Interesante enlace sobre la transformación digital en la UE .Beneficios para las personas, la economía y el medioambiente.
Una realidad con la que tenemos que convivir ¿Estamos preparados?
El Blog del Derecho del trabajo, del teletrabajo y del trabajo remoto. Y de todos los que queremos aprender...
Interesante enlace sobre la transformación digital en la UE .Beneficios para las personas, la economía y el medioambiente.
Una realidad con la que tenemos que convivir ¿Estamos preparados?
A propósito de este sentencia, cuyo texto publicado en "Diario del Derecho" (Iustel, 7 de mayo 2021) tienen en el enlace de más abajo, me parece interesante destacar que en virtud del art. 20.3 del ET el empresario puede adoptar cuantas medidas considere necesarias para vigilar y controlar el cumplimiento de la prestación de servicios por el trabajador. No obstante, el trabajador tiene derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de geolocalización en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (art. 20 bis ET y 90 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciónde Datos Personales y garantua de los derechos digitales).
Entiendo que es relevante destacar la posibilidad que tiene el empleador de utilizar otras medidas menos invasivas de la privacidad como, por ejemplo, el uso de una pulsera de geolocalización sin necesidad que el trabajador tenga que aportar su móvil y dirección maíl particular para que el empresario controle el cumplimiento de la prestación de servicios (juicio de necesidad).
«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2021, páginas 49749 a 49924 (176 págs.)
(Extracto de la norma)
"El Título VI, que comprende los artículos indécimo a decimocuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposicion de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifiva la Directiab 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020.
La nueva Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, responde a la necesidad de garantizar que la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, más de 20 años después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y garantizar condiciones de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de las personas trabajadoras desplazadas, por otro.
Tal y como se comunicó a la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre de 2020, esta directiva se encuentra transpuesta parcialmente a la legislación española a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Dicha ley ya cumple con las disposiciones de la directiva relativas a la aplicación a los trabajadores desplazados de todos los elementos constitutivos de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de trabajo previstas en los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida (en este caso, España) en todos los sectores, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración y otras condiciones esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los trabajadores de las usuarias españolas.
No obstante, con el fin de completar la transposición de la Directiva, este real decreto-ley debe adaptar en lo que resulte necesario la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, así como otras normas de rango legal como la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por tanto, se hace necesario revisar la legislación española para incluir, entre otras, las siguientes medidas obligadas por la directiva:
La aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).
La regulación de las consecuencias del desplazamiento llamado informalmente «en cadena» de personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal a empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro de la Unión Europea («UE») o del Espacio Económico Europeo («EEE») para realizar un trabajo temporal en España.
La ampliación de las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para las personas trabajadoras que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su estancia en España.
La exigencia de transparencia en cuanto a la naturaleza salarial o extrasalarial del complemento que se abone por el desplazamiento, de manera que, a falta de esta, se presume que tiene naturaleza extrasalarial, impidiendo que sea descontado de la remuneración prevista en la legislación española.
La mejora de la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos.
La tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales.
Respecto del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, concurre la situación de urgencia por las razones que se indican a continuación.
En primer lugar, porque el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, expiró el 30 de julio de 2020, lo que provocó la apertura por la Comisión Europea, en octubre de 2020, de un procedimiento de infracción. Tras la comunicación a la Comisión Europea de la transposición parcial de la directiva, la falta de incorporación al Derecho español de las cuestiones pendientes, previsiblemente, va a dar lugar a la continuación del procedimiento de infracción, lo que puede derivar en la imposición de sanciones económicas.
Pero además, existen razones materiales derivadas de la necesidad de evitar la competencia desleal y el dumping social respecto a empresas y trabajadores españoles, así como de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores desplazados a España, en particular, en sectores especialmente afectados por la transmisión del COVID-19 como el agroalimentario, lo que requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
Tal y como ha puesto de manifiesto tanto el Parlamento Europeo (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis del COVID-19) como la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia del COVID-19» (2020/C 235 I/01), publicadas el 17 de julio de 2020), dada la naturaleza temporal y las particulares circunstancias en las que trabajan los trabajadores transfronterizos y temporeros -en los que se incluyen los trabajadores desplazados cuando son desplazados de un Estado miembro del EEE a otro, pueden ser más vulnerables a sufrir condiciones de trabajo y de vida precarias. La pandemia del COVID-19 ha hecho más visibles esas condiciones, y, en algunos casos, las ha agravado. Además, ha demostrado que en ocasiones esos problemas pueden dan lugar a una mayor propagación de las enfermedades infecciosas y aumentar el riesgo de grupos de brotes de COVID-19. Por ello, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que garanticen un alojamiento de calidad para los trabajadores fronterizos y temporeros, desvinculado de su remuneración y que transpongan la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores de manera correcta, oportuna y ambiciosa".
STS 25 de marzo de 2021 (Contencioso). Rec. 1602/2021. Pinchar aquí
La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, para poder obtener una autorización de residencia temporal en España por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, los extranjeros pueden acreditar la relación laboral y su duración por cualquier medio de prueba válido, incluido el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia.
La Sala fija de este modo que no es imprescindible esa acreditación de la relación laboral exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del artículo 124.1 del Real Decreto 557/11 del Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que menciona “una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite”.
El Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que concedió a una mujer de nacionalidad marroquí la autorización de residencia que solicitó por arraigo laboral acreditado por la certificación de vida laboral, y a quien se la había denegado la Subdelegación del Gobierno en Almería y un Juzgado de lo Contencioso de dicha ciudad.
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Ángeles Huet, recuerda que el artículo 124.1 del Reglamento de Extranjería señala: “Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.
A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite”.
El alto tribunal subraya que ello no supone que queden excluidos “cualesquiera otros medios de prueba” para acreditar el arraigo laboral, concepto que, tal y como se define en el propio Reglamento, se vería injustificadamente restringido.
“Ninguna justificación, ni apoyo en la definición de arraigo laboral contenida en el reglamento, tiene atribuir dicho arraigo a quien, permaneciendo en España al menos durante dos años, ha estado trabajando durante seis meses en forma ilegal o clandestina, y negárselo, en cambio, a quien, concurriendo las mismas circunstancias temporales, haya trabajado de forma legal al amparo de una autorización de residencia anterior que hubiera perdido vigencia”, explica la Sala.
Respecto a la consideración de la Abogacía del Estado de que esta interpretación convierte en superflua la existencia misma de la renovación de las autorizaciones de residencia cuyos requisitos, establecidos en el art. 71 del Reglamento ya no sería necesario cumplir nunca, el tribunal contesta que “esta situación, no sólo supondría una clara actuación en fraude de ley, sino que se trata, realmente, de un supuesto en el que lo que falta es el arraigo laboral mismo que, por su propio concepto, alude siempre a una relación laboral que debe ser cercana en el tiempo al momento de pretenderse la autorización que en él se base”.
El Supremo indica que exigencias derivadas, tanto del derecho a la prueba como del concepto mismo de arraigo laboral contenido en el reglamento, “demandan que dicho arraigo laboral pueda ser acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido, por tanto, los certificados de vida laboral que acrediten una relación laboral que pueda haber derivado de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia”.
Explica que “la finalidad del párrafo segundo del art. 124.1 del Reglamento no es, ni puede ser, rectamente interpretado, la de restringir los medios de prueba del arraigo laboral, sino, por el contrario, la de facilitar la prueba del mismo cuando tenga sobre la base relaciones laborales clandestinas, precisamente, por la dificultad de prueba que de tal circunstancia deriva. El precepto pretende, pues, salir al paso de los problemas que pueden plantearse para acreditar situaciones en las que el arraigo provenga de relaciones laborales ilegales, ocultas o clandestinas, pero no tiene por objeto restringir el concepto mismo de arraigo laboral a un tipo específico de relación laboral, la ilegal o clandestina, ni mucho menos imponer la obligación de denunciar la ilegalidad de la situación laboral a quien la padece. Nada de ello cabe colegir de la definición que del arraigo laboral se contiene en el apartado primero del precepto”.
La mujer marroquí a la que se refiere el caso concreto presentó con fecha 15 de febrero de 2016 solicitud de autorización de residencia por arraigo laboral al amparo del art. 124.1 del Reglamento, aportando, para acreditar la relación laboral de más de seis meses, un certificado de vida laboral del que se desprendía que había trabajado durante 8 meses y 11 días, de los cuales, 70 días correspondían al año 2008, y el resto, al año 2015. Por tanto, el grueso de la relación laboral que sustentaba el arraigo laboral alegado se habría desempeñado al amparo de la autorización provisional de residencia y trabajo que había obtenido el 24 de septiembre de 2014.
Dos nuevas sentencias confirman esta doctrina sobre el arraigo laboral:
STS 559/2021, de 29 de abril
Pueden visualizar un resumen de estas sentencias en Economist&Jurist (pinchar aquí)
Un análisis de la STS de 6 de mayo publicado en Econmis&Jurist el 7 de junio 2021. Pinchar aquí
Véase la INSTRUCCIÓN SEM 1/2021 SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZONES DE ARRAIGO LABORAL del Ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones del 8 de junio de 2021. Pinchar aquí
PRIMERA SENTENCIA FAVORABLE DE ARRAIGO LABORAL PARA ESTUDIANTES EN ESPAÑA:
El supuesto alegado por el letrado de la defensa Jaime Martín Martín expresa que al ser una situación de «estancia» y no de «residencia», la relación laboral había sido desarrollada en situación irregular.
El Juzgador reconoce como válida la alegación, al afirmar que la «licencia por estudios es de naturaleza no laboral, por lo que en este ámbito el recurrente se encuentra en situaciones regulares pues no está facultado para desempeñar una actividad laboral remunerada«.
SJCA núm. 16 de Barcelona de 20 de julio de 2022 (Sentencia núm. 240/2022)
Fuentes:
https://legalteam.es/primera-sentencia-de-arraigo-laboral-para-estudiantes-en-espana/
Principio
del formulario
|
Evento online 09 de abril de 2021, 09h>14hessos |
|
|
|
|
9h – Abertura
Dr. Jorge Pinheiro
Castelo - Advogado; Conselheiro Secional e Presidente da Comissão Especial de
Direito do Trabalho da OAB SP; Pós-Graduado, Mestre, Doutor e Livre Docente da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
09h10 – Painel: O
Modelo do Home Office Advindo da Covid-19 no Plano Internacional
Presidente de Mesa – Cyntia Santos
Ruiz Braga – Advogada, Mestra em Direito do Trabalho pela USP e Membro da
Coordenadoria de Direito Individual da OAB/SP
Reflexões Jurídicas
sobre o Instituto do Home Office na Espanha e na União Europeia na era Covid-19
Expositora:
Esperanza Macarena
Sierra Benitez - Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla
10h00 - As
recomendações da OIT sobre o Teletrabalho e Home Office na era Covid-19
Expositor:
Dr. Antonio
Rodrigues de Freitas Jr – Advogado; Coordenador de Direito
Internacional da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP; Livre
Docente pela USP e Professor Associado da USP.
10h20 – Painel:
O Modelo do Home Office Advindo da Covid-19 no Plano Nacional
Presidente de Mesa – Dra.
Isabel Cristina de Medeiros Tormes. Advogada. Vice Presidente da AATSP.
Membro da Coordenadoria de Direito Individual do Trabalho da OABSP.
Os resultados da
pesquisa Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRAT) durante
a pandemia COVID 19
Expositor do tema:
Célio Pereira Oliveira
Neto- Diretor jurídico da SOBRAT, Doutor, Mestre e Especialista em Direito do
Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Advogado
10h40 – A Regulamentação
do Teletrabalho no Brasil e sua Necessidade de Reforma Legal: Análise dos
Projetos de Lei em andamento
Expositor:
Ricardo Calcini -Mestre em Direito
pela PUC/SP. Professor de pós-graduação em Direito do Trabalho da FMU.
Professor indicado pela Câmara dos Deputados para presidir grupo de estudos do
Projeto de Lei 5581/2020 sobre teletrabalho
11h00 – Painel:
Direitos Fundamentais e Precarização
Presidente de Mesa:
Paula Cristina
Fernandes - Advogada trabalhista; Diretora da CAASP e Vice Coordenadora de Direito
Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP
Os direitos
Fundamentais dos Teletrabalhadores e o Princípio Constitucional do Máximo
Existencial
Expositor:
Miguel Calmon Dantas - Doutor em Direito
Público pela Universidade Federal da Bahia e Doutorando pela Universidade de
Coimbra. Adjunto de Ciência Política e Direito Constitucional da Universidade
Federal da Bahia. Procurador do Estado da Bahia e Advogado.
11h20 – Home Office e
Precarização do Trabalho
Expositor:
Dr. Jorge Pinheiro
Castelo - Advogado; Conselheiro Secional e Presidente da Comissão Especial de
Direito do Trabalho da OAB SP; Pós-Graduado, Mestre, Doutor e Livre Docente da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
11h40 - O direito
Fundamental à Saúde dos Teletrabalhadores e a Epidemia de Transtornos Mentais
na era Covid 19
Expositor:
Dra Adriana Calvo - Advogada;
Coordenadora de Direito Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho
da OAB SP e Doutora em Direito do Trabalho pela PUC/SP.
12h00 – O
Papel das Instituições no Combate à Precarização no Home Office
Presidente de Mesa
Jackson Passos Santos
– Doutor em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Mestre em Direitos Difusos e
Coletivos pela UNIMES. Membro da Coordenadoria de Direito Individual da
Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP.
As recomendações do
Ministério Público do Trabalho sobre o Home Office
Expositor:
Guilherme Kirtschig – Doutorando e Mestre
pela Universidade de Alicante e UNIVALI. Procurador do Trabalho.
12h20 - Entrevista: O
Papel da Justiça do Trabalho na Conciliação dos novos Conflitos Oriundos do
Home Office
Entrevistador: Dr.
Lucas Oliveira Reis de Souza - Advogado, Professor e Membro da
Coordenadora de Direito Individual da OAB SP.
Entrevistada: Ivani Contini
Bramante – Doutora em Direito do Trabalho pela PUC SP. Desembargadora do
TRT da 2ª Região.
12h40 - Debate: Como
as Empresas Podem Previnir Futuros Riscos Trabalhistas?
Presidente de Mesa:
Dr. Luciano Hercilio
Mazzutti – Advogado Trabalhista; Pós-Graduando em Direito do Trabalho pela
Universidade Paulista, Secretário Geral da Comissão Especial de Direito do
Trabalho da OABSP, Conselheiro de Prerrogativas OABSP triênio 2019/2021.
Debatedora:
Anna Lee Carr De
Muzio– Doutora e Mestre em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Membro da Membro da
Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP. Advogada trabalhista de jurídico
interno de empresa de grande porte.
Convidados:
A empresa deve pagar
auxílio alimentação e ajuda de custo no homeoffice?
Luciana Pereira de
Souza - Mestre em Direito do Trabalho, Advogada trabalhista; Conselheira
da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e Membro da Comissão de Direito
do Trabalho da OAB/SP.
A empresa deve
controlar a jornada de trabalho do empregado em homeoffice?
Alessandra Benedito –
Advogada. Coordenadora de Sistemas de Relações de Trabalho e Instituições da
Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP; Doutora e Mestre em Direito
Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
A
empresa deve aditar os contratos de trabalho e elaborar políticas de
teletrabalho? Ou seria recomendável negociar diretamente com o sindicato?
Rosana Pilon Muknicka
– Mestranda de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Pós
graduação em Tecnologia e Direito Digital pela USP. Advogada. Membro da
Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP
13h30 - Encerramento
Dra. Luciana Grandini
Remolli- Advogada, Vice-Presidente da Comissão de Direito do Trabalho e
Conselheira Secional da OAB SP.
Dra. Paula Cristina
Fernandes - Advogada trabalhista; Diretora da CAASP e Vice Coordenadora de Direito
Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP
Promoção: Comissão de Direito do
Trabalho OAB SP
Apoio Institucional:
Dr. Alexandre Luís
Mendonça Rollo Presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB SP
Dr. Caio Augusto Silva
dos Santos Presidente da OAB SP
"La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el amparo de una trabajadora que fue despedida de su empresa tras constatar, a través de la monitorización de su ordenador, que dedicaba en torno a un 30 por ciento de su jornada laboral a cuestiones profesionales, empleando el 70 de la jornada restante a solventar asuntos relativas a su esfera personal.
La sentencia considera que la actuación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, pues, pese a que reconoce que se vulneraron los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, rechazó pronunciarse sobre la indemnización solicitada como consecuencia de dicha vulneración.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional, descarta que la nulidad de la prueba obtenida con la violación del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, deba llevar aparejada la calificación del despido como nulo, y considera, que no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, la interpretación que del art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al calificar el despido como improcedente, pese a la nulidad de la única prueba en la que se fundamentaba el despido.
(...) La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer que muestra su disconformidad con la respuesta que la sentencia aprobada da a la primera queja de la demandante de amparo, que denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, en relación con el art. 18.1 y 3 CE, por sostener que el despido debía considerarse nulo (...)".
(Fuente TC)
El Tribunal Supremo anula parcialmente un artículo del X Convenio de enseñanza privada no concertada sobre los contratos por obra o servicio determinado para impartir clases (STS 5 marzo 2021, Rec. 94/2019)
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de los apartados del artículo 17 del X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado que permiten la modalidad del contrato por obra o servicio determinado para impartir asignaturas no comprendidas en nuevos planes de estudio, actividades extraescolares y vigilancia de ruta escolar y/o comedor
La Sala estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras y modifica la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad del artículo 17 del citado Convenio Colectivo exclusivamente en la mención a la “vigilancia de ruta escolar y/o comedor”, desestimando la demanda del sindicato en todo lo demás.
Dicho artículo identifica las tareas concretas que pueden cubrirse bajo esa modalidad contractual, entre las que incluye: “asignaturas de Planes de Estudios a extinguir o no contempladas en los nuevos Planes”, “asignaturas optativas y/o de libre configuración”, “docencia en niveles que la empresa ha decidido su extinción y hasta el total cierre de los mismos”, “docencia en niveles no obligatorios de duración anual como Programas de Cualificación Profesional Inicial, Programas de diversificación curricular, y otros de similares características” y “actividades extraescolares”.
La Sala recuerda su jurisprudencia sobre los requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, de artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. Estos requisitos son que la obra o servicio que constituya su objeto presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa y que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta, debiendo concurrir estas exigencias de forma conjunta para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho. La sentencia, ponencia de la magistrada Mª Luz García Paredes, distingue entre la modalidad del contrato de obra o servicio para aquellas asignaturas de planes de estudios en proceso de extinción, que no se cuestiona, y para asignaturas que no están en nuevos planes de estudio. Sobre esta cuestión, explica que el concepto de duración determinada está claramente presente en aquellas asignaturas que están abocadas a su desaparición al estar inmersas en un proceso de extinción conocido y fijado por mandato normativo, consecuencia de haberse modificado el plan de estudios al que está vinculado.
Sin embargo, considera que “no sucede lo mismo con aquellas asignaturas que, aunque estén afectadas por la implementación de nuevos planes de estudios no se califican como asignaturas a extinguir y, por tanto, se mantienen de futuro por propia decisión del centro privado que, con plenas facultades académicas, goza de autonomía para configurar su proyecto educativo y adaptar los programas a las características del medio en que estén inserto y adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades culturales escolares y extraescolares”.
El tribunal indica que el poder de dirección del centro educativo, además de someterse al régimen legal educativo, puede configurar su proyecto de una determinada manera, impartiendo materias docentes o no docentes que considere de interés para sus alumnos, en atención a los fines educativos o ideario que inspire el centro, “pero ello no significa que los medios humanos a los que acuda para atenderlas puedan someterse a normativa en materia de contratación que no se ajusten a las exigencias legales que les sean propias”. Añade que la naturaleza reglada de la asignatura es relevante para ver si una contratación para impartir la misma puede ser de naturaleza temporal, pero ello no significa, que en todo caso, las demás materias que no tengan o dejen de tener ese carácter deban ser atendidas necesariamente por un contrato para obra servicio determinado y menos aun cuando se trata de centros privados de enseñanza no concertada, cuya autonomía para atender sus fines, con respeto y sometimiento a la legislación educativa, es plena.
Además, según la sentencia, la temporalidad del contrato no puede venir determinada por el mayor o menor número de alumnos que vayan a recibir en cada curso escolar esa enseñanza al tratarse de un dato que no afecta a la propia esencia o naturaleza de la actividad, sino a la mera conveniencia empresarial de prestarla, lo que podría justificar en el caso de que no se lograsen matrículas suficientes, acudir a la extinción contractual, pero difícilmente puede constituirse en razón determinante de que la actividad de que se trate, tenga “per se” carácter temporal.
La Sala concluye lo mismo en relación con las actividades extraescolares y señala que no se configuran como actividad con autonomía y sustantividad propia en tanto que no deja de ser una enseñanza que se proporciona a los alumnos de forma voluntaria, sin límite temporal, no pudiendo venir determinado éste por el número de los matriculados, ya que el número de asistentes a esas actividades extraescolares no afecta a la esencia de la actividad para la que se contrata al trabajador que va a llevarla a cabo. Algo similar ocurre, según el tribunal, con los servicios complementarios que puede ofrecer el centro educativo, como los relativos al comedor o transporte escolar, cuya puesta en marcha es también decisión voluntaria empresarial que no es de duración limitada, como aprecia la sentencia recurrida, al margen de la infraestructura que ello lleve aparejado ya que la inversión no es elemento que configure la temporalidad sino la actividad en sí misma que, en este caso, complementa el objeto empresarial que viene constituido por la educación en determinados niveles de la enseñanza.
La Sala subraya que llegar a la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida sería dejar la temporalidad del contrato en manos del empleador cuando, en el marco de la educación en el que se integra su actividad permanente, decide atender determinadas áreas de formación de sus alumnos acudiendo a contrataciones temporales para una actividad que carece de tal condición.
STS (social) 05/03/2021 Nº de Recurso: 94/2019
-De gran interés es la STS 29 de diciembre de 2020 (Rec. 240/2018) que modifica doctrina en materia de subcontratación y rechaza la limitación temporal de los contratos por obra o servicio determinado.
En noticias de la web del poder judicial se dice "Desde finales de los años 90, la jurisprudencia había venido admitiendo que el contrato por obra o servicio determinado pueda ajustar su duración a la de la contrata. Este criterio es abandonado por la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Mª Lourdes Arastey Sahún, adoptada por unanimidad por el pleno de la Sala del pasado 15 de diciembre. La Sala señala que quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio debe atender. La sentencia declara que resulta difícil seguir manteniendo que la empresa pueda apoyar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales. Añade la sentencia que la automatización de esta contratación temporal, por el mero mecanismo del tipo de actividad, puede llevar a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el Derecho de la Unión Europea. Finalmente, recuerda que el legislador ha diseñado otros instrumentos para atender la variabilidad de las necesidades de la empresa y adoptar decisiones sobre la dimensión de la plantilla".
Fuente: noticias poder judicial
I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...