martes, 11 de mayo de 2021

Propuestas de Reforma Laboral (mayo 2021) : Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

 En el enlace de más abajo pueden visualizar el PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. COMPONENTE 23  (presentado por el Gobierno de España).

El contenido es el siguiente:

1. Descripción general del componente

2. Principales retos y objetivos

3. Detalle sobre cada reforma/inversión del componente

4. Autonomía estratégica y seguridad

5. Proyectos transfronterizos y multi-país

6. Contribución del componente a la transición ecológica

7. Contribución del componente a la transición digital

8. Principio “Do not significant harm”

9. Hitos, metas y cronograma

10. Financiación

A partir de la página 4 pueden encontrar la enumeración de las reformas laborales e inversiones:

Regulación del trabajo a distancia 

Medidas para eliminar la brecha de género 

Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales 

Simplificación de contratos: Generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación 

Modernización de políticas activas de empleo. 

Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición 

Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral. 

Modernización de la negociación colectiva. 

Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales. 

Pinchar aquí: PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. COMPONENTE 23

O pinchar aqui: https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente23.pdf pinchar aquí 

11/05/2021 Avances de la reforma laboral (anunciadas por la Ministra de Trabajo y Economía Social), Pinchar aquí 

domingo, 9 de mayo de 2021

#UE. Declaración de Oporto, 8 de mayo 2021

La Cumbre Social de Oporto es un acto organizado por la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, celebrado en Oporto,  los días 7 y 8 de mayo de 2021. Consiste en:
  • una conferencia de alto nivel con los interlocutores sociales,
  • una reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE.

El objetivo general es establecer el programa europeo de política social para la próxima década y garantizar que nos enfrentemos a los retos presentes y futuros sin dejar a nadie atrás. En la conferencia de alto nivel, los Estados miembros, las instituciones europeas, los interlocutores sociales y la sociedad civil se reúnen para reforzar su compromiso con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

 (https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/05/07/social-summit/)

De esta Cumbre nos queda constancia la Declaración de Oporto, destacando, entre otros contenidos:

1- La importancia de la unidad y la solidaridad europeas en la lucha contra la pandemia de COVID-19. 
2- El pilar europeo de derechos sociales es un elemento fundamental de la recuperación. Como se establece en la Agenda Estratégica de la UE para 2019-2024, se seguirá profundizando en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales a escala nacional y de la UE, teniendo debidamente en cuenta las competencias respectivas y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El Plan de Acción presentado por la Comisión el 4 de marzo de 2021 ofrece unas orientaciones útiles para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, también en los ámbitos del empleo, las capacidades, la salud y la protección social.
3-  Se celebran los nuevos objetivos principales de la UE en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, y el cuadro de indicadores sociales revisado propuesto en el Plan de Acción. A medida que Europa vaya recuperándose de la pandemia de COVID-19, la prioridad será pasar de la protección a la creación de empleo y mejorar la calidad del empleo,
 4- Se Intensifican los esfuerzos para luchar contra la discriminación y trabajar activamente para colmar las brechas de género en materia de empleo, salarios y pensiones y para promover la igualdad y la equidad para todas las personas en nuestra sociedad, en consonancia con los principios fundamentales de la Unión Europea y el principio n.º 2 del pilar europeo de derechos sociales.
5- Se dará prioridad a las medidas de apoyo a los jóvenes, que se han visto muy perjudicados por la crisis de la COVID-19, que ha perturbado profundamente su participación en el mercado laboral, así como sus planes de educación y formación.
6- Se destaca la importancia de hacer un estrecho seguimiento de los avances logrados, también al más alto nivel, en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y los objetivos principales de la UE para 2030.

7- Se acoge con satisfacción, como un éxito más del diálogo social europeo, que los interlocutores sociales europeos hayan hecho una propuesta conjunta relativa a una serie alternativa de indicadores con los que medir los avances económicos, sociales y medioambientales, que complemente el PIB como medida de bienestar para un crecimiento inclusivo y sostenible.

En este sentido, hay que tener en cuenta el contexto en que se desarrolla la Cumbre Social de Oporto:

La UE proclamó el pilar europeo de derechos sociales en 2017. El pilar establece veinte principios clave para guiarnos hacia una Europa social fuerte que sea justa, integradora y plena de oportunidades en el siglo XXI.

En marzo de 2021, la Comisión Europea presentó un plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. El plan de acción propone una serie de iniciativas y fija tres objetivos principales que deben alcanzarse en toda Europa de aquí a 2030:

  • una tasa de empleo de al menos el 78 % en la Unión Europea;
  • que cada año al menos el 60 % de los adultos asistan a cursos de formación;
  • reducir el número de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza en al menos quince millones de personas, entre ellas cinco millones de niños.

La Declaración detallada la pueden visualizar pinchando aqui:

Más información aquí

Estaremos pendientes de los progresos de esta Declaración y, en especial, del plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales

viernes, 7 de mayo de 2021

#UE Transformación digital en la UE Beneficios para las personas, la economía y el medioambiente

 Interesante enlace sobre la transformación digital en la UE .Beneficios para las personas, la economía y el medioambiente.

Una realidad con la que tenemos que convivir ¿Estamos preparados?

Enlace. Pinchar aquí

STS 8 febrero 2021. Confirma la sentencia que anuló el “Proyecto Tracker” de Telepizza. Geolocalización

A propósito de este sentencia, cuyo texto publicado en "Diario del Derecho" (Iustel, 7 de mayo 2021) tienen en el enlace de más abajo, me parece interesante destacar que en virtud del art. 20.3 del ET el empresario puede adoptar cuantas medidas considere necesarias para vigilar y controlar el cumplimiento de la prestación de servicios por el trabajador. No obstante, el trabajador tiene derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de geolocalización en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (art. 20 bis ET y 90 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciónde Datos Personales y garantua de los derechos digitales). 

Entiendo que es relevante destacar la posibilidad que tiene el empleador de utilizar otras medidas menos invasivas de la privacidad como, por ejemplo, el uso de una pulsera de geolocalización sin necesidad que el trabajador tenga que aportar su móvil y dirección maíl particular para que el empresario controle el cumplimiento de la prestación de servicios (juicio de necesidad). 

Texto de la sentencia.

lunes, 3 de mayo de 2021

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en materias (...) desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores

«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2021, páginas 49749 a 49924 (176 págs.)

(Extracto de la norma)


VII
"

"El Título VI, que comprende los artículos indécimo a decimocuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposicion de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifiva la Directiab 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 2020.

La nueva Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, responde a la necesidad de garantizar que la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, más de 20 años después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y garantizar condiciones de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de las personas trabajadoras desplazadas, por otro.

Tal y como se comunicó a la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre de 2020, esta directiva se encuentra transpuesta parcialmente a la legislación española a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Dicha ley ya cumple con las disposiciones de la directiva relativas a la aplicación a los trabajadores desplazados de todos los elementos constitutivos de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de trabajo previstas en los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida (en este caso, España) en todos los sectores, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración y otras condiciones esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y los trabajadores de las usuarias españolas.

No obstante, con el fin de completar la transposición de la Directiva, este real decreto-ley debe adaptar en lo que resulte necesario la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, así como otras normas de rango legal como la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; y la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, se hace necesario revisar la legislación española para incluir, entre otras, las siguientes medidas obligadas por la directiva:

La aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).

La regulación de las consecuencias del desplazamiento llamado informalmente «en cadena» de personas trabajadoras cedidas por empresas de trabajo temporal a empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro de la Unión Europea («UE») o del Espacio Económico Europeo («EEE») para realizar un trabajo temporal en España.

La ampliación de las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para las personas trabajadoras que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su estancia en España.

La exigencia de transparencia en cuanto a la naturaleza salarial o extrasalarial del complemento que se abone por el desplazamiento, de manera que, a falta de esta, se presume que tiene naturaleza extrasalarial, impidiendo que sea descontado de la remuneración prevista en la legislación española.

La mejora de la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos.

La tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales.

Respecto del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, concurre la situación de urgencia por las razones que se indican a continuación.

En primer lugar, porque el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, expiró el 30 de julio de 2020, lo que provocó la apertura por la Comisión Europea, en octubre de 2020, de un procedimiento de infracción. Tras la comunicación a la Comisión Europea de la transposición parcial de la directiva, la falta de incorporación al Derecho español de las cuestiones pendientes, previsiblemente, va a dar lugar a la continuación del procedimiento de infracción, lo que puede derivar en la imposición de sanciones económicas.

Pero además, existen razones materiales derivadas de la necesidad de evitar la competencia desleal y el dumping social respecto a empresas y trabajadores españoles, así como de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores desplazados a España, en particular, en sectores especialmente afectados por la transmisión del COVID-19 como el agroalimentario, lo que requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

Tal y como ha puesto de manifiesto tanto el Parlamento Europeo (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis del COVID-19) como la Comisión Europea (Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia del COVID-19» (2020/C 235 I/01), publicadas el 17 de julio de 2020), dada la naturaleza temporal y las particulares circunstancias en las que trabajan los trabajadores transfronterizos y temporeros -en los que se incluyen los trabajadores desplazados cuando son desplazados de un Estado miembro del EEE a otro, pueden ser más vulnerables a sufrir condiciones de trabajo y de vida precarias. La pandemia del COVID-19 ha hecho más visibles esas condiciones, y, en algunos casos, las ha agravado. Además, ha demostrado que en ocasiones esos problemas pueden dan lugar a una mayor propagación de las enfermedades infecciosas y aumentar el riesgo de grupos de brotes de COVID-19. Por ello, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que garanticen un alojamiento de calidad para los trabajadores fronterizos y temporeros, desvinculado de su remuneración y que transpongan la Directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores de manera correcta, oportuna y ambiciosa".

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6872

martes, 20 de abril de 2021

El Tribunal Supremo fija que el arraigo laboral para obtener la residencia temporal en España puede acreditarse por cualquier medio de prueba válido

 STS 25 de marzo de 2021 (Contencioso). Rec. 1602/2021. Pinchar aquí

 La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, para poder obtener una autorización de residencia temporal en España por circunstancias excepcionales de arraigo laboral, los extranjeros pueden acreditar la relación laboral y su duración por cualquier medio de prueba válido, incluido el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia.

La Sala fija de este modo que no es imprescindible esa acreditación de la relación laboral exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del artículo 124.1 del Real Decreto 557/11 del Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que menciona “una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite”.

El Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que concedió a una mujer de nacionalidad marroquí la autorización de residencia que solicitó por arraigo laboral acreditado por la certificación de vida laboral, y a quien se la había denegado la Subdelegación del Gobierno en Almería y un Juzgado de lo Contencioso de dicha ciudad.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Ángeles Huet, recuerda que el artículo 124.1 del Reglamento de Extranjería señala: “Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social o familiar cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite”.

El alto tribunal subraya que ello no supone que queden excluidos “cualesquiera otros medios de prueba” para acreditar el arraigo laboral, concepto que, tal y como se define en el propio Reglamento, se vería injustificadamente restringido.

“Ninguna justificación, ni apoyo en la definición de arraigo laboral contenida en el reglamento, tiene atribuir dicho arraigo a quien, permaneciendo en España al menos durante dos años, ha estado trabajando durante seis meses en forma ilegal o clandestina, y negárselo, en cambio, a quien, concurriendo las mismas circunstancias temporales, haya trabajado de forma legal al amparo de una autorización de residencia anterior que hubiera perdido vigencia”, explica la Sala.

Respecto a la consideración de la Abogacía del Estado de que esta interpretación convierte en superflua la existencia misma de la renovación de las autorizaciones de residencia cuyos requisitos, establecidos en el art. 71 del Reglamento ya no sería necesario cumplir nunca, el tribunal contesta que “esta situación, no sólo supondría una clara actuación en fraude de ley, sino que se trata, realmente, de un supuesto en el que lo que falta es el arraigo laboral mismo que, por su propio concepto, alude siempre a una relación laboral que debe ser cercana en el tiempo al momento de pretenderse la autorización que en él se base”.

El Supremo indica que exigencias derivadas, tanto del derecho a la prueba como del concepto mismo de arraigo laboral contenido en el reglamento, “demandan que dicho arraigo laboral pueda ser acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho, incluido, por tanto, los certificados de vida laboral que acrediten una relación laboral que pueda haber derivado de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia”.

Explica que “la finalidad del párrafo segundo del art. 124.1 del Reglamento no es, ni puede ser, rectamente interpretado, la de restringir los medios de prueba del arraigo laboral, sino, por el contrario, la de facilitar la prueba del mismo cuando tenga sobre la base relaciones laborales clandestinas, precisamente, por la dificultad de prueba que de tal circunstancia deriva. El precepto pretende, pues, salir al paso de los problemas que pueden plantearse para acreditar situaciones en las que el arraigo provenga de relaciones laborales ilegales, ocultas o clandestinas, pero no tiene por objeto restringir el concepto mismo de arraigo laboral a un tipo específico de relación laboral, la ilegal o clandestina, ni mucho menos imponer la obligación de denunciar la ilegalidad de la situación laboral a quien la padece. Nada de ello cabe colegir de la definición que del arraigo laboral se contiene en el apartado primero del precepto”.

La mujer marroquí a la que se refiere el caso concreto presentó con fecha 15 de febrero de 2016 solicitud de autorización de residencia por arraigo laboral al amparo del art. 124.1 del Reglamento, aportando, para acreditar la relación laboral de más de seis meses, un certificado de vida laboral del que se desprendía que había trabajado durante 8 meses y 11 días, de los cuales, 70 días correspondían al año 2008, y el resto, al año 2015. Por tanto, el grueso de la relación laboral que sustentaba el arraigo laboral alegado se habría desempeñado al amparo de la autorización provisional de residencia y trabajo que había obtenido el 24 de septiembre de 2014.

Fuente: Poder judicial: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-el-arraigo-laboral-para-obtener-la-residencia-temporal-en-Espana-puede-acreditarse-por-cualquier-medio-de-prueba-valido

Dos nuevas sentencias confirman esta doctrina sobre el arraigo laboral:

STS 559/2021, de 29 de abril 

STS 643/2021, de 6 de mayo 

Pueden visualizar un resumen de estas sentencias en Economist&Jurist (pinchar aquí)

Un análisis de la STS de 6 de mayo publicado en Econmis&Jurist el 7 de junio 2021. Pinchar aquí

Véase la INSTRUCCIÓN SEM 1/2021 SOBRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZONES DE ARRAIGO LABORAL del Ministerio de Inclusión,  seguridad social y migraciones del 8 de junio de 2021. Pinchar aquí

PRIMERA SENTENCIA FAVORABLE DE ARRAIGO LABORAL PARA ESTUDIANTES EN ESPAÑA:

El supuesto alegado por el letrado de la defensa Jaime Martín Martín expresa que al ser una situación de «estancia» y no de «residencia», la relación laboral había sido desarrollada en situación irregular.

El Juzgador reconoce como válida la alegación, al afirmar que la «licencia por estudios es de naturaleza no laboral, por lo que en este ámbito el recurrente se encuentra en situaciones regulares pues no está facultado para desempeñar una actividad laboral remunerada«.

 SJCA núm. 16 de Barcelona de 20 de julio de 2022 (Sentencia núm. 240/2022)

Fuentes: 

https://legalteam.es/primera-sentencia-de-arraigo-laboral-para-estudiantes-en-espana/

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/los-extranjeros-podran-obtener-el-permiso-de-residencia-aun-teniendo-autorizacion-de-estancia-por-estudios/

viernes, 9 de abril de 2021

Simpósio Internacional sobre HomeOffice na era COVID 19. Comissão de Direito do Trabalho OAB SP (Brasil)


Principio del formulario

Evento online

09 de abril de 2021, 09h>14hessos


DESCRIÇÃO DO EVENTO
Programação:

9h – Abertura 

Dr. Jorge Pinheiro Castelo - Advogado; Conselheiro Secional e Presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP; Pós-Graduado, Mestre, Doutor e Livre Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

09h10 – Painel: O Modelo do Home Office Advindo da Covid-19 no Plano Internacional

Presidente de Mesa – Cyntia Santos Ruiz Braga – Advogada, Mestra em Direito do Trabalho pela USP e Membro da Coordenadoria de Direito Individual da OAB/SP

Reflexões Jurídicas sobre o Instituto do Home Office na Espanha e na União Europeia na era Covid-19

Expositora:

Esperanza Macarena Sierra Benitez - Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla

10h00 - As recomendações da OIT sobre o Teletrabalho e Home Office na era Covid-19

Expositor:

Dr.  Antonio Rodrigues de Freitas Jr  – Advogado; Coordenador de Direito Internacional da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP; Livre Docente pela USP e Professor Associado da USP. 

10h20 – Painel:  O Modelo do Home Office Advindo da Covid-19 no Plano Nacional

Presidente de Mesa –  Dra. Isabel Cristina de Medeiros Tormes. Advogada. Vice Presidente da AATSP. Membro da Coordenadoria de Direito Individual do Trabalho da OABSP.

Os resultados da pesquisa Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRAT) durante a pandemia COVID 19

Expositor do tema:

Célio Pereira Oliveira Neto- Diretor jurídico da SOBRAT, Doutor, Mestre e Especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Advogado

10h40 – A Regulamentação do Teletrabalho no Brasil e sua Necessidade de Reforma Legal: Análise dos Projetos de Lei em andamento

Expositor:

Ricardo Calcini -Mestre em Direito pela PUC/SP. Professor de pós-graduação em Direito do Trabalho da FMU.  Professor indicado pela Câmara dos Deputados para presidir grupo de estudos do Projeto de Lei 5581/2020 sobre teletrabalho

11h00 – Painel: Direitos Fundamentais e Precarização

Presidente de Mesa:

Paula Cristina Fernandes - Advogada trabalhista; Diretora da CAASP e Vice Coordenadora de Direito Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP

Os direitos Fundamentais dos Teletrabalhadores e o Princípio Constitucional do Máximo Existencial

Expositor:

Miguel Calmon Dantas - Doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e Doutorando pela Universidade de Coimbra. Adjunto de Ciência Política e Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia. Procurador do Estado da Bahia e Advogado.

11h20 – Home Office e Precarização do Trabalho

Expositor:

Dr. Jorge Pinheiro Castelo - Advogado; Conselheiro Secional e Presidente da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP; Pós-Graduado, Mestre, Doutor e Livre Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

11h40 - O direito Fundamental à Saúde dos Teletrabalhadores e a Epidemia de Transtornos Mentais na era Covid 19

Expositor:

Dra Adriana Calvo - Advogada; Coordenadora de Direito Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP e Doutora em Direito do Trabalho pela PUC/SP.

12h00  –  O Papel das Instituições no Combate à Precarização no Home Office

Presidente de Mesa

Jackson Passos Santos – Doutor em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela UNIMES. Membro da Coordenadoria de Direito Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP.

As recomendações do Ministério Público do Trabalho sobre o Home Office

Expositor:

Guilherme Kirtschig – Doutorando e Mestre pela Universidade de Alicante e UNIVALI. Procurador do Trabalho.



12h20 - Entrevista: O Papel da Justiça do Trabalho na Conciliação dos novos Conflitos Oriundos do Home Office

Entrevistador: Dr. Lucas Oliveira Reis de Souza - Advogado, Professor e Membro da Coordenadora de Direito Individual da OAB SP.

Entrevistada:  Ivani Contini Bramante – Doutora em Direito do Trabalho pela PUC SP. Desembargadora do TRT da 2ª Região.



12h40 - Debate: Como as Empresas Podem Previnir Futuros Riscos Trabalhistas?

Presidente de Mesa:

Dr. Luciano Hercilio Mazzutti – Advogado Trabalhista; Pós-Graduando em Direito do Trabalho pela Universidade Paulista, Secretário Geral da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OABSP, Conselheiro de Prerrogativas OABSP triênio 2019/2021. 

Debatedora:

Anna Lee Carr De Muzio– Doutora e Mestre em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Membro da Membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP. Advogada trabalhista de jurídico interno de empresa de grande porte.

Convidados:

A empresa deve pagar auxílio alimentação e ajuda de custo no homeoffice?

Luciana Pereira de Souza - Mestre em Direito do Trabalho, Advogada trabalhista; Conselheira da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e Membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP.

A empresa deve controlar a jornada de trabalho do empregado em homeoffice?

Alessandra Benedito – Advogada. Coordenadora de Sistemas de Relações de Trabalho e Instituições da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP; Doutora e Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie

A empresa deve aditar os contratos de trabalho e elaborar políticas de teletrabalho? Ou seria recomendável negociar diretamente com o sindicato?

Rosana Pilon Muknicka – Mestranda de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Pós graduação em Tecnologia e Direito Digital pela USP. Advogada. Membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/SP

13h30 - Encerramento

Dra. Luciana Grandini Remolli- Advogada, Vice-Presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Conselheira Secional da OAB SP.

Dra. Paula Cristina Fernandes - Advogada trabalhista; Diretora da CAASP e Vice Coordenadora de Direito Individual da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB SP



Promoção: Comissão de Direito do Trabalho OAB SP

Apoio Institucional:

Dr. Alexandre Luís Mendonça Rollo Presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB SP

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos Presidente da OAB SP

 

GRABACIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL. PINCHA AQUÍ

El derecho del trabajo ante situaciones de crisis entre la emergencia por incendios forestales (RDley 20/2026, de 29 de julio) y la inestabilidad geopolítica (RD-ley 18/2026, de 29 de junio)

  I. INTRODUCCIÓN La actual coyuntura española ofrece un panorama jurídico novedoso para el Derecho del Trabajo, al enfrentar simultáneame...