Blog de la profesora Sierra Benítez. Derecho del Trabajo, trabajo remoto y empresa digital : Revista Internacional y Comparada Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 8, núm. 1, 2020

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El año pasado se cumplió el centenario de la creación de la OIT. En la conocida como Declaración de Filadelfia, integrada como anexo a la Constitución de 1944, se incorporó el principio «El trabajo no es una mercancía» para entender que las personas no deben ser tratadas como una mercancía, sino como seres humanos, con dignidad y respeto. En conmemoración de este centenario – y con la colaboración de la Confederación Mundial del Empleo, la OIT y la Red CIELO Laboral –, ADAPT organizó en la ciudad de Bérgamo el X Congreso Internacional El trabajo no es una mercancía hoy: el valor del trabajo y sus reglas entre innovación y tradición.

En este contexto se publican en este número doce trabajos de autores de habla hispana cuyas temáticas hacen referencia a la consideración como trabajadores de los prestadores de servicios a través de plataformas económicas, a los lugares de trabajo, a la organización del trabajo, y a la seguridad y salud en el trabajo. En estas publicaciones se plantean cuestiones actuales que afectan a los prestadores de servicios y a los empleadores en el sentido amplio del término, así como también la intermediación digital en el mercado de trabajo. El envejecimiento demográfico de la población, el derecho a la formación y la representación de los trabajadores son igualmente temas que se comparten junto con los derechos y principios del Derecho del Trabajo, incluida la reciente regulación del derecho a la desconexión digital y la utilización de la inteligencia artificial por parte del empleador en la prevención de riesgos laborales. Y no menos importantes por no ser materia propiamente jurídico-laboral, también se abordan las condiciones de trabajo del personal domiciliario en la ciudad de Bogotá desde la vertiente técnica y profesional.

En palabras de Juan Somavía, Director General de la OIT (1999-2012) «el trabajo no es una mercancía ni el ciudadano es sólo un consumidor, dimensiones a las cuales a veces se les reduce. Desde el punto de vista económico, existe efectivamente un mercado laboral pero para el ser humano, el trabajo es fuente de dignidad personal, es fuente de estabilidad, es factor de cohesión social. No podemos reducir el trabajo a su dimensión puramente mercantil, es la razón por la cual la OIT dice que el trabajo no es una mercancía sino un bien social»^{^[1]}. Al respecto, las propuestas de los temas que se publican en este número refuerzan ese principio universal de que el trabajo es un bien social. En la actualidad las empresas están adoptando nuevas formas de organización que permiten incluir los mecanismos de acción y de negociación colectiva para la defensa de los intereses de los trabajadores virtuales.

En estos términos, el profesor Cedrola propone con gran acierto que cada Estado lleve a cabo una reflexión sobre su legislación y formas de trabajar, para hacer posible una necesaria adaptación a los cambios resultantes de la denominada gig economy. En España, la profesora Arajuez sugiere una regulación laboral especial transparente y mínima en los nuevos modelos de trabajo de tipo colaborativo, que evite la precariedad, la opacidad y la instrumentalización tecnológica, aun cuando en estos nuevos modelos se perciba una cierta autonomía e independencia en la realización de la prestación de servicios por parte del trabajador. En un momento previo a la entrada en el mercado laboral de los trabajadores de la economía digital, los profesores Fernández García y Guerrero Vizuete analizan la actividad que desarrollan los intermediarios digitales, centrándose en la cuestión del pago de sus servicios por parte de las personas que buscan un empleo, y si se ajusta a lo dispuesto en la normativa nacional e internacional que reglamentan la actividad de intermediación laboral. El resultado de su investigación les conduce a afirmar que es urgente un mayor control de esos intermediarios digitales del poder público, pues la vulneración del principio de gratuidad supone un riesgo elevado debido al gran número de usuarios de las plataformas digitales, especialmente de las redes sociales. En el caso de los trabajadores desempleados, la normativa española prevé expresamente iniciativas de formación, con especial atención a los más vulnerables por edad, capacitación, etc., así como para que la prestación de servicios profesionales no sea considerada como una mera mercancía. En este sentido, el profesor García Muñoz se detiene en el estudio de los desempleados y en la necesidad de dotarles de formación, por tratarse de un instrumento esencial para mejorar y ampliar las competencias profesionales que favorezcan la adaptación a los actuales entornos sociales, económicos y productivos, así como para anticiparse a los futuros.

En realidad, las personas están en el centro del desarrollo sostenible y, tanto en el marco de la Agenda 2030 como en el de la Comisión Mundial de la OIT sobre el futuro del trabajo, la profesora Martín Hernández señala que la inversión en la economía de los cuidados, que podría generar millones de empleos, obedece en gran medida al rápido envejecimiento demográfico. Las innovaciones tecnológicas abren la puerta a nuevas oportunidades y riesgos, que han sido tratados por la profesora Baviera Puig. Los temas de seguridad y salud han sido abordados desde distintas perspectivas, y la de la profesora González Cobaleda plantea como una de las principales cuestiones que hay que resolver la necesidad de esclarecer la calificación jurídica de los trabajadores de las plataformas digitales para la implementación de la legislación preventiva vigente. El futuro de la seguridad y salud en el trabajo y, en concreto, el modelo actual asumido por la OIT y por la UE, es un debate de plena actualidad en cuanto se cuestiona si sigue siendo válido o no para continuar proporcionando a los trabajadores una protección eficaz de su vida e integridad física y psíquica en el nuevo contexto socio-laboral. Igualmente, es un tema actual el recién reconocido derecho a la desconexión digital, que la profesora Vallecillo Gámez estudia en perspectiva comparada en relación con los riesgos asociados al mencionado derecho. Esta profesora afirma que el reconocimiento del derecho a la desconexión es una gran oportunidad para que la función del jurista en la sociedad se reconecte con aquello a lo que nunca debería haber renunciado: su capacidad para crear. No obstante, la doctoranda de la Universidad de Santiago, Torres García, critica la manera en la que se ha hecho el reconocimiento del derecho a la desconexión en el ordenamiento jurídico español, dado que no es la solución definitiva ante un mercado laboral cada vez más desarrollado y digitalizado. Sugiere que en vez de reconocerlo como derecho del trabajador, habría sido mejor reconocerlo como un deber del empresario, por cuanto se rebajaría el nivel de responsabilidad del empleado en la gestión del derecho. En este sentido, la profesora Aguilar del Castillo ha señalado que la capacidad de control que permite el uso de la inteligencia artificial, a través del tratamiento algorítmico de datos obtenidos dentro de los límites legales, facilita determinar el alcance de la obligación de seguridad del empresario como garante de la salud de sus trabajadores, y la conducta del trabajador como elemento exonerante o atenuante de la responsabilidad del empresario. Desde otra perspectiva, los autores González Cardozo y Riaño Casallas plantean la necesidad de abordar la investigación en relación con la actividad física en los lugares de trabajo, así como las estrategias y análisis económicos en salud para que proporcionen información de su rentabilidad a la empresa, con la intención de optimizar los recursos asignados al bienestar y salud de los trabajadores y minimizar así los costos de pérdidas de producción, retrasos en las entregas, etc.

Las condiciones de trabajo del personal domiciliario en la ciudad de Bogotá reclutado a través de las plataformas virtuales, centran la atención de los autores Quiroga López, González Cardozo, Cortés Herrera, González Romero y Lozada de Díaz, para criticar la precariedad de las condiciones de trabajo de ese colectivo y su falta de protección social.

En definitiva, como fruto de la Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo de la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (10-21 de junio de 2019) donde se reafirma que el trabajo no es una mercancía, debemos recordar y reafirmar los fines, objetivos, principios y mandatos establecidos en la Constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia (1944), plenamente vigentes en este siglo XXI, a pesar de las nuevas formas de prestación de servicios en el mercado de trabajo digitalizado.

Además de dar las gracias a todos los que han participado en este número de la Revista, para concluir me gustaría agradecer a su editora, la Dra. Serrani, la importante labor de edición realizada desde los inicios de la misma, que están situando esta Revista en los índices de impacto acordes con su calidad y proyección internacional en el ámbito hispano parlante.