miércoles, 21 de enero de 2015

NOVEDADES NORMATIVAS EN LOS CONTRATOS FORMATIVOS (2014)

Las novedades legislativas del año 2014 de los contratos formativos se encuentran recogidas en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 17 de octubre). Se trata de una ley que, además de avanzar algunas medidas de la reforma fiscal, recoge otras centradas en tres ejes fundamentales: a) el fomento de la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; b) la mejora del acceso a la financiación; y c) el fomento de la empleabilidad y la ocupación. Estamos en presencia de una «macro-ley», cuyo contenido se encuentra recogido en 162 páginas en las que se anuncia la recuperación económica en base a los datos económicos favorables del año 2014. Entre la variedad de regulaciones que incluye (por ejemplo, el régimen jurídico aplicable a los «drones» y a las actividades aéreas desarrolladas por estas singulares aeronaves), se encuentra la implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), así como otras medidas para favorecer la ocupación.
El carácter novedoso de esta ley recae en el establecimiento de nuevas medidas para el fomento del uso de los contratos formativos contemplados en el art. 11 ET, cuando estos sean celebrados con personas beneficiarias del SNGJ, es decir, el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación mayores de 16 años y menores de 25 (o menores de 30 años cuando se trate de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%) que puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados. Se trata de un límite de edad máxima, razonable por otro lado, que ha tenerse en cuenta en el momento de la celebración del contrato de trabajo, por lo que dicho límite puede sobrepasarse durante la vigencia del contrato, o incluso al formalizar su prórroga (STSJ Cantabria 9 de sept. 2014, JUR 2014/230664).
Así, respecto al contrato de prácticas se establece una bonificación adicional hasta alcanzar el 100% de incentivo en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes. Esta bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta el 30 de junio de 2016. Y en el caso del contrato para la formación y el aprendizaje, se prevé que la cuantía máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa se pueda elevar a través de la modificación de su regulación.
Otro aspecto novedoso lo encontramos en la declaración que recoge el compromiso de avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los costes inherentes a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del trabajador. La finalidad está muy clara, en cuanto que se pretende dar un impulso a estos tipos de contratos que permita la obtención de formación dual y experiencia laboral.
Por último, no solo se bonifica la cotización del trabajador contratado a través de esta modalidad, sino que se prevé la compensación adecuada de los costes formativos que asume una empresa que apuesta por contratar a un trabajador sin formación o con escasa formación y experiencia. Incluso se regula que los nuevos incentivos por conceptos formativos previstos para los trabajadores inscritos en la Garantía Juvenil se puedan aplicar para reducir las cotizaciones de otros trabajadores que tengan contratados la empresa.
En cuanto a la actividad formativa de esta modalidad contractual, el RD 1529/2012 establecía que cuando una misma empresa realizara estos contratos en más de una Comunidad Autónoma, correspondía al Servicio Público de Empleo Estatal la autorización del acuerdo para la actividad formativa, por lo que el seguimiento y evaluación de dicha actividad formativa sería realizada por el mencionado Servicio Estatal. Esta previsión fue declarada inconstitucional mediante STC 13 de febrero de 2014 tras un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña. Finalmente, cabe mencionar que algunas de las reglas transitorias previstas en la DT de la Ley 3/2012, básicamente dedicadas al contenido de la actividad formativa y a su financiación, se han prorrogado para los contratos que se suscriban hasta el 31 de diciembre de 2015 (Disposiciones transitorias 7ª y 8ª Ley 3/2012, esta última modificada, entre otras, por DF 2ª RDL 16/2014).
Los últimos datos estadísticos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en cuanto a cifras de contratación en los últimos seis años (2008-2014) demuestran que los contratos de formación han duplicado su importancia en la generación de nuevos empleos, y han aumentado un 54% a nivel nacional en términos absolutos. Este dato es importante, teniendo en cuenta que el total de contratos firmados en 2008 con respecto al mismo período de 2014 ha experimentado una disminución del 9% (período entre enero y mayo de 2008 en relación con el mismo período de 2014) según el informe Randstad 2008-2014 publicado el 25 de junio de 2014. En el año 2014 se ha registrado el mayor aumento de contratos indefinidos a menores de 25 años desde 2008, concretamente un 54,3% respecto a 2013, con 11.720 contrataciones más (Ánalisis Randstad, 19/01/2015). Y, por lo tanto, dado que seis de cada diez contratos de formación se firman por profesionales con estudios secundarios, y un 27% dispone de estudios primarios, sería muy conveniente que los contratos de formación y aprendizaje promovidos internamente por la empresa tuvieran carácter indefinido, puesto que la empresa forma a un trabajador para que pueda desarrollar una carrera profesional dentro de ella. En otros casos, la temporalidad se debería mantener para aquellos otros contratos promovidos externamente, por ejemplo mediante convenio de colaboración con instituciones educativas (Observatorio económico -BBVA, Fundación Sagardoy- 13/11/2014).  En cuanto al contrato en prácticas, por el contrario, no ha experimentado subida alguna, sino que ha pasado de los 62.793 del año 2008 a 48.481 en el año 2013 (Fuente SEPE, a noviembre de 2014). Esto puede ser debido a la puesta en marcha por las empresas de una política orientada a las prácticas no laborales dotadas de importantes bonificaciones a la Seguridad Social que permiten obtener, en su caso, un reclutamiento más flexible de titulados. Este sería el caso, por ejemplo, de la bonificación del 100% en la cotización a partir del 1 de agosto de 2014, en los supuestos de realización de prácticas académicas curriculares por los estudiantes universitarios y los estudiantes de formación profesional cuando medie alguna retribución, en su condición de personas asimiladas al alta a los efectos de su integración en la Seguridad Social (DA 25ª Ley 18/2014). No obstante, comenzado el año 2015 las perspectivas económicas son más esperanzadoras, por lo que cabe esperar que sean contratos que cubran la finalidad de su regulación: la formación práctica, en el caso de los contratos en práctica, y la formación teórica y práctica en el caso de los contratos de formación y aprendizaje cuyo componente formativo dote al trabajador de las necesarias competencias y habilidades profesionales para su conversión en contratos indefinidos.
(Publicado en el Boletín ADAPT Internacional, Boletín 1/2015)


domingo, 11 de enero de 2015

SIGLO XXI ¿Derecho del trabajo versus derecho del empleo?

Siglo XXI: ¿Derecho del Trabajo versus Derecho del Empleo? 

Cada vez parecen marcarse con más claridad las líneas divisorias entre el mundo «occidental», en su mayor parte rico y desarrollado, y los países en vías de desarrollo, por lo general densamente poblados. La crisis financiera y económica de los países occidentales es imparable ante el auge de la fuerza de trabajo masificada de países emergentes con escasa tradición democrática, o con un debilitado o inexistente Derecho del Trabajo. China es el prototipo de esto último, pero se trata de un país que se convertirá en la nueva primera potencia mundial, y con el que hay que negociar acuerdos comerciales y económico-financieros. Hace un par de años tuvieron gran repercusión unas declaraciones de Juan Roig, presidente de Mercadona y empresario de éxito, sobre los bazares chinos, a los que describió como “ejemplo de la cultura del esfuerzo que los españoles hemos perdido”. Nada que objetar a salir de la crisis con esfuerzo y trabajo, pero no debemos caer en la tentación de intentar competir con países emergentes que disponen de mano de obra ingente y barata con sus mismas armas. Para ser competitivos, los países desarrollados deben apostar por aumentar la productividad, pero siempre a través de la formación, el conocimiento y la especialización. 
La deuda y el déficit públicos atenazan a los países de la vieja Europa. La zona mediterránea parece la más perjudicada, con una importante deuda pública y unas considerables cifras de desempleo, siendo el colectivo de los jóvenes el más perjudicado. Aunque en términos macroeconómicos se habla de que España está saliendo de la crisis económica, la creación de empleo neto es aún extremadamente débil y, como expone el Profesor Gimeno Díaz de Atauri, los puestos de trabajo que se están creando son en su mayoría precarios. La reforma laboral de 2012 justificó la flexibilidad del ordenamiento laboral con el objetivo de establecer una economía más fuerte y más fácilmente recuperable de los grandes avatares financieros. Es significativo el hecho de que el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social pasara a denominarse Ministerio de Empleo, ya que el Derecho del Empleo parece prevalecer sobre un Derecho del Trabajo debilitado ante la presencia de unas cifras de desempleo alarmantes. Ante las últimas reformas que han afectado al contrato de trabajo y que parecen apostar por la precariedad del empleo y la creación de puestos de trabajo de baja cualificación profesional y/o pocos formados, coincidimos con la Profesora Igartua Miró en que debemos defender el carácter esencial e irrenunciable de la función tuitiva de nuestra disciplina. 
Por todo esto, cuando la Directora y la Secretaria de esta revista me propusieron coordinar este número, y me planteé qué lema tratar y transmitir a los autores, me pareció adecuado presentar este «enfrentamiento», ya que el Derecho del Empleo constituye un peligro real que amenaza con engullir al Derecho del Trabajo. Las instituciones clásicas del Derecho del Trabajo permanecen inalteradas, frente a un Derecho del Empleo potente y dinámico. El contrato a tiempo parcial, con sus interminables reformas, no deja de ser un contrato que desde el punto de vista formal se ha presentado como el más flexible y, como apunta la profesora Martínez Moreno, como una medida de apoyo a la inserción laboral de los jóvenes. Pero debe ser un contrato deseado y deseable por la población trabajadora y no un medio poco menos que inevitable para conseguir un empleo ante la escasez de trabajo. En busca de soluciones a los graves problemas del mercado de trabajo español, es normal que estudiemos o analicemos lo que hacen otros países con menos problemas laborales, por lo que no es casualidad que el empleo en Alemania sea un tema presente en la mayoría de los artículos y contribuciones de este número. En consonancia con el pragmatismo que le caracteriza, este país acometió una serie de reformas laborales en el año 2003 como consecuencia de la unificación alemana y, como los Profesores Ojeda Avilés y Gutiérrez Pérez, nos preguntamos si esas exitosas medidas son trasladables a otros países de Europa con sistemas de regulación laboral menos flexibles o adaptables. Por su parte, el Profesor Däubler nos presenta un magnífico estudio sobre las políticas de desregulación de materias de Derecho del Trabajo en su país, y realiza una interesante reflexión: la desregulación va acompañada de un proceso de regulación que también ha traído ciertas ventajas, como los beneficios de la reducción de jornada o el establecimiento del salario mínimo. La aportación de la Profesora Velasco Portero sobre la implementación de la Garantía Juvenil en Alemania nos permite conocer más de cerca las políticas que han permitido su implantación con éxito, frente a la experiencia de otros países como Italia, tratada por Giulia Rosolen, que habla sobre la «inaplicable» e ¿inoperante? Garantía Juvenil en Italia. Tampoco nos olvidamos del punto de vista empresarial, representado, si bien es cierto que de forma testimonial, por Felipe Rubio, responsable de RRHH de Airbus España, que defiende la importancia de la negociación colectiva en esta gran empresa, y la necesidad de flexibilidad empresarial para alcanzar unos niveles de productividad y de empleo aceptables en un mundo competitivo. Los investigadores Sánchez-Castañeda y Rueda Rodríguez exponen como al otro lado del océano en el continente americano, otro gran país densamente poblado, México, se debate ante la necesidad de permitir un sindicalismo más real y que detecte los problemas de los trabajadores de acuerdo con los estándares «inalcanzables» de una sociedad moderna. 
En definitiva, todos estos trabajos han contribuido a la interrogante del lema de este número, cuyas contribuciones invito a leer detenidamente con actitud crítica. Por mi parte deseo agradecerles a todos sus aportaciones, dado que no me cabe la menor duda de que en cuanto la economía y el empleo se ajusten y «equilibren», podremos decir que el Derecho del Trabajo ha hecho posible que el Derecho del Empleo sea una
disciplina que conviva con los estándares y principios clásicos del primero.

Esperanza Macarena Sierra Benítez
Coordinadora del número 2/2014 RDSyE
Profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Universidad de Sevilla
emsierra@us.es 
(Publicado en el número 2/2014, de la Revista Derecho Social y Empresa, diciembre de 2014)

martes, 16 de diciembre de 2014

El Acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo (PEA)

Ayer 15 de diciembre se firmó el Acuerdo sobre el Programa Extraordinario de Activación para el empleo entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los representantes de los empresarios (CEOE, CEPYME) y de los trabajadores (CCOO y UGT). El mismo tiene como finalidad facilitar la reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares y con mayores dificultades de colocación. Este acuerdo es un programa de activación para el empleo con un contenido específico de orientación, formación, recualificación y/o reconocimiento de la experiencia laboral que va acompañado de una medida de protección. Para ello se requiere el pleno compromiso de las Comunidades Autónomas, dado que son las principales competentes para la ejecución de las políticas activas y las responsables últimas del diseño de las medidas para la activación de los beneficiarios del Programa. Los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA deberán definir el itinerario de inserción del desempleado ajustado a sus características, necesidades individuales y oportunidades del entorno, así como realizar el correspondiente seguimiento y control de su evolución y de voluntad de activación. Por ello deberán actuar como verdaderas agencias de colocación tal como lo vienen realizando países con una alta tradición al respecto como, por ejemplo, Alemania. El beneficiario de este programa recibirá una prestación económica de 426 euros siempre y cuando asuma y acredite un compromiso de actividad. Es decir, deben suscribir en el momento de la solicitud de participación en el programa un compromiso de actividad en virtud del cual realizarán las acciones que determinen los Servicios Públicos de Empleo o las agencias de colocación que actúen en colaboración con aquéllos (búsqueda activa de empleo, participar en las acciones de políticas activas de empleo y búsqueda de empleo que les propongan los mencionados Servicios en el marco del itinerario personalizado de inserción, no rechazar ninguna oferta adecuada de empleo, acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos durante todo el desarrollo del programa). Respecto a las características de las medidas de activación nos llama la atención el recurso al autoempleo y el emprendimiento en el sentido que las actuaciones a realizar en el desarrollo del Programa pueden ser de orientación profesional e intermediación, de formación o reconocimiento de la experiencia profesional además del asesoramiento al autoempleo. Con ello el legislador lo que está indirectamente reconociendo la imposibilidad tanto del sector público como del privado para crear empleo neto por cuenta ajena. De ahí que se prevea la posibilidad de compatibilizar la participación en el programa y la percepción de la ayuda de activación. No obstante se prevé la contratación del beneficiario por parte de la empresa (tiempo completo o parcial) que podrá ser objeto de incentivos adicionales para el empleador. También se contemplan una serie de acciones complementarias a nivel estatal como diseñar un contrato con agencias de colocación dirigido a la inserción de los beneficiarios para dotarlos de prioridad en las acciones formativas financiadas a nivel estatal. En este sentido los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 van a tener una ampliación de fondos destinados a políticas activas (16,8%, que alcanza el 25% en el caso de los recursos que van a ser objeto de transferencia a las Comunidades Autónomas). Este programa estará vigente desde el 15 de enero de 2015 hasta el 15 de abril de 2016. Aplaudimos esta iniciativa que esperamos sea efectiva y contribuya a que la sociedad española alcance unos niveles óptimos de formación y de empleabilidad. Se estima que serán más de 400.000 desempleados los destinatarios de esta ayuda que esperamos permita dotar a cada desempleado de un itinerario razonable y personalizado para llevar a cabo una búsqueda activa de empleo real que vaya más allá de los imprescindibles, pero no por ello suficientes, 426 euros. Sevilla a 16 de diciembre de 2014

martes, 15 de julio de 2014

LOS CONTRATOS FORMATIVOS Y EL EMPLEO DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA

Los contratos formativos (contrato en prácticas y contrato para la formación y el aprendizaje) son contratos de trabajo regulados en la normativa española en el art. 11 del Estatuto de los  Trabajadores (en adelante ET). La diferencia principal entre ellos radica en que para su celebración dependen de que el joven tenga o no titulación que le habilite para el ejercicio profesional. Son contratos con un fuerte componente formativo que persiguen dotar al joven de una formación práctica o experiencia profesional en unos casos, y de una formación teórico-profesional en otros. La causa de la temporalidad del contrato es la carencia del componente formativo del joven para desempeñar un puesto de trabajo concreto. Este contrato regulado en el ET de 1995 ha tenido una serie de modificaciones cuyo período más activo es el comprendido entre 2010 y 2013. De todas las modificaciones recobra un especial interés el desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje contemplado en el RD 1529/2012, de 8 de noviembre, donde se establecen las bases de la formación dual.
    Estos contratos son valedores de una importante política de bonificaciones reguladas en la reforma de 2013 (Ley 3/2012), si llevan consigo la transformación en contratos indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial y la incorporación al mundo laboral de jóvenes sin experiencia profesional. Desde el año 2010 existen una serie de medidas y reformas que tratan de facilitar la creación de empleo neto, sobre todo juvenil. La Ley 35/2010 dotó a los contratos de aprendizaje de una función de inserción laboral junto a la formativa. No obstante, no contribuyó a la estabilización del mercado de trabajo y a la reducción de la pérdida de empleo, aunque entre octubre de 2009 y mayo de 2010 hubo un repunte de conversión de contratos temporales en indefinidos, y de firma de contratos de formación y de contratos en prácticas. 
    Posteriormente la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo,incorporó alta dosis de flexibilidad en el marco de las relaciones laborales, pero no cubrió las expectativas inicialmente despertadas sobre la solución de los problemas del desempleo juvenil y la destrucción del empleo. En el año 2013 se inició una segunda generación de reformas estructurales: la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013/2016, y el año 2014 ha arrancado con la convalidación del RD-ley 16/2013, de 20 de diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Esta es una norma dirigida a facilitar la formalización de contratos de trabajo en prácticas para mejorar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, e introduce cambios en materia de contratos que pueden ser realizados por las empresas de trabajo temporal, con la finalidad de aumentar las contrataciones de jóvenes cualificados, pero sin experiencia asociada a dicha cualificación. Igualmente, introduce de nuevo cambios en el contrato para la formación y el aprendizaje, dado que son contratos que se están convirtiendo en un medio para la formación e inserción laboral de los jóvenes. 
    Según la OIT, en España el índice de desajuste de las competencias aumentó entre 2002 y 2010, y refleja un empeoramiento de la posición de los trabajadores desempleados con un nivel de educación bajo. Esto significa que es necesario orientar políticas de empleo para promover el empleo juvenil que faciliten la transición de la escuela al trabajo como, por ejemplo, la inversión en educación y en formación para la empleabilidad. El aprendizaje dual es un sistema de probada eficacia de promoción del empleo juvenil que explica los bajos niveles de desempleo joven en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza (OIT: Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013; Ginebra 2014). Esto se ha tenido en cuenta en la reforma laboral española, que ha impulsado el contrato para la formación y el aprendizaje que facilita que los jóvenes adquieran formación oficial y experiencia retribuida (formación dual). 
    En un reciente informe publicado por Randstad sobre los contratos de formación firmados entre enero y mayo del periodo 2008-2014 demuestran que éstos duplican su peso en la generación de nuevos empleos desde 2008 (http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/randstad-25-06-2014). Estos contratos suponían en el año 2008 el 0,5% del total de empleos generados, mientras que en el 2014 representan el 0,9%. Respecto al nivel de formación de los jóvenes se dice que seis de cada diez contratos de formación se firman por profesionales con estudios secundarios, y un 27% dispone de estudios primarios. Respecto a 2008, la firma de estos contratos de formación aumenta un 54%, desde los 34.800 hasta los 54.600 en el acumulado de enero a mayo. No obstante, hay un dato que entendemos importante y es que el total de contratos desciende un 9%, ya que baja desde los 6,8 hasta los 6,2 millones. Es decir, tenemos que retornar al problema principal que afecta a la Europa Mediterránea, que es el tema del desempleo o la falta de ocupación de empleo juvenil, donde España finalizó el año 2013 con la segunda tasa de desempleo más elevada de Europa, el 42,4% de menores de 30 años (frente a la tasa media europea situada en el 20%). Otro dato importante que incorpora el informe es el peso del contrato de formación en las comunidades autónomas. Las comunidades o regiones donde este tipo de contratación tiene mayor importancia en la creación de empleo son Canarias (1,9% del total de contratos), Valencia (1,3%), Andalucía y Galicia (1,1%), frente a las comunidades autónomas de menor incidencia como La Rioja (0,1% sobre el total), el País Vasco y Navarra (0,2%), y Aragón (0,3%). Al respecto llama la atención que las comunidades donde se ha experimentado mayor contratación son aquéllas donde el sector servicios y, en concreto, la hostelería y el turismo son los grandes motores de la economía española, frente aquellas otras más industrializadas o con menor incidencia del turismo. 
  Finalmente, y a modo de conclusión, debemos tener en cuenta que los contratos de formación y aprendizaje son los que más han aumentado desde el último año (un 79%), y los de prácticas han subido en enero de 2014 más del doble que en enero de 2013. Sin embargo, consideramos preocupante que sólo el 20% de los contratos en prácticas y de formación hayan pasado a un contrato indefinido (a enero de 2014). Y, sobre todo, porque el aumento de contratos se está produciendo en los de modalidad temporal (en enero de 2014 representan el 91% de todos los que se firmaron). Entendemos que existen varias razones que justifican este aumento. Una jurídica, en el sentido de que existen nuevas sub-modalidades de contratos precarios “sin causa”, como por ejemplo el contrato de primer empleo joven o “fraudulento”, o el contrato indefinido de fomento del emprendimiento, junto con el fomento del auto-empleo y del emprendimiento. Otra razón es de contenido económico, debido a los desequilibrios macroeconómicos de 2013, donde el PIB registró tasas inter-trimestrales negativas en los dos primeros trimestres (-0,3% y 0,1% respectivamente); la contracción de la actividad como consecuencia de la reducción de la demanda interna, y una recuperación lenta en 2014 debido, entre otros motivos, al elevado endeudamiento de hogares y empresas no financieras. Y, por último, existe una razón real: adecuar la formación a las verdaderas necesidades, y dotar al sistema de un mayor control ante el aumento de la escasez de trabajo regular, sobre todo para evitar el abuso de este tipo de contratación que lo que hace es precarizar el empleo juvenil.

(Texto publicado en http://www.adapt.it/boletinespanolo_nuovo/?page_id=62) Boletín ADAPT Internacional, n.2/2014).

lunes, 3 de marzo de 2014

Breve referencia al RDley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas para el fomento del empleo y la contratación indefinida (BOE 1 de marzo)

BREVE REFERENCIA AL REAL DECRETO-LEY 3/2014, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (BOE 1 DE MARZO): LA TARIFA PLANA REDUCIDA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES PARA NUEVAS COTIZACIONES SOCIALES

En pleno"puente" de Andalucía, otro sábado más, se publican unas medidas de fomento del empleo con finalidad de fomentar la contratación indefinida. En este caso la medida "estrella" consiste en la reducción de las cotizaciones sociales para favorecer la creación neta de empleo estable. Esta reducción se articula a través del estabecimiento de una tarifa plana reducida de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones indefinidas que mantegan el empleo neto durante al menos tres años. El Gobierno entiende que, una vez acometidas las medidas estructurales más urgentes para lograr la imprescindible estabilidad macroeconómica y que la actividad económica ha retornado a tasas de crecimiento positivas, es necesario acelerar la recuperación y la creación de empleo. 
Debemos recordar que la disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, dió lugar a una nueva redacción al TRLGSS pasando a computarse en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social una serie de conceptos retributivos hasta entonces excluidos de la misma, y a computarse en su integridad otros conceptos que con anterioridad tenían establecida alguna limitación a tal efecto. Esta modificación entró en vigor el  22 de diciembre de 2013, afectando a la liquidación de las cuotas del Régimen General devengadas a partir de ese mismo mes. No obstante, ante las protestas por parte de la patronal, poco tiempo más tarde se autorizó la ampliación del plazo de liquidación e ingreso de los mismos correspondientes a los períodos de liquidación de diciembre de 2013 a marzo de 2014. Y, por lo tanto, los referidos conceptos podrán ser objeto de liquidación complementaria e ingreso, sin aplicación de recargo o interés alguno, hasta el 31 de mayo de 2014.
Por lo tanto, no es causalidad que precisamente en estas fechas y coincidiendo con el debate del "Estado de la Nación" se anuncie este tipo de medida, a mi entender, más política que efectiva y que supone un estímulo a la contratación estable sin saber qué repercusión, directa o indirecta, puede tener sobre los contratos indefinidos existentes. De nuevo, el Gobierno utiliza el mecanismo conocido del Real Decreto-ley, la publicación en el BOE del sábado y la entrada en vigor al día siguiente, es decir, en domingo. Los medios de comunicación se han encargado de anunciar que la medida permitirá a las empresas contratar nuevos trabajadpres con menor cotización mientras despiden a los antiguos por causas económicas. En este sentido las empresas se podrán beneficiar de la medida sin crear empleo nuevo (véase el artículo de El Pais del 2 de marzo, Manuel V. Gómez, http://economia.elpais.com/economia/2014/03/01/actualidad/1393706276_735988.html), si bien es cierto es posible que se estimule la contratación estable frente a la temporal. Por otro lado, a la medida se podrán pacoger todos los empresarios, incluyendo a los autónomos que contraten asalariados por lo que la medida sólo afecta a la cuota patronal por contigencias comunes (23,60% del salario bruto del trabajador). El resto de las cotizaciones de los nuevos contratos indefinidos deben abonarse en los mismos términos que en la actualidad. Por la parte obrera la cuota por contingencias comunes seguirá siendo la actual del 4,70%.  Igualmente el resto de las cotizaciones como el desempleo (total del 0,7% del que el 0,60% corresponde a la empresa y el 0,10 al empleado); el Fogasa (0,20% correspondientes al empresario en su totalidad); accidentes de trabajo (según peligrosidad). En definitiva, un total del 6,3% del salario bruto del trabajador. Mientras tanto estamos a la espera de los resultados esperando que las estadísticas sean conforme a la creación de empleo neto. Lo importante es que  los resultados sean realmente favorables y que no supongan un mayor desequilibrio en la contratación dual del mercado de trabajo español.


viernes, 21 de febrero de 2014

ACUERDOS DEL CONSEJO DE MINISTRO 21 DE FEBRERO 2014

CONSEJO DE MINISTROS VIERNES 21 DE FEBRERO

APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. Entre otros, incluye como beneficiarios los sindicatos y las asociaciones de discapacitados o de consumidores y Cruz Roja, con independencia de sus ingresos. Se mantiene el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en la primera instancia del orden Social. Además, el texto incorpora la posibilidad de que la representación en procedimientos laborales pueda recaer en graduados sociales. En los casos en los que son los trabajadores los que recurren en suplicación tendrán una bonificación del 60 por 100 de la tasa prevista. El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el Salario Mínimo (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33 euros). En familias de cuatro o más miembros la referencia pasa de dos veces el Salario Mínimo a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros). Circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad tendrán cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950,65 euros). El texto aprobado hoy eleva el umbral para que puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950 euros), mientras que antes para poder acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170 euros). Como señala la nota de prensa, el Proyecto de Ley incorpora a los colectivos vulnerables y la elevación de umbrales previstos en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de 13 de enero de 2013. Para evitar cualquier perjuicio al ciudadano se adelantó la entrada en vigor de este beneficio a través del Real Decreto Ley del 22 de febrero de 2013, por el que se modificó el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica. El texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros introduce la posibilidad de que el beneficiario de la justicia gratuita elija qué prestaciones de las previstas en este derecho desea obtener, lo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas podrá hacerles evitar el pago de la tasa correspondiente, pero ser representadas por un abogado de su elección y no por uno de oficio, si así lo desean. Las prestaciones que comprende el derecho a la justicia gratuita son: asesoramiento y orientación, así como información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales; asistencia y representación gratuita de abogado y procurador; inserción gratuita de anuncios o edictos; exención del pago de tasas y depósitos; asistencia pericial gratuita; obtención gratuita de copia, testimonio, instrumentos y actas notariales, y reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que les sean requeridos por el órgano judicial. Por primera vez, la Ley recoge expresamente a los imputados y a los reclamados por euroórdenes, ya que hasta ahora la norma sólo mencionaba a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos.
(Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140221.htm#JusticiaGratishttp://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140221.htm#JusticiaGratis)
 
MODIFICADAS VARIAS DISPOSICIONES SOBRE CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y LA PROFESIÓN DE ABOGADO POR LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA: (RD por el que se adaptan determinadas normas en el ámbito del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, con motivo de la adhesión de la República de Groacia, y por el que se modifican determinadas normas relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales). 
El Real Decreto modifica el RD del 8 de noviembre de 2008 por el que se incorporaron al ordenamiento jurídico español dos Directivas comunitarias de 2005 y 2006 relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos de la profesión de abogado. Se modifica el Real Decreto con los siguientes objetivos: 1) Adecuar sus disposiciones a los requisitos comunitarios en materia de libre prestación de servicios; 2) Transponer parcialmente otra Directiva comunitaria, ésta del 13 de mayo de 2013, concerniente a las modificaciones que, por la adhesión de Croacia a la Unión Europea, se realizan en Directivas comunitarias de 2005, 1977 y 1998; 3) Se incluye, además, el cuadro de "Oncología médica" y de "Genética médica" del Anexo del Reglamento comunitario de 2011 por el que se modifican los anexos II y V de la Directiva de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales; 4) Se incluye la profesión de "delineante" en la relación de profesiones del artículo 19.2, para cuyo acceso es necesario poseer un certificado expedido por la autoridad competente que acredite la superación de un ciclo de estudios secundarios, modificando el nivel formativo que hasta ahora tenía asignado.
Igualmente se modifica el RD de 21 de marzo de 1986 por el que se desarrollaba una Directiva comunitaria de 1977, encaminada a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios de los abogados. Y RD del 3 de agosto de 2001, por el que se regulaba el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea.
(Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140221.htm#Croacia

DISPOSICIONES SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen determinadas disposiciones sobre el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.
Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2014/refc20140221.htm#Sufragio

 

sábado, 8 de febrero de 2014

UNIÓN EUROPEA: NUEVO ESCENARIO DE LA ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA (RD 81/2014)

Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación (BOE 8-02-2014).

En el BOE de hoy se ha publicado la transposición de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Esta norma tiene como objetivos garantizar la movilidad de los pacientes, establecer unas reglas para facilitar su acceso a una asistencia sanitaria segura y de alta calidad en la Unión Europea, y promover la cooperación en materia de asistencia sanitaria entre los Estados miembros, respetando plenamente las responsabilidades de éstos en la organización y prestación de dicha asistencia. 

El nuevo marco de la directiva significa, en síntesis, un incremento de las garantías de calidad y seguridad para los pacientes-usuarios, pero también la introducción de la liberalización en el sector, lo que conlleva una oportunidad para la sanidad privada y un reto para el sector sanitario público, que en cualquier caso deben respetar los valores esenciales de universalidad, acceso a una atención sanitaria de elevada calidad, equidad y solidaridad, para los pacientes y ciudadanos con independencia de su Estado miembro de afiliación. Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas deberán hacer frente, por un lado, al posible incremento de pacientes provenientes de otros Estados miembros y, por otro, habrán de rembolsar los gastos de los afiliados que decidan ser atendidos en otro Estado de la Unión.

La Directiva que se transpone tiene como objeto aclarar las relaciones de asistencia sanitaria transfronteriza que regula, con el marco existente de coordinación de los sistemas de Seguridad Social contemplados en los Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009.  No obstante se presentan importantes diferencias en la aplicación de las referidas normas. Así en el caso de la aplicación de la Directiva, son los pacientes los que tienen que anticipar el pago de la asistencia sanitaria recibida que reeembolsarán posteriormente, según los casos. La Directiva es aplicable a todos los proveedores de asistencia sanitaria, públicos y privados, mientras que los Reglamentos solo coordinan sistemas de Seguridad Social. En materia de asunción de gastos derivados de la asistencia por los Estados obligados a ello, tiene como límite la cuantía que habría asumido dichos Estados si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la asistencia prestada. El reeembolso de gstos se limita a la asistencia sanitaria establecida en el Servicio Nacional de Salud y, en su caso, el de la CCAA correspondiente. Y, por último, se limita la opción del libre derecho a la asistencia tranfronteriza, en algunas prestaciones, que se someten a autorización previa.

Buena lectura: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1331

El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)

  I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...