Est
http://www.ucentral.cl/doctora-esperanza-sierra-analizo-el-brexit-como-fenomeno-que-descuida/prontus_ucentral2012/2017-08-08/154114.html
El Blog del Derecho del trabajo, del teletrabajo y del trabajo remoto. Y de todos los que queremos aprender...
martes, 8 de agosto de 2017
martes, 31 de mayo de 2016
SOBRE LA PROPUESTA DEL PILAR DE DERECHOS SOCIALES: EL EMPLEO JOVEN Y EL EMPLEO DIGITAL*
La Unión Europea
está haciendo un gran esfuerzo para superar la crisis y crear las condiciones propicias
para una economía más competitiva que genere empleo. La Estrategia Europea 2020
recoge entre sus objetivos alcanzar empleo para el 75% de las personas de 20 a
64 años. En España, la situación de crisis alcanza con más virulencia al
colectivo de los jóvenes. Según datos del Consejo de la Juventud de España (CJE,
julio 2015) el desempleo juvenil se sitúa en el 51’8% (año 2015) y más de
200.000 personas jóvenes han emigrado desde el comienzo de la crisis. Este
colectivo reclama la necesidad de incrementar la inversión en educación y en
políticas familiares y de vivienda que contribuyan a la reducción del desempleo
juvenil. La iniciativa europea de Garantía Juvenil pretende facilitar el acceso
de los jóvenes al mercado de trabajo, así como que éstos puedan recibir una
oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o
quedar desempleados. No obstante, el sistema nacional de Garantía Juvenil debe
aún demostrar su eficacia en el fomento del empleo juvenil (véase el documento
de trabajo: Comisión Europea [COM(2015)85 final]) y, en otro orden, las
modificaciones normativas que han flexibilizado la
contratación han contribuido al aumento de la precariedad en este colectivo.
Por otro lado,
tampoco las formas de inserción de los jóvenes en el mercado laboral ajenas a
la contratación laboral (emprendimiento y las prácticas no laborales) han
contribuido a reducir significativamente la tasa de desempleo juvenil.
Entendemos que el problema de la falta de empleo está, como reconoció la propia
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internalización, en “la falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena”. En
realidad, el trabajo asalariado es escaso y muchas necesidades de prestaciones
de servicios se están canalizando mediante nuevas formas de empleo (empleos
compartidos, trabajos compartidos, gestión provisional, trabajo ocasional,
trabajo móvil basado en las TIC, programas de vales a cambio de trabajo,
trabajo para diversas carteras, trabajo repartido entre numerosas personas,
empleo colaborativo según la clasificación realizada por Eufound, 2015).
Estas nuevas formas
conducen a una situación de anomia laboral y, por lo tanto, a la gran
transformación del trabajo como consecuencia de la revolución digital del Siglo
XXI que necesitan ser considerados desde el punto de vista jurídico-laboral. Se
trata de una nueva era que, a efectos laborales, conduce a estudiar el tránsito
de la dependencia industrial a la dependencia digital, y que socialmente supone
uno de los retos a incluir dentro del pilar europeo de derechos sociales para lograr
la protección de estos trabajadores en la UE. Igualmente, las cambiantes
realidades sociales europeas no sólo obligan a plantear nuevas políticas de
conciliación laboral y familiar (por ejemplo, el “flexiworking” implantado en
el grupo Santander) sino también a reforzar el papel de los interlocutores
sociales en el proceso de construcción del nuevo pilar europeo de derechos
sociales. En cuanto a la relevancia económica y social, como se ha señalado, el
mercado único digital puede contribuir con unos 415.000 millones de euros al
PIB de la UE-28. Los beneficios se dirigen a señalar el ahorro de los costes de
las organizaciones (la computación en nube, por ejemplo, permitiría que el 80%
de las organizaciones redujeran sus costes entre el 10% y el 20%); la mejora
del teletrabajo (33%) y de los mercados (32%). Las personas vulnerables (de más
edad, con movilidad reducida, aisladas en zonas rurales, con bajo poder
adquisitivo) pueden obtener beneficios especiales del mercado digital. La UE
estará así mejor situada para abordar los retos demográficos de hoy en día.
Según la Comisión
Europea (Comprender las políticas de la
Unión Europea: Agenda Digital para Europa, 2014), por cada dos puestos de
trabajo perdidos “en el mundo real”, la economía de internet crea cinco. En la
UE la economía digital crece un 12% al año, y hay más abonos de telefonía móvil
que personas. El sector europeo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones emplea a 7 millones de personas. Se calcula que la mitad del
aumento de la productividad se debe a la inversión en tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
Constatamos que
esta “apuesta digital” lleva aparejados unos ajustes en el mercado de trabajo
significativos como, por ejemplo, los realizados en el sector de la banca
mediante expedientes de regulación de empleo (despidos) para, a cambio,
intensificar su inversión en “nuevas capacidades digitales” que ofrecer a sus
clientes mediante los dispositivos digitales (móviles, cajeros, Internet o la
atención telefónica), caso del Grupo Santander. Los cambios normativos llevados
a cabo en España (reforma laboral de 2012) están propiciando estos ajustes en
un proceso de cambio y/o tránsito hacia la economía digital que conducen a
crear nuevas formas de trabajo tanto dentro de la economía formal como de la informal.
No nos cabe la
menor duda de que estas situaciones de “anomia” laboral que surgen con la
aparición de las nuevas formas de empleo y/o trabajo informal están afectando a
un colectivo vulnerable: jóvenes y mayores de 50 años que, en muchos casos, pueden
carecer de los derechos sociales característicos del empleo tradicional. Estos
cambios e innovaciones sociales son uno de los grandes retos que la Unión
Europea debe afrontar como consecuencia de la revolución digital, y deben ser
tenidos en cuenta a la hora de diseñar el incipiente pilar de derechos
sociales.
*Publicado en contribuciones Noticias Cielo, número 5, mayo, 2016.
viernes, 8 de enero de 2016
LA IN-EVOLUCIÓN DE LA REFORMA DEL ART. 13 ET EN LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL TRABAJO
De
entre las reformas puestas en marcha en el año 2012 mediante la Ley 3/2012, de
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en
adelante Ley 3/2012), la del art. 13 ET es de las que menos atención ha
recibido tanto por parte del legislador como por los estudiosos del Derecho del
Trabajo. La razón es bien sencilla, dado que la reforma afectó a una modalidad
de trabajo, formalizada como contrato de trabajo, cuya realización es difícil
de detectar al incluirse entre las prestaciones de servicios ocultas o
integrantes de la economía informal y/o trabajo negro: el trabajo a domicilio.
La
reforma del art. 13 ET de 2012 fue más programática que real, y se ha quedado
en una declaración de intenciones dentro del Preámbulo de una de las leyes
quizás más “reformistas” del Derecho del Trabajo español. No obstante, la
doctrina judicial y jurisprudencial ha sido la que con sus pronunciamientos ha
logrado la aplicación de un “denostado” art. 13 ET cuando los particulares lo
han requerido al reclamar la necesaria protección de la relación laboral a
distancia. Aún así, no es que nos hallemos ante un “levantamiento del velo del
trabajo a domicilio o trabajo a distancia” por parte de esta instancia, algo
que sería deseable y posible si el legislador hubiera hecho realidad las
pretensiones y buenas intenciones reflejadas en el preámbulo de la citada Ley
3/2012, de cara a lograr la ansiada modernidad de las normas acorde con los
nuevos tiempos tecnológicos. En este sentido, las sentencias del año 2015 no son
un dato significativo, dado que el estudio del art. 13 ET supone atender a un
tipo de trabajo que, si bien hoy no es el más común, será el más generalizado
en un futuro próximo si tenemos en cuenta los avances de las nuevas tecnologías
digitales que están creando nuevas formas de trabajo digitalizado.
En el informe de Eurofound 2015
se identifican “formas de empleo que son nuevas o que han adquirido una
importancia creciente desde el año 2000. Aunque son distintas entre sí, en
todas aumenta la flexibilidad para las empresas, para los empleados, o para
ambas partes”. Como es obvio, estas nuevas formas de empleo necesitan
mecanismos legales de seguridad para los trabajadores desde el ámbito
jurídico-laboral (véase el estudio de Eurofound, Nuevas formas de empleo, 2015,
EMCC, 2015). El término in-evolución
no se encuentra definido por la Real Academia Española (RAE), pero proviene de
la combinación de las palabras evolución (los cambios) e involución (detención
y retroceso de una evolución social del trabajo). La denominación del trabajo a
domicilio ha desaparecido para incluirse en el denominado trabajo a distancia,
concepto que actúa como “cajón de sastre” (¿o deberíamos decir “cajón desastre”?) mediante una inadecuada
interpretación del Convenio 177 OIT sobre el trabajo a domicilio. Según esta
norma internacional “la expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que
una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza: en su domicilio o
en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador;
a cambio de una remuneración, con el fin de elaborar un producto o prestar un
servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de
quién proporcione el equipo, los materiales y otros elementos utilizados para ello,
a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia
económica necesario como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de
decisiones judiciales (art. 1, C. OIT 177). La reforma laboral 2012 abogó por
la desaparición, en vez de por la adaptación, del conocido contrato de trabajo
a domicilio. Puede que in-evolución sea una palabra inexistente, pero
está dentro de la realidad del trabajo a distancia realizado manualmente o
artesanalmente en el domicilio o en otro lugar o a distancia mediante las
nuevas tecnologías digitales o mediante el trabajo robotizado. Los nuevos
trabajos existen en la realidad, pero son inexistentes o permanecen ocultos
para el legislador o regulador de las prestaciones dependientes y por cuenta
ajena. Así, por ejemplo, según un estudio de la Comisión Europea sobre la
Agenda Digital para Europa, si ésta no
actúa a nivel europeo y nacional de aquí a 2020 faltarán 900.000 profesionales
informáticos. Y mientras esta realidad no sea tenida en cuenta por la
disciplina laboral atendiendo a la gran transformación del trabajo, hablaremos
de crisis o desaparición del Derecho del Trabajo. No nos cabe la menor duda de
que el Derecho del Trabajo no va a desaparecer sino que, más bien al contrario
y como de costumbre evolucionará aunque desaparezcan viejos postulados, siempre que se respeten las “líneas rojas” del
Derecho del Trabajo, como los principios informadores del Derecho del Trabajo y
el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.
jueves, 8 de octubre de 2015
martes, 19 de mayo de 2015
SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006, DE LA OIT, EN BUQUES ESPAÑOLES (RD 357/2015, DE 8 DE MAYO)
El 20 de agosto de 2013 entró en vigor el Convenio de la Organización del Trabajo sobre el trabajo
marítimo 2006 (conocido por sus siglas anglosajonas como MLC, 2006). Se trata de una norma
internacional cuya importancia radica en que compila en un único instrumento jurídico todas las
normas actualizadas aplicables al trabajo marítimo internacional. De hecho, este convenio, que
revisa 37 Convenios de la OIT relativos al trabajo marítimo, se ha considerado como “el cuarto
pilar de la regulación internacional del sector marítimo”, ya que supone el complemento de los otros
tres convenios básicos de la Organización Marítima Internacional: Convenio SOLAS, Convenio
MARPOL y el Convenio STCW sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la gente del
Mar (véase el Informe de la Comisión Europea de Empleo y Asuntos Sociales aprobado el 24 de
enero de 2007).
Entre otras garantías, la protección otorgada por el MLC 2006 afectaría aproximadamente a un
millón y medio de trabajadores del mar de todo el mundo, con la finalidad de garantizar un trabajo
decente para este colectivo. Al mismo tiempo, pretende proporcionar “reglas de juego equitativas
para los armadores de calidad que operan bajo el pabellón de los países que han ratificado el
Convenio al promover la competitividad a través de un transporte fiable y seguro”. El objetivo es
garantizar que las condiciones de trabajo decente vayan de la mano de una competencia justa
(declaraciones del director de la oficina de la OIT para España, Europa Press 20/08/2013) y, en
general, acabar con el denominado “dumping social”.
Lo relevante es que esta normativa permite que cualquier barco, pertenezca o no a los países que
suscriben el Convenio, pueda ser inspeccionado a la llegada a los puertos de los países firmantes del
mismo. En España hay cinco ciudades marítimas con puertos situados entre los 125 más
importantes del mundo (Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Bilbao), lo que sitúa a
nuestro país en una posición estratégica en el mercado del transporte marítimo. El 4 de febrero de
2010, el Reino de España ratificó el MLC con entrada en vigor el 20 de agosto de 2013, y desde
entonces le corresponde la responsabilidad de cumplir y controlar, mediante un sistema eficaz de
inspección y certificación, la aplicación del Convenio.
Por ello el pasado sábado 9 de mayo se publicó en el BOE el RD 357/2015, de 8 de mayo, sobre
cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, de la
Organización Internacional del Trabajo en buques españoles (BOE 9 de mayo de 2015, núm. 111).
Este texto incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 2013/54/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013, sobre determinadas responsabilidades del
Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el
trabajo marítimo, de 2006. Esta directiva tiene por objeto establecer normas para asegurar que los
2
Estados Miembros cumplan sus obligaciones como Estado del Pabellón del barco, por lo que
respecta a la aplicación de las partes pertinentes del MLC 2006 y, concretamente, aborda aspectos
tales como mecanismos de control y supervisión de su aplicación, personal encargado de efectuar
las inspecciones, procedimientos de quejas y medidas correctivas.
Se trata de una norma que ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación y que permite la
realización de inspecciones en puertos extranjeros a aquellos buques que no retornen a puerto
español en el período de tiempo establecido en dicha regla para su realización, tanto en el caso de
las inspecciones intermedias como en el caso del personal integrante del equipo inspector. Para ello
se estipula que la empresa naviera correrá con los gastos que se originasen como consecuencia del
desplazamiento a otros países del personal integrante del equipo inspector (DA 2ª). En nuestro país
las materias del MLC 2006 objeto de inspección y control competen a distintos organismos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y al Ministerio de Fomento (Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y la Dirección General de la Marina Mercante). Así,
por ejemplo, esta última está capacitada para expedir y renovar el certificado de trabajo marítimo y
la declaración de conformidad laboral marítima parte I a los que se refiere el MLC 2006.
Este certificado de trabajo marítimo, complementado por la citada declaración, tendrá valor de
presunción, salvo prueba en contrario, de que el buque ha sido debidamente inspeccionado por las
autoridades españolas competentes y de que cumple los requisitos relativos a las condiciones de
trabajo y de vida de la gente de mar previstas en el MLC 2006. Este RD recoge igualmente los
preceptos del convenio internacional contenido en el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de
Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del
Transporte (ETF), incorporado en la Directiva 2009/13/CE por la que se aplica dicho Acuerdo.
En definitiva, nos encontramos con un texto procedimental, en cuanto que delimita la distribución
de funciones entre la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, el Instituto de la Marina –
dependientes del Ministerio de empleo y Seguridad Social– y la Dirección General de la Marina
Mercante –dependiente del Ministerio de Fomento–, y que incorpora en sus dos anexos la
“solicitud de actividad inspectora” y el “formulario de quejas para tripulantes en buques de pabellón
Español”. Mientras tanto y en el plano normativo internacional, y en el seno de la OIT, se siguen
realizando esfuerzos para la ampliación de las garantías del MLC 2006, concretamente en lo que
respecta a la protección de los marinos abandonados, así como la provisión de una garantía
financiera para la muerte o discapacidad de larga duración de la gente de mar, mediante la
aprobación de estas enmiendas y su incorporación a la legislación internacional vinculante sobre
materias fundamentales para la industria del transporte marítimo (véase la primera reunión del
Comité Tripartito Especial establecido en virtud del MLC, 2006, el 11 de abril de 2014 adoptadas
por unanimidad).
Publicado en @boletin_ADAPT
viernes, 15 de mayo de 2015
ACUERDO por el que se aprueba el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 (Consejo de Ministros de 14 mayo 2015)
El pasado 14 de mayo de 2015 el Consejo de Ministros aprobó un Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017, que intenta ser el instrumento adecuado para la mejora de la protección de las familias en todas las políticas y de forma transversal. Es un Plan dirigido a los denominados "colectivos prioritarios" incluidos en el proyecto (familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad) donde se inserta una línea estratégica de apoyo a la maternidad con medidas sociales, sanitarias, económicas o educativas como, por ejemplo, la adaptación del período de escolarización para menores y jóvenes.
La razón de este Plan se justifica en la necesidad de paliar los efectos devastadores que sufren las familias debido a la crisis económica, como demuestra el análisis de la situación socio-económica elaborado por la cátedra de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid. En este diagnóstico se aportaron datos muy interesantes, como son el descenso continuado en el número de nacimientos y en el número medio de hijos por mujer, 1'3 en 2014 frente a 2'1 que sería la tasa de reposición generacional (que no se alcanza desde finales de la década de los 70 del siglo XX). Este es un dato importante dado que el índice de natalidad en España se posiciona entre los más bajos del mundo, algo verdaderamente preocupante, entre otros motivos, por lo que respecta al sostenimiento futuro del sistema de Seguridad Social. Entre los datos gubernamentales se nos informa que las mujeres son las que, mayoritariamente, dejan de forma temporal su trabajo para atender a los hijos. El 95% de las excedencias por cuidado de hijos corresponden a mujeres, y también son ellas las que más reducen su jornada laboral por este mismo motivo. Para colmo, el 73'2% de los contratos a tiempo parcial corresponden a mujeres trabajadoras. Además, se comprueba que las mujeres cobran una pensión 37% inferior a la de los hombres, dado que la mayor dedicación a la familia recae sobre este colectivo.
El Plan Integral de Apoyo a la Familia está formado por 227 medidas, y entre ellas destacan las dedicadas al apoyo a la maternidad y al reconocimiento del papel de las mujeres que decidan tener hijos. Esta es la gran novedad de este instrumento elaborado con las aportaciones de todos los Ministerios y del movimiento asociativo familiar dado que, como afirmó en la rueda de prensa el Ministro de Sanidad, el 97% de dichas medidas han sido ya puestas en marcha. Por lo tanto, la novedad se encuentra en el establecimiento de un complemento a la pensión contributiva para las mujeres que hayan tenido dos o más hijos. Se trata de un complemento a la jubilación (o a la pensión de viudedad o de incapacidad) para las nuevas pensiones. El complemento consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la pensión inicialmente calculada un porcentaje determinado: 5% por haber tenido dos hijos, 10% por tres hijos y un 15% por haber tenido cuatro o más hijos. Esta medida será presentada al Pacto de Toledo para su aprobación, y se aplicará a partir del 1 de enero de 2016.
Igualmente, el Gobierno aporta datos significativos en relación al número de familias consideradas como colectivos prioritarios. Por ejemplo, de las 562.500 familias numerosas existentes en España el 70% son familias de 3 hijos y sólo el 10% son de categoría especial: 5 o más hijos; de los 1'75 millones de hogares monoparentales, el 83% cuenta con una mujer como persona de referencia; y en cuanto a familias con personas con discapacidad, 2'5 millones de personas tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En este diagnóstico socio-económico de la familia juegan un papel significativo los cambios en la población y en los comportamientos sociales de los colectivos familiares necesitados de atención prioritaria. En este sentido, se advierte la necesidad de hacer frente a la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y de otorgar una especial protección a ciertos grupos de familias. Por ello se desarrollan siete líneas estratégicas en las que se recogen las distintas medidas contempladas en el Plan como, por ejemplo, en materia de conciliación y corresponsabilidad con iniciativas para el fomento de una mayor flexibilidad de la jornada laboral (bolsas de horas recuperables por necesidades puntuales de conciliación en la Administración), la ampliación para el cuidado de niños enfermos de cáncer o con cualquier otra patología grave, el avance en la racionalización de horarios y de impulso de políticas empresariales familiarmente responsables, la mejora de los derechos de conciliación de los autónomos y, por último, el análisis sobre la necesidad de regular el teletrabajo. Con respecto a esta última medida consideramos que debemos obviar ese análisis y empezar a promocionar iniciativas legislativas sobre el teletrabajo, por las que se modifique el deficitario e insuficiente art. 13 del ET, reformado por la Ley 3/2012 de reforma laboral. Para ello sería necesario impulsar una ley consensuada en las cámaras legislativas en la que se recojan las peculiaridades del teletrabajo, atendiendo a la diversidad del régimen jurídico de cada prestación de servicios, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia y tanto en el ámbito público como privado, y que, por lo tanto, incorpore el contenido del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo (AMET) firmado por los agentes sociales europeos en el año 2002. No obstante, en general, esperamos que estas medidas denominadas de «conciliación y corresponsabilidad» no repercutan negativamente sobre uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica y financiera: las mujeres. Dado que pueden ser las mujeres, o en general otros colectivos menos cualificados, quienes teletrabajen en el domicilio o en otro lugar en condiciones de trabajo que les sean perjudiciales.
Igualmente, el Gobierno aporta datos significativos en relación al número de familias consideradas como colectivos prioritarios. Por ejemplo, de las 562.500 familias numerosas existentes en España el 70% son familias de 3 hijos y sólo el 10% son de categoría especial: 5 o más hijos; de los 1'75 millones de hogares monoparentales, el 83% cuenta con una mujer como persona de referencia; y en cuanto a familias con personas con discapacidad, 2'5 millones de personas tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En este diagnóstico socio-económico de la familia juegan un papel significativo los cambios en la población y en los comportamientos sociales de los colectivos familiares necesitados de atención prioritaria. En este sentido, se advierte la necesidad de hacer frente a la caída de la natalidad, el envejecimiento de la población y de otorgar una especial protección a ciertos grupos de familias. Por ello se desarrollan siete líneas estratégicas en las que se recogen las distintas medidas contempladas en el Plan como, por ejemplo, en materia de conciliación y corresponsabilidad con iniciativas para el fomento de una mayor flexibilidad de la jornada laboral (bolsas de horas recuperables por necesidades puntuales de conciliación en la Administración), la ampliación para el cuidado de niños enfermos de cáncer o con cualquier otra patología grave, el avance en la racionalización de horarios y de impulso de políticas empresariales familiarmente responsables, la mejora de los derechos de conciliación de los autónomos y, por último, el análisis sobre la necesidad de regular el teletrabajo. Con respecto a esta última medida consideramos que debemos obviar ese análisis y empezar a promocionar iniciativas legislativas sobre el teletrabajo, por las que se modifique el deficitario e insuficiente art. 13 del ET, reformado por la Ley 3/2012 de reforma laboral. Para ello sería necesario impulsar una ley consensuada en las cámaras legislativas en la que se recojan las peculiaridades del teletrabajo, atendiendo a la diversidad del régimen jurídico de cada prestación de servicios, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia y tanto en el ámbito público como privado, y que, por lo tanto, incorpore el contenido del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo (AMET) firmado por los agentes sociales europeos en el año 2002. No obstante, en general, esperamos que estas medidas denominadas de «conciliación y corresponsabilidad» no repercutan negativamente sobre uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica y financiera: las mujeres. Dado que pueden ser las mujeres, o en general otros colectivos menos cualificados, quienes teletrabajen en el domicilio o en otro lugar en condiciones de trabajo que les sean perjudiciales.
En materia de apoyo a la maternidad y entorno favorable a la vida familiar se contemplan medidas dirigidas especialmente a mujeres jóvenes, como por ejemplo el impulso a programas de educación para la salud afectivo-sexual adaptados en los distintos niveles educativos, al igual que acciones para prevenir embarazos no deseados y facilitar la formación de menores embarazadas para que continúen sus estudios, evitando así que la maternidad suponga un obstáculo para que puedan proseguirlos.
miércoles, 6 de mayo de 2015
ENTREVISTA A LA PROF. L. MELLA (DIRECTORA CONGRESO) Y PROF. SIERRA BENÍTEZ (PONENTE) .A PROPÓSITO DEL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL TELETRABAJO CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ABRIL 2015)
http://www.crtvg.es/informativos/expertos-debaten-en-santiago-o-marco-legal-do-teletraballo-1092449
CONGRESO
INTERNACIONAL
“EL E-WORK COMO
MODELO DE FLEXIBILIDAD, CONCILIACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL Y
COMPARADO”
(Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia, Argentina y España)
Santiago de
Compostela, 17 y 18 abril 2015
ORGANIZADORES:
USC, AEDTSS y ADAPT
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)
I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...
-
A finales del siglo XX, la sociedad experimenta a nivel mundial una profunda crisis económica y de revolución de las telecomunicaciones...
-
DECRETO 44/2025, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA EL TELETRABAJO COMO MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SE PREVÉ LA INTRODUCCIÓN DE ...
-
El juzgado Mercantil 2 de Barcelona desestima la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo por competencia desleal: La sentencia consid...