domingo, 27 de marzo de 2022

CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR ARTÍSTICO (RD-ley 5/2022, de 22 de marzo)

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR ARTÍSTICO (Referencia del Consejo de Ministros, 22 de marzo 2022)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

La Comisión Interministerial para el Estatuto del Artista, desde el mes de septiembre de 2021, está desarrollando trabajos que permiten trasladar a la norma las recomendaciones aprobadas por unanimidad en el pleno del Congreso de los Diputados el 6 de septiembre de 2018 y que están recogidas en el informe de la Subcomisión para la elaboración del estatuto del artista.

Las medidas que se han aprobado suponen un primer avance dentro del conjunto de reformas que se integrarán en el conjunto.

El real decreto-ley moderniza y amplía el concepto de actividad artística haciendo referencia a las "actividades culturales en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales", con lo que elimina el concepto desfasado de "artistas en espectáculos públicos".

Redefinición y protección de la actividad profesional artística

Se amplía la definición de espectáculo público que engloba actividades profesionales relacionadas que no implican, necesariamente, actuar encima de un escenario. La norma aprobada se adapta a la nueva realidad productiva al incorporar al personal técnico y auxiliar que no pertenezca a la estructura fija de las empresas del sector.

De esta manera, la nueva definición de la actividad cultural objeto de la relación laboral especial permite adecuarla a las nuevas realidades culturales, los nuevos formatos y canales de difusión y, en general, nuevas formas y manifestaciones culturales.

También se adapta la legislación a la producción de expresiones artísticas en el entorno web y las nuevas fórmulas de difusión más allá del lugar de actuación y del territorio nacional como puede ser, por ejemplo, el streaming, la difusión online o el podcast.

Actividades técnicas y auxiliares

Se incorporan al real decreto-ley aprobado a la relación laboral especial las actividades técnicas y auxiliares, reconociendo los derechos de un colectivo que se ha demostrado particularmente vulnerable durante la pandemia y especialmente afectado por la contratación fraudulenta como falsos autónomos.

Nuevo contrato laboral artístico

Se crea un nuevo régimen de contratación con una modalidad específica, el contrato laboral artístico. Se trata de un contrato que atiende a las necesidades específicas de un sector, el artístico, que se caracteriza por la intermitencia de su actividad.

La nueva norma también combate la precariedad y la concatenación de contratos de temporada e impulsa su transformación en indefinidos o de tipo fijo discontinuo adaptados a la realidad de la actividad profesional que se desempeñe.

En consonancia con la reforma laboral, se impone la exigencia de acreditar la causa que justifica la contratación y de la duración temporal del contrato, cuyo incumplimiento implica la consideración de contrato indefinido.

Como garantía adicional se prevé expresamente la aplicación de las reglas contra el encadenamiento prolongado de contratos previstas en el artículo quince 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Nuevas indemnizaciones

Se mejora el régimen indemnizatorio de estos contratos. La cuantía se unifica a 12 días para todos los colectivos. Esta cuantía se incrementa a 20 días cuando la duración del contrato exceda de 18 meses.

Las nuevas cuantías desincentivan el uso prologado de la contratación temporal.

Seguridad Social

En el ámbito de la Seguridad Social, en el real decreto-ley se establece que los profesionales de la cultura quedarán exentos del desincentivo incluido en la reforma laboral para los contratos que duran menos de 30 días, debido a la especial naturaleza de las actividades artística, técnicas y auxiliares en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la música, cuyo carácter es más intermitente.

Además, dentro de los compromisos que se establecen en el futuro estatuto del artista y en respuesta a las particularidades del sector, cuyos trabajos están caracterizados por una gran imprevisibilidad y por una corta duración en muchos casos, se contempla una cotización reducida para los autónomos con ingresos bajos del sector artístico.



Bibliografía: 

Valoración: novedad anunciada e importante que incorpora los "nuevos trabajos" en el sector artistico. Estaremos pendientes de su evolución y de su transformación en la era digital y de su desarrollo normativo.

Unión Europea
Consejo de Ministros de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, 4 y 5 de abril 2022

"El Consejo de la UE incluye la industria del videojuego en los sectores creativos prioritarios, a petición de España". Este titular se completa con la siguiente noticia En el orden del día también destacan asuntos como la 'Movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura y de la creación' y el 'Ecosistema de las industrias culturales y creativas'. Según ha expuesto Iceta, el Consejo ha tratado sobre "el fortalecimiento de las industrias culturales europeas". En ese sentido, ha concretado que "queremos mostrar nuestra satisfacción por la inclusión de los videojuegos como parte de la cultura". Desde España "insistimos en que ya que el énfasis europeo es lo audiovisual, los videojuegos se incorporen en plenitud a esas ayudas. Se ha conseguido. En la reunión intentamos hacer más Europa, pero también echar una mano a nuestra industria nacional", ha defendido el ministro.

El Consejo de la UE ha reafirmado la consideración de los sectores creativos, entre ellos el del videojuego, como uno de los ecosistemas prioritarios de la UE. En este contexto se ha invitado a los Estados Miembros a mejorar el acceso a la financiación europea y estatal; estimular el desarrollo y la mejora de habilidades y la capacitación; mantener y reafirmar la soberanía digital europea en la era digital; fortalecer la capacidad exportadora de las empresas culturales europeas; y promover la responsabilidad de las industrias culturales y acelerar la transición ecológica". 


CONVENIO COLECTIVO: 

jueves, 24 de marzo de 2022

Reunión de la Cumple Social Tripartita, 23 de marzo 2022: el impacto social y económico de la agresión militar rusa contra Ucrania

El 23 de marzo de 2022 se reunieron por videoconferencia los miembros de la Cumbre Social Tripartita para abordar las siguientes cuestiones en relación con el impacto social y económico de la agresión militar rusa contra Ucrania:
1- ¿Cómo garantizar la inversión, el crecimiento y el empleo a largo plazo en Europa, al mismo tiempo que se aborda el impacto de la agresión militar rusa contra Ucrania en los precios de la energía, la economía y el empleo?
2- ¿Cómo garantizar una transición verde exitosa para los trabajadores y las empresas europeas en este nuevo contexto?
3- ¿Cuál es el papel del diálogo social para mejorar las condiciones de trabajo, el funcionamiento de los mercados laborales europeos y la formación profesional después de la COVID-19?


-El Presidente del Consejo, Charles Michel, resaltó entre otras cosas el papel de los interlocutores sociales (Gobiernos, empleadores y empleados) para dar una respuesta común y unida a este nuevo desafío como ocurrió durante la COVID-19.
-La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Layen, afirmó que la financiación de la UE está disponible para ayudar a los Estados miembros que acogen a las personas que huyen de Ucrania porque merecen acceso a la protección social, la formación y el empleo.
-El Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, señaló el apoyo al acceso al mercado laboral, la vivienda, la atención médica, la educación y el apoyo social para las personas que huyen de Ucrania. 
-El Presidente de BusinessEurope, Pierre Gattaz, en representación de los empleadores (BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited) manifestó, entre otras cosas, la necesidad de que la UE reconozca que una transición verde exitosa depende de políticas energéticas realistas con plazos factibles. La próxima iniciativa de diálogo social de la Comisión es una oportunidad de oro para fomentar la unidad mediante la mejora de la cooperación entre las autoridades públicas y los interlocutores sociales a nivel nacional y de la UE.

La importancia de esta reunión de la Cumbre Social Tripartita reside en identificar con claridad el impacto social y económico de la invasión rusa de Ucrania. Habrá que estar atentos al papel que represente el diálogo social en esta nueva crisis, y esperemos que se repita la labor exitosa llevada a cabo durante la crisis de la COVID-19. No debemos olvidar la nula relevancia que tuvo el diálogo social y la no participación de la Cumbre Social Tripartita en la crisis financiera del 2008. Llevaremos un seguimiento. 

Fuente /www.consilium.europa.eu


 

 

 

 


viernes, 18 de marzo de 2022

Economía del dato. Espacios de datos en sectores estrátegicos como turismo y salud: Gaia-X

En nota de prensa de hoy, viernes 18 de marzo de 2022, La Moncloa anuncia que el "Gobierno apoya el nacimiento de la Asociación de Gaia-X para que España lidere la economía del dato en Europa". 
Gaia-X es una iniciativa europea cuyo objetivo es la creación de una infraestructura de datos abierta y segura que promuve la innovación. Se trata de un ecosistema digital federado y transparente, donde los datos y servicios digitales pueden estar disponibles, recopilados y compartidos en un entorno de confianza (Fuente). 
Según se dice en la nota de prensa "Con la Asociación Gaia-X España se crea un hub de la economía del dato que permitirá desarrollar el tejido empresarial nacional centrado en la creación de espacios de datos abiertos para promover su compartición de forma segura. La iniciativa se enmarca en la Agenda España Digital que impulsa el Gobierno, que tiene entre sus ejes avanzar hacia una economía del dato, aprovechando las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y el Big Data para que al menos un 25% de las empresas usen estas tecnologías en 2025. Gaia-X es una iniciativa europea privada para la creación de una infraestructura federada y abierta de datos. Se trata de una aportación de la industria a la autonomía digital europea en materia de computación y almacenamiento en la nube, ofreciendo una alternativa segura para que los que producen los datos puedan controlar el acceso a ellos y su reutilización. España se adhirió a este proyecto en 2021 para impulsar la economía del dato en el país. Desde entonces, un grupo promotor formado por 57 entidades del ecosistema de compartición de datos, entre los que hay entidades del sector público, -como administraciones, universidades y centros de investigación e innovación- y del sector privado -tanto grandes empresas como pymes y start-ups, ha trabajado para redactar los estatutos y constituir la asociación". 
Así mismo se añade que "El pasado mes de diciembre, los promotores eligieron Talavera de la Reina como sede oficial de la asociación entre doce candidaturas propuestas. La constitución de la Asociación Gaia-X España, a la que está previsto se adhieran más de 180 entidades, supone a su vez el lanzamiento oficial del hub que cuenta con una página web en la que ha participado la Junta de Castilla-La Mancha".

Reflexión: Estamos ante una iniciativa que busca la autonomía digital europea en materia de computación y almacenamiento en la nube. Nada que decir, por ahora, desde el punto de vista de nuestra dinámica disciplina jurídica, porque estamos ante un tema de "economía del dato".  Es cierto que la tecnología ha sido capaz de unir dos ámbitos desconectados: el mundo físico y el mundo digital. Esta transformación afecta a las personas y a la nueva manera de trabajar en un mundo cuya principal materia prima son ahora los datos (y no los materiales ni los bienes producidos) y, por lo tanto, también afecta al modelo de producción del empleo de las "fabricas inteligentes". Volveremos.

Otros enlaces:

sábado, 12 de marzo de 2022

El "avatar" del trabajador como entidad virtual del contrato de trabajo, por Esperanza Macarena Sierra Benítez (Noticias Cielo, núm. 2/2022)

El pasado jueves 24 de febrero de 2022 la Red Cielo Laboral organizó un seminario y una serie de debates con la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo (ABDT) para tratar diversos aspectos relacionados con la Inteligencia Virtual y el Mundo del Trabajo, concretamente, los impactos de la realidad virtual en los contratos, en el derecho colectivo y sindical y en el proceso laboral. 

Este seminario que está grabado en la página de Youtube de la ABDT ha sido el último evento organizado por su Presidente, el Ministro del TST Alexandre Agra, y la directora, Thereza C. Nahas, que concluyen con este seminario un mandato exitoso en resultados (https://youtu.be/KeRp2ovT7xU) . 

A propósito de los debates que tuvieron lugar el pasado jueves, me gustaría hacer unas breves reflexiones en relación con una de las partes del contrato de trabajo, el trabajador, cuando el trabajo se “realiza” en un entorno digital. 

Ese lugar virtual de trabajo se identifica con el término “metaverso”, es decir, como ha señalado el profesor Raso, con “un espacio al que ingresamos y en el que compartimos actividades con otras personas que actúan en esa dimensión, que además es tridimensional”2 . Entonces, para poder interactuar en ese espacio tridimensional, o sea, en ese lugar de trabajo digital y virtual, es necesario que las partes del contrato construyan su propio avatar. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el avatar como “representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales”. Todos sabemos que en la actualidad las tecnologías, y en concreto la realidad virtual, están expandiéndose con gran rapidez y agresividad en el mundo del trabajo. El trabajo a distancia considerado como una atipicidad del contrato de trabajo por el lugar de la realización de la prestación de servicios se denominó “trabajo a domicilio”. Más tarde, a finales del siglo XX, con la entrada de la crisis del petróleo y el auge de las TICs e Internet, el trabajo tecnológico permitió el desarrollo del teletrabajo, y en estos dos últimos años de pandemia −junto a una incipiente e injusta guerra en Europa− el trabajo remoto como una de las múltiples manifestaciones del trabajo a distancia. En este sentido, el trabajo remoto evoluciona hacia el metaverso y la posibilidad de la realización de la prestación de servicios por el avatar del propio trabajador. 

Si nos acercamos a esa “identidad virtual” del trabajador, solo me cabe preguntar ¿qué consideración jurídica tendría el avatar a efectos laborales? ¿cabe extender la personalidad jurídica del trabajador al avatar? Lo más seguro que estemos pensando que el avatar no es sujeto de derecho y, en todo caso, la persona del trabajador tiene carácter personalísimo. Pero el avatar no es persona física, ni siquiera es persona. En estos casos se le podría atribuir una fórmula intermedia que lo diferencie de las personas, de las cosas y de otras formas de vida como las plantas, igual que se ha hecho con los animales. 

Los códigos civiles de Francia y Portugal han dado una descripción “positiva” a los animales, hasta ahora considerados como “cosas”, pasando a describirlos como “seres vivos dotados de sensibilidad”. En este sentido, me remito a la recién aprobada Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, que entró en vigor en España el pasado 5 de enero de 2022, y que considera a los animales como “seres sintientes”. 

Considero que si dotamos al avatar de una fórmula intermedia en términos similares a lo que se ha hecho con los animales, se podría avanzar y dar respuestas cuando se produjeran incumplimientos por parte del avatar, como por ejemplo en caso de que dicho avatar se “desconfigure”.

De todos es conocido que el asistente virtual controlado por voz creado por Amazon (Alexa) se ha desconfigurado y no tiene un funcionamiento correcto. Alexa es un dispositivo que nos informa sobre contenidos de varios tipos, con información genérica sobre determinadas personas y productos; o bien permite hacer video-llamadas entre diferentes dispositivos o controlar otros dispositivos compatibles con el asistente. Las Alexas Skills constituyen un modelo que puede ayudarnos con diferentes tareas o juegos a través de comandos de voz. 

Otro interrogante sería ¿qué consecuencias tendría para el trabajador, el empleador o la plataforma virtual que el avatar fuera hackeado? Son muchas las preguntas que nos podemos hacer, y no por ello debemos pensar que estamos fantaseando con un futuro que no es real y que forma parte de una típica obra de ciencia ficción. 

En la actualidad son muchas las organizaciones y empresas que están utilizando este espacio virtual. Por los medios de comunicación hemos sabido que el avatar de una trabajadora fue víctima de acoso en una reunión de trabajo ante la pasividad de los restantes avatares. No me cabe la menor duda de que surgirán nuevos frentes en el ámbito del Derecho del Trabajo. Necesitamos una disciplina jurídica “nueva” que por su carácter dinámico puede dar respuesta a todos estos interrogantes, pero desde un ámbito que supere las barreras territoriales de los Estados. ¿Podemos construir un metaverso universal del derecho del trabajo?

Publicado en Noticias Cielo, núm. 2, 2022

AEPD Procedimiento Nº: E/09208/2018

AEPD Expediente Nº: E/07646/2015

sábado, 5 de marzo de 2022

Planes de Movilidad Sostenible al trabajo (Ley de Movilidad-anteproyecto)

En el Consejo de Ministros del 1 de marzo 2022 el ejecutivo aprobó, en primera lectura, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible para iniciar la tramitación del texto articulado con la apertura del trámite de audiencia e información pública.

Según informa La Moncloa "Esta nueva ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, se trata de la reforma 2 incluida en el componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023.

Además, mediante este texto articulado se implementan diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que fue aprobada el pasado 10 de diciembre, que requieren reformas jurídicas con rango de ley, y se da cumplimiento a diversas recomendaciones dadas por la AIReF y otros organismos internacionales.

Finalmente, esta nueva norma contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo".

El anteproyecto de ley establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país, sustentándose en cuatro pilares:

-Un derecho social; Limpia y saludable; Un sistema digital e innovador; Invertir mejor al servicio de la ciudadanía.

Entre las reformas se contempla que "La nueva ley garantiza la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte urbano colectivo mediante un sistema homogéneo para todas las ciudades y predecible en el tiempo. Además, establece la obligación que las administraciones velen por incentivar y promover las soluciones de movilidad más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación "de la ciudad de los coches" a la "ciudad de las personas".

Se introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo

Fuente La Moncloa, 1 de marzo 2022

Enlace pág. web Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

martes, 22 de febrero de 2022

Acuerdo social (31 de julio 24). Consejo de Ministros 22 de febrero 2022 (Empleo, trabajadores autónomos y otras medidas).

ACUERDO SOCIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL TRABAJO, PARA LA REGULACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA PENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON ELEVADA PELIGROSIDAD Y PARA EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LAS MUTUAS CON EL FIN DE RECUPERAR LA SALUD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS (31 de julio 2024). Texto integro (pinchar aquí)

Un uevo acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social y Pensiones. Es el cuarto alcanzado en los años del Ejecutivo de coalición en materia de pensiones, junto a CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.


CONSEJO DE MINISTROS 22 DE FEBRERO 2022 (SMI. IMPULSO PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO, PROTECCIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y OTRAS MEDIDAS. BREXIT

SUBIDA DEL SMI A 1.000 EUROS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2022 y establece las cuantías que deben regir desde el 1 de enero de 2022, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar.

El incremento permite avanzar en el objetivo de que las personas trabajadoras vean reconocido de manera efectiva su derecho a una remuneración equitativa y suficiente, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que lo ha situado en el 60% del salario medio.

En este sentido y durante esta legislatura se ha subido el SMI en los años 2020, 2021 y, finalmente, ahora en 2022, para que alcance el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura, cumpliendo con lo establecido en la Carta Social Europea y en el acuerdo de Gobierno. La subida del SMI ha contribuido a reducir la brecha salarial entre 2019 y 2020 en cerca de cinco puntos según los datos del decil de salarios del empleo principal que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE.

El incremento es fruto del diálogo social y cuenta con el acuerdo de las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

El aumento del SMI contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que permitan alcanzar una mayor igualdad, en especial entre mujeres y hombres, y una mayor cohesión social.

El SMI queda, en virtud de esta norma, fijado en 1.000 euros mensuales distribuidos en catorce pagas, lo que implica una retribución salarial de 33,33 euros al día con carácter general.

Los trabajadores y trabajadoras eventuales y temporeras cuyos servicios no superen los 120 días en la misma empresa percibirán un mínimo de 47,36 euros por jornada legal.

Las empleadas y empleados de hogar deberán percibir un mínimo de 7,82 euros brutos por cada hora efectivamente trabajada.

La subida sigue el dictamen de la Comisión para el Análisis de la Subida del SMI, formada por personas expertas, que elaboró y aprobó por unanimidad un informe la senda del crecimiento del SMI para alcanzar el 60% del salario medio antes de que concluya la legislatura.

El aumento del SMI cuenta con efectos probados y de gran inmediatez a la hora de combatir la desigualdad, la pobreza laboral, la brecha salarial de hombres y mujeres, la precariedad salarial de los colectivos más vulnerables y que cuentan con menos capacidad de negociación.

Beneficia, de forma especial, las personas con menos ingresos laborales, de manera específica a las mujeres y a las personas jóvenes, las que tienen contratos temporales o trabajan a tiempo parcial, en actividades de bajos salarios y en los territorios con menor nivel de desarrollo.

IMPULSO DE LOS PLANES DE EMPLEO COLECTIVOS

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, con lo que la norma inicia ya la tramitación parlamentaria. Este proyecto de ley constituye uno de los hitos del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno se comprometió a cumplir en el primer semestre de 2022 y responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo. El Anteproyecto de Ley de regulación del Impulso de los planes de pensiones de empleo, modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

La norma tiene como principal objetivo elevar la cobertura de los planes de pensiones colectivos, un propósito en el que la negociación colectiva tendrá un papel fundamental. Para ello, el texto facilita la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. El objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes.

Además, el proyecto de ley simplifica los procedimientos para crear planes de empleo, que tienen normalmente unos costes de gestión más bajos.

Entre la primera y la segunda vuelta se han incluido diversas aportaciones procedentes de la audiencia pública, el diálogo social y los órganos consultivos.

En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.000 euros, respectivamente. Con ello, se continúa con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas.

Además, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.

Al margen de ello, el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

También se han establecido importantes incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.

Contribución empresaCoeficienteAportación trabajadorA. máxima*
0-500 euros2,5Hasta 1.2503.250 euros
501-1.000 euros2Hasta 2.0004.500 euros
1.001-1.500 euros1,5Hasta 2.2505.250 euros
Más de 1.5011Igual que la empresa10.000 euros


En todos los casos, los trabajadores pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, tal y como se recoge en la Ley de Presupuestos de 2022.

En esta segunda vuelta también se han incluido modificaciones en los órganos de gobernanza de los fondos de promoción pública. En primer lugar, se han delimitado de forma más precisa las funciones de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial. A la primera le corresponderá la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.

La Comisión de Control Especial se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución. Tras su paso por el diálogo social y los órganos consultivos, se ha mejorado la composición de esta comisión, de una forma más equilibrada, con 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios. Con la nueva composición, se persigue la toma de decisiones por consenso entre las partes, exigiéndose mayoría cualificada para algunas decisiones.

También se han incluido novedades en el régimen de inversiones, añadiendo referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se han definido con mayor detalle los perfiles de usuarios y funcionalidades de la plataforma digital común.

Publicación: Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022 (BOE 23 de febrero 2022, núm. 46)

PRÓRROGA DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL BREXIT
ACUERDO por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE y pasó a tener la consideración de tercer país, tras la ratificación del Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Acuerdo de Retirada), que preveía un período transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por ello, España aprobó el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada.

El real decreto-ley 38/2020 determina en su artículo 2 que las medidas sujetas a un plazo de vigencia dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el Gobierno proceda a prorrogarlo, mediante acuerdo.

Así, tras diversos acuerdos del Consejo de Ministros se ha venido prorrogando la vigencia de determinadas medidas previstas en el citado real decreto-ley. Entre estas medidas está la recogida en el artículo 15, que fijó un periodo transitorio para que los conductores titulares de permisos británicos pudieran seguir conduciendo en España en las mismas condiciones que antes de la finalización del periodo transitorio. Transcurrido este, sería de aplicación la normativa vigente para los permisos expedidos por las autoridades de terceros países. Tras las sucesivas prórrogas acordadas, la vigencia de esta medida transitoria finalizará el 28 de febrero de este año.

A partir de esa fecha, los ciudadanos británicos residentes en España no podrán conducir en España con su permiso británico, salvo que efectúen el canje de su permiso británico por uno español. Para poder efectuar el canje, es preciso que las autoridades británicas y españolas acuerden los requisitos y procedimientos necesarios.

Actualmente, se está negociando un acuerdo bilateral en materia de tráfico que incluye, entre otras materias, la posibilidad de que los ciudadanos españoles y británicos residentes por más de seis meses en Reino Unido o España, respectivamente, puedan canjear su permiso de conducción por uno británico o español, según corresponda, determinándose asimismo las condiciones en que pudieran efectuarse los canjes.

Por ello, mediante este acuerdo se prorroga el plazo de validez de los permisos británicos en España por un periodo de dos meses adicionales, a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2022, en tanto continúa la negociación del acuerdo bilateral, permitiendo durante este periodo a los ciudadanos británicos residentes en España continuar utilizando su permiso de conducción británico.

Esta cuestión no afectará a las personas con permiso de conducción británico que viajan a España por periodos inferiores a seis meses, que podrán seguir conduciendo en nuestro país, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento General de Conductores.

EXTENSIÓN DE AYUDAS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  Y OTRAS MEDIDAS
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA PALMA Y CONTRA LA
VULNERABILIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas de protección para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El primer grupo de estas ayudas tiene como objetivo facilitar la reactivación de la actividad de los autónomos y, de forma análoga a lo que se hizo a partir de octubre, se establecen exoneraciones en las cotizaciones sociales durante los próximos cuatro meses. En concreto, los trabajadores autónomos que venían percibiendo hasta ahora las prestaciones extraordinarias asociadas a la pandemia del Real Decreto-ley 18/2021, más de 110.000 personas, se les aplicará una exoneración de su cotización a la Seguridad Social del 90% en marzo, del 75% en abril, del 50% en mayo y del 25% en junio.

Para recibir estas exoneraciones en la cotización, los trabajadores autónomos deberán permanecer en alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2022.

El segundo grupo de ayudas está enfocado a autónomos que afrontan situaciones especiales: por un lado, a los afectados por la suspensión de actividad por la pandemia y, por el otro, a aquellos perjudicados por la erupción volcánica en La Palma.

En el caso de aquellos autónomos que tengan una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19, recibirán una prestación extraordinaria, por una cuantía del 70% de la base mínima de cotización. También contarán con exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, aunque el periodo se le contará como cotizado. Será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

Además, se prorroga cuatro meses la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se hayan visto obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso tienen derecho a la prestación por cese de actividad hasta el 30 de junio.

Desde marzo de 2020, cuando se pusieron en marcha estas ayudas especiales para autónomos por la COVID-19, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dedicado casi 11.000 millones de euros entre prestaciones extraordinarias y exoneraciones en las cuotas con el objetivo de proteger a este colectivo y facilitar la reactivación de su actividad.

Además, este real decreto-ley también extiende hasta el 30 de junio otras medidas especiales que se tomaron el pasado septiembre por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Así, se prorrogan los ERTE especiales de la isla hasta el 30 de junio, que a día 17 de febrero protegían a 804 trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras tienen protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

También se prorroga cuatro meses más una medida de liquidez para las empresas de la isla, como son los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social, a un interés muy reducido, del 0,5%.

Cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave

Otra de las medidas que incluye este real decreto-ley se dirige a aquellas personas que venían percibiendo la prestación por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente por cáncer u enfermedad grave. En concreto, se refiere a aquellos beneficiarios a los que esta prestación se les hubiera extinguido antes del 1 de enero de 2022, al haber cumplido los 18 años el menor con anterioridad a esa fecha, ya que desde el 1 enero esta prestación de extiende por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años, en caso de persistir la situación.

Con esta medida, estas personas podrán volver a solicitar la reducción de jornada prevista y su correspondiente prestación, siempre que sigan acreditando los requisitos para acceder a ella y el hijo, hija o persona que hubiere estado sujeta a guarda con fines de adopción o a acogimiento de carácter permanente a su cargo no haya cumplido aún 23 años.

Mediante esta norma se proporciona seguridad jurídica, se evitan situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre, tanto para las empresas como para las personas trabajadoras y se garantiza una transición adecuada y completa desde la normativa excepcional de emergencia de respuesta a los efectos de la pandemia a un marco jurídico estable constituido por las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre.

De esta manera, una vez consultadas las organizaciones sindicales y empresariales, el Gobierno extiende los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo, incluidas las medidas para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, así como las medidas complementarias asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con la COVID-19 y que forman parte del VI ASDE, hasta el 31 de marzo de 2022 facilitando, así, una transición a las medidas estructurales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

La experiencia de los últimos meses ha mostrado la importancia y la eficacia del recurso a los ERTE, como mecanismo de flexibilidad interna de las empresas para el ajuste temporal de su actividad, de cara a evitar la destrucción de empleo característica de crisis anteriores. Sobre esta base de esta experiencia, a través de la reciente reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre) se han integrado en el conjunto del sistema de relaciones laborales nuevos instrumentos de garantía del empleo y flexibilidad interna de las empresas, alternativos al despido y la alta temporalidad, con el objetivo de proteger el empleo e impulsar la estabilidad de las relaciones laborales, la inversión y el capital humano.

Esa flexibilidad ha permitido amortiguar el efecto sobre el empleo de una fuerte caída de actividad y han impulsado una rápida recuperación. Actualmente, los trabajadores en ERTE-COVID se sitúan en torno a los 100.000, de los que la mitad trabajan a tiempo parcial, y apenas suponen el 0,6% de los afiliados.

Por sectores, el porcentaje de trabajadores que se mantienen en ERTE-COVID es menor del 8%, a excepción de las agencias de viajes, cuyo nivel se eleva al 28%.

Exoneraciones previstas

Durante el mes marzo, por tanto, estará vigente un modelo similar al actual, con exoneraciones en las cotizaciones sociales del 90% en los casos de ERTE por impedimento y del 60% en los casos de empresas que acogidas a un ERTE COVID y desarrollen procesos de formación y del 30% (empresas de menos de 10 trabajadores) y del 20% (más de 10 trabajadores) para aquellos supuestos en los que no se pongan en marcha planes de formación.

Durante el próximo mes, las empresas y trabajadores tendrán tiempo para adaptarse a los nuevos mecanismos permanentes incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre. Durante ese mes de transición tendrán tiempo adicional para activar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que requieren consultas entre empresa y trabajadores. Durante este plazo también podrán elaborar los planes de formación requeridos.

El mes de transición también servirá para dar respuesta a la petición de activación del Mecanismo RED para el sector de las agencias de viaje.

La entrada en vigor de la reforma laboral abre varias posibilidades de mantener la protección. En cuanto a sectores, el mecanismo RED sectorial incluye exoneraciones del 40%, condicionadas a formación. En este caso la empresa está obligada a presentar un plan de recualificación que incluya la realización obligatoria de acciones de formación para posibilitar la recolocación en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Tiene una duración de un año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

A nivel de empresa existen también dos opciones: ERTE por fuerza mayor, si existen restricciones al desarrollo de la actividad (con un 90% de exoneración) y, ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con un 20% de exoneración si van acompañados de planes de formación.

Protección a las personas trabajadoras

En el mes de prórroga se facilita la transición, en primer lugar, en materia de gestión ya que empresas y personas trabajadoras afectadas no tendrán que hacer ningún trámite ya que la extensión actuará de forma automática.

Se prorrogan hasta el 31 de marzo de 2022 los ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID y se mantienen los mecanismos de protección vigentes como el contador a cero y la exención de periodo de carencia, mecanismos que, a partir de ahora se aplicarán con carácter estructural a los ERTE de Fuerza Mayor previstos en la reforma laboral.

También se prolonga un mes más la prestación extraordinaria para las personas con contrato fijo discontinuo.

Vigencia hasta el 30 de junio

El Plan MECUIDA, que regula el derecho de adaptar y/o reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras para atender a los deberes de cuidado como consecuencia del COVID-19 extiende su vigencia hasta el 30 de junio.

Los ERTE autorizados a empresas afectadas por la erupción de Cumbre Vieja se transforman de forma automática, en ERTE de Fuerza Mayor sin que las empresas tengan que tramitar nueva solicitud, hasta el 30 de junio de 2022.

FUENTE: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. REFERENCIA CONSEJO DE MINISTROS (ESTRACTO)

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

miércoles, 9 de febrero de 2022

Urge proteger la salud de quienes trabajan a distancia (Informe OMS y OIT), Febrero 2022.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han realizado un informe técnico donde instan a adoptar medidas para proteger la salud de los trabajadores que realizan trabajo remoto. 

En este documento exponen los beneficios (mejora del equilibrio entre la vida laboral y la personal, la posibilidad de un horario flexible y de realizar actividad física, la reducción del tráfico de vehículos y del tiempo en desplazamientos, y la disminución de la contaminación atmosférica, todo lo cual puede mejorar la salud física y mental y el bienestar social, puede suponer un aumento de la productividad y una reducción de los costos operativos para las empresas).

Según el comunicado de prensa de la OMS "el informe advierte de que, sin planificación, organización y asistencia en salud y seguridad adecuados, el teletrabajo puede tener repercusiones importantes en la salud física y psicológica y el bienestar social de los trabajadores. Puede derivar en aislamiento, agotamiento, depresión, violencia doméstica, lesiones musculoesqueléticas y de otro tipo, fatiga ocular, aumento del consumo de tabaco y alcohol, exceso de tiempo sentados ante una pantalla, y causan un aumento nocivo de peso". 

El informe indica la importancia del papel que deberían "desempeñar los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, así como los servicios de salud laboral para promover y proteger la salud y seguridad de quienes trabajan a distancia".
(...).

Las medidas que deben poner en marcha los empleadores figuran:
1) velar por que los trabajadores reciban el equipo adecuado para completar las tareas del trabajo;
2) proporcionar la información, las directrices y la formación pertinentes para reducir el efecto psicosocial y de salud emocional del teletrabajo; 
3) formar a los directivos en la gestión eficaz de los riesgos, la gestión a distancia y la promoción de la salud en el lugar de trabajo; y 
4) establecer el “derecho a la desconexión” y días de descanso suficientes. 

Según el comunicado de prensa de la OMS, "los servicios de salud laboral deben estar capacitados para prestar asistencia en salud ergonómica, mental y psicosocial a quienes trabajan a distancia, mediante tecnologías digitales de telesalud".

El informe ofrece recomendaciones prácticas para que la organización del teletrabajo atienda a las necesidades tanto de los trabajadores como de las organizaciones entre ellas:
1) debatir y formular planes de trabajo individuales para el teletrabajo y aclarar las prioridades; 
2) ser claros con respecto a los plazos y a los resultados previstos; 
3) acordar un sistema común que anuncie la disponibilidad para trabajar; y garantizar que los directivos y los compañeros respeten el sistema.

Por último, el comunicado de prensa de la OMS en relación con el informe indica que "Las empresas con trabajadores remotos deben idear programas especiales para el teletrabajo, combinando medidas para la gestión del trabajo y el rendimiento con tecnologías de la información y la comunicación y equipos adecuados, y servicios de salud laboral que presten asistencia en salud general y en salud ergonómica y psicosocial".  

 

El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)

  I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...