcarse con más claridad las líneas divisorias entre el mundo «occidental», en su mayor parte rico y desarrollado, y los países en vías de desarrollo, por lo general densamente poblados. La crisis financiera y económica de los países occidentales es imparable ante el auge de la fuerza de trabajo masificada de países emergentes con escasa tradición democrática, o con un debilitado o inexistente Derecho del Trabajo. China es el prototipo de esto último, pero se trata de un país que se convertirá en la nueva primera potencia mundial, y con el que hay que negociar acuerdos comerciales y económico-financieros. Hace un par de años tuvieron gran repercusión unas declaraciones de Juan Roig, presidente de Mercadona y empresario de éxito, sobre los bazares chinos, a los que describió como “ejemplo de la cultura del esfuerzo que los españoles hemos perdido”. Nada que objetar a salir de la crisis con esfuerzo y trabajo, pero no debemos caer en la tentación de intentar competir con países emergentes que disponen de mano de obra ingente y barata con sus mismas armas. Para ser competitivos, los países desarrollados deben apostar por aumentar la productividad, pero siempre a través de la formación, el conocimiento y la especialización. 
La deuda y el déficit públicos atenazan a los países de la vieja Europa. La zona mediterránea parece la más perjudicada, con una importante deuda pública y unas considerables cifras de desempleo, siendo el colectivo de los jóvenes el más perjudicado. Aunque en términos macroeconómicos se habla de que España está saliendo de la crisis económica, la creación de empleo neto es aún extremadamente débil y, como expone el Profesor Gimeno Díaz de Atauri, los puestos de trabajo que se están creando son en su mayoría precarios. La reforma laboral de 2012 justificó la flexibilidad del ordenamiento laboral con el objetivo de establecer una economía más fuerte y más fácilmente recuperable de los grandes avatares financieros. Es significativo el hecho de que el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social pasara a denominarse Ministerio de Empleo, ya que el Derecho del Empleo parece prevalecer sobre un Derecho del Trabajo debilitado ante la presencia de unas cifras de desempleo alarmantes. Ante las últimas reformas que han afectado al contrato de trabajo y que parecen apostar por la precariedad del empleo y la creación de puestos de trabajo de baja cualificación profesional y/o pocos formados, coincidimos con la Profesora Igartua Miró en que debemos defender el carácter esencial e irrenunciable de la función tuitiva de nuestra disciplina. 
Por todo esto, cuando la Directora y la Secretaria de esta revista me propusieron coordinar este número, y me planteé qué lema tratar y transmitir a los autores, me pareció adecuado presentar este «enfrentamiento», ya que el Derecho del Empleo constituye un peligro real que amenaza con engullir al Derecho del Trabajo. Las instituciones clásicas del Derecho del Trabajo permanecen inalteradas, frente a un Derecho del Empleo potente y dinámico. El contrato a tiempo parcial, con sus interminables reformas, no deja de ser un contrato que desde el punto de vista formal se ha presentado como el más flexible y, como apunta la profesora Martínez Moreno, como una medida de apoyo a la inserción laboral de los jóvenes. Pero debe ser un contrato deseado y deseable por la población trabajadora y no un medio poco menos que inevitable para conseguir un empleo ante la escasez de trabajo. En busca de soluciones a los graves problemas del mercado de trabajo español, es normal que estudiemos o analicemos lo que hacen otros países con menos problemas laborales, por lo que no es casualidad que el empleo en Alemania sea un tema presente en la mayoría de los artículos y contribuciones de este número. En consonancia con el pragmatismo que le caracteriza, este país acometió una serie de reformas laborales en el año 2003 como consecuencia de la unificación alemana y, como los Profesores Ojeda Avilés y Gutiérrez Pérez, nos preguntamos si esas exitosas medidas son trasladables a otros países de Europa con sistemas de regulación laboral menos flexibles o adaptables. Por su parte, el Profesor Däubler nos presenta un magnífico estudio sobre las políticas de desregulación de materias de Derecho del Trabajo en su país, y realiza una interesante reflexión: la desregulación va acompañada de un proceso de regulación que también ha traído ciertas ventajas, como los beneficios de la reducción de jornada o el establecimiento del salario mínimo. La aportación de la Profesora Velasco Portero sobre la implementación de la Garantía Juvenil en Alemania nos permite conocer más de cerca las políticas que han permitido su implantación con éxito, frente a la experiencia de otros países como Italia, tratada por Giulia Rosolen, que habla sobre la «inaplicable» e ¿inoperante? Garantía Juvenil en Italia. Tampoco nos olvidamos del punto de vista empresarial, representado, si bien es cierto que de forma testimonial, por Felipe Rubio, responsable de RRHH de Airbus España, que defiende la importancia de la negociación colectiva en esta gran empresa, y la necesidad de flexibilidad empresarial para alcanzar unos niveles de productividad y de empleo aceptables en un mundo competitivo. Los investigadores Sánchez-Castañeda y Rueda Rodríguez exponen como al otro lado del océano en el continente americano, otro gran país densamente poblado, México, se debate ante la necesidad de permitir un sindicalismo más real y que detecte los problemas de los trabajadores de acuerdo con los estándares «inalcanzables» de una sociedad moderna. 
En definitiva, todos estos trabajos han contribuido a la interrogante del lema de este número, cuyas contribuciones invito a leer detenidamente con actitud crítica. Por mi parte deseo agradecerles a todos sus aportaciones, dado que no me cabe la menor duda de que en cuanto la economía y el empleo se ajusten y «equilibren», podremos decir que el Derecho del Trabajo ha hecho posible que el Derecho del Empleo sea una
disciplina que conviva con los estándares y principios clásicos del primero.

Esperanza Macarena Sierra Benítez
Coordinadora del número 2/2014 RDSyE
Profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Universidad de Sevilla
emsierra@us.es 
(Publicado en el número 2/2014, de la Revista Derecho Social y Empresa, diciembre de 2014)

jueves, 23 de enero de 2014

EL DERECHO DEL TRABAJO Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL


EL DERECHO DEL TRABAJO Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL (RDL 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE)
Por Esperanza Macarena Sierra Benítez

Publicado en boletin adapt español 2/2014 (http://www.adapt.it/boletinespanol/)

En España se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta norma se dicta en aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta última, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, reconociendo que las barreras y los perjuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad[1].
Como señala el Preámbulo del RDL 1/2013, el texto refundido pretende aclarar y armonizar tres leyes de indudable valor para los derechos de las personas con discapacidad, como son la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad; La ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y la mencionada Ley 26/2011. La primera estableció un sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, de accesibilidad y subsidios económicos y una serie de principios que, posteriormente, se incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo. La segunda se centró especialmente en la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal que dio lugar al establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que, posteriormente, se aprobó en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre[2]. Y por último, la tercera y más reciente consideró a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, y a los poderes públicos como sujetos obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
En la configuración del marco legislativo de los derechos de las personas con discapacidad es necesario destacar la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas españolas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, reconociendo el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas españolas de signos, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, que constituye un factor esencial para su inclusión social, y que no se incluye como norma objeto de refundición. 
El Texto Refundido se aprueba en un contexto de fuerte crisis económica, financiera y de empleo que está teniendo un impacto considerable en los derechos de las personas con discapacidad (empleo, autonomía personal, educación, atención primaria y asistencia social).  Los datos estadísticos muestran el aumento desproporcionado de la tasa de desempleo y de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad desde el inicio de la crisis. Estas personas están experimentando más desigualdades en relación al acceso a los servicios sociales y sanitarios (afectados igualmente por la crisis) y, en general, también se están viendo afectadas por los recortes presupuestarios en los beneficios de la Seguridad Social y en el sector educativo[3].
Como novedad, la norma define los tipos de discriminación de los discapacitados y las respectivas sanciones. A las definiciones de discriminación directa e indirecta se suma la discriminación por asociación y acoso. Se entiende que existe discriminación por asociación cuando una persona o grupo es objeto de trato discriminatorio por su relación con una persona con discapacidad (como, por ejemplo, la discriminación a un trabajador que es padre de una persona con discapacidad y solicita un permiso para atenderla). En relación con el acoso, la discriminación lo será con respecto a aquella conducta que pretenda atentar contra la dignidad de una persona con discapacidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante o humillante. La nueva Ley protege especialmente a los menores y a las mujeres con discapacidad, porque son susceptibles de sufrir discriminación múltiple por su situación de acusada vulnerabilidad[4].
En general, se contempla una protección de las personas con discapacidad en todos los ámbitos (igualdad de oportunidades, atención sanitaria, educación y empleo). Concretamente tienen reconocido el Derecho al trabajo en condiciones que garanticen las aplicaciones de los derechos de igualdad de trato y no discriminación. El ejercicio de este derecho lo pueden realizar a través de los diversos tipos de empleo existentes: empleo ordinario (empresas y administraciones públicas), incluidos los servicios de empleo con apoyo; empleo protegido, en centros especiales de empleo y enclaves laborales; y empleo autónomo. La orientación al empleo y colocación en igualdad de condiciones de estas personas que se encuentren en situación de búsqueda de empleo corresponden a los servicios públicos de empleo (directamente o a través de las entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación autorizadas). Para ello los poderes públicos fomentarán el empleo mediante el establecimiento de ayudas que faciliten la inclusión social, y que podrán consistir en subvenciones o préstamos para la contratación, la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de todo tipo de barreras, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras sean adecuadas para promover la colocación de las personas con discapacidad, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social. En relación con la protección social se recoge el derecho a determinados servicios sociales (como los de apoyo familiar; de orientación e información; de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal; de vivienda; centros de día y de noche), así como prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar social.
Según un estudio de la OIT, la exclusión del empleo de las personas con discapacidad supone la pérdida anual entre un 3% y un 7% del PIB. Esto se debe a una pérdida de la productividad, a los ingresos fiscales no devengados y a un debilitamiento del consumo. Como se ha advertido, el hecho de contar con una gran proporción de la población en edad de trabajar en una situación de dependencia genera grandes desigualdades. Las desventajas a las que se enfrentan las personas con discapacidad pueden reducirse en gran medida, o incluso eliminarse en algunos casos, si se superan las barreras existentes en  materia de legislación, política, entornos inaccesibles, transporte, información, comunicaciones y en las ideas preconcebidas, erróneas y estereotipos sobre las habilidades y capacidades de este colectivo. En la actualidad, existen muchas personas discapacitadas desempleadas que preferirían trabajar si tuvieran esa opción y contaran con los debidos apoyos. El texto refundido reúne ese apoyo normativo necesario desde la vertiente de los derechos humanos y los estándares del trabajo decente defendidos en el seno de la Sociedad Internacional.
En conclusión, es un texto que refunde tres importantes normas de protección de los derechos  de las personas con discapacidad que, no obstante, plantea dudas sobre su plena aplicación en el actual contexto de crisis económica y de políticas de austeridad que van a impedir, por ejemplo, que las legislaciones autonómicas puedan hacer efectivas unas prestaciones económicas para las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a dicha situación.
Profesora de la Universidad de Sevilla, miembro del Instituto Europeo de Relaciones Industriales (IERI) y colaboradora de ADAPT.

El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)

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